Históricamente, los partidos políticos dominicanos han jugado un rol preponderante en el funcionamiento de las instituciones democráticas, y en términos de estabilidad se han manejado de manera adecuada.

Sin embargo, se han presentado dificultades en el sistema de partidos, que nos llevan a preguntarnos: ¿Hasta cuándo podría prevalecer esa situación sino se introducen las reformas electorales que demanda la sociedad? En la dirección anterior, el ordenamiento jurídico-político se ha basado en organizaciones de masas que luchan abiertamente por el control de los diversos estamentos del Estado.

Desde la apertura democrática que se produjo con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, quien ejerció una férrea dictadura de 30 de años, el incremento de las agrupaciones políticas en el escenario ha sido constante, contrario a como había sucedido anteriormente a partir de la proclamación de la Independencia Nacional, el 27 de febrero de 1844. El origen del actual sistema de partidos hay que ubicarlo en el siglo XX, concretamente, después de la muerte de Trujillo.

Las agrupaciones políticas dominicanas del siglo XIX eran facciones que respondían a una estrecha relación entre conflictos militares y políticos y su participación no conllevaba a la organización de sectores en base a un programa de gobierno, estatutos, cuadros dirigentes o registro de militancia.

En ese contexto es que el siglo XXI encontró a la República Dominicana con 25 partidos reconocidos por la Junta Central Electoral, con nuevas agrupaciones que comenzaron a acompañar en el escenario nacional a los tradicionales Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC). Cabe destacar que en este siglo, solamente el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha adquirido dimensión de relevancia en el escenario electoral nacional.

Sistema por dentro
Estudios han identificado una gran fortaleza de los partidos políticos respecto a la identificación de la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos con algunos de esos, especialmente el PLD, el PRM, PRD y el PRSC. Uno de ellos, de Barómetro de las Américas, patrocinado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), destacó que la República Dominicana ha mantenido un alto nivel en la simpatía partidaria de América Latina. Cita que para el año 2012, registró un 63.4%, superior al resto de las naciones de la región.

Las crisis políticas postelectorales de los años 1990 y 1994, paradójicamente, produjeron una especie de despertar democrático mediante los reclamos sociales en procura del fortalecimiento de los órganos electorales, especialmente de la Junta Central Electoral (JCE).

Durante las elecciones presidenciales, congresuales y municipales de esos años se produjeron denuncias de fraude electoral, al punto que en 1994 se originó una crisis postelectoral que requirió de la intervención de gobiernos y de organismos internacionales, como el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA), para solucionarla. La salida fue la firma del Pacto por la Democracia por parte de fuerzas políticas y sociales del país, que incluyó una reforma a la Constitución.

Mediante la referida reforma constitucional se redujo en dos años el mandato del Presidente de entonces, Joaquín Balaguer; se crearon los Colegios Electorales Cerrados y el Consejo Nacional de la Magistratura, a fin que escogiese a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, función que históricamente había correspondido al Senado. Además, se aprobó la segunda vuelta electoral, en el caso de que una organización o coalición no obtuviera el 50% por ciento más uno en la primera ronda de votación.

Sobran los diagnósticos
A partir del inicio del siglo XXI, el sistema de partidos de la República Dominicana ha sido diagnosticado y se conocen cuáles son sus problemas y qué hacer para que contribuya al fortalecimiento de la democracia y de la gobernanza y represente mejor la ciudadanía.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y universidades como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) han realizado estudios en ese sentido.

Casi todos los estudios sugieren que en el sistema partidario predomina una institucionalidad informal en la vida partidaria, debilidad de las instancias de fiscalización, y sancionadoras; débil movilización ideológica: y persistentes lagunas en la regulación de la vida interna de los partidos a nivel nacional.

Los desafíos actuales
El líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, dijo justo antes de su muerte, que “a todos nos llega el turno”. Y ese turno ha llegado al sistema de partidos en la República Dominicana: tiene que institucionalizarse o correr el riesgo de colapsar.

Las agrupaciones políticas dominicanas tienen que superar sus problemas a través del fortalecimiento de la democracia interna, de manera que sean capaces de renovar periódicamente sus cuadros directivos y organizar con transparencia sus procesos convencionales. Un ejemplo lo constituye el hecho de que la mayoría de las candidaturas de los actuales senadores, diputados, alcaldes y concejales fueron señaladas, descartando votaciones internas como mecanismos democráticos.

De manera sistemática se han visto impactadas por prácticas de clientelismo y transfuguismo, las cuales se han convertido en herramientas promotoras de corrupción.

Otras cuestiones pendientes consisten en la reducción de prácticas clientelistas y populistas, resolver el encarecimiento de la política y la promoción de la profesionalización de la actividad política, entre otras situaciones.

Tareas urgentes
En la actual coyuntura, resulta impostergable que la sociedad dominicana asuma el proceso de reformas que requiere el Régimen Electoral y el sistema de partidos. Es necesaria la aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y la Ley Electoral. Esto contribuirá a evitar el colapso del sistema de partidos y a fortalecer la democracia dominicana, estableciendo mejores relaciones de los dirigentes partidarios con la militancia, mejorando los mecanismos para que las personas puedan acceder de manera democrática a los puestos de dirección de los partidos; mejorando así la relación de los partidos con la sociedad.

Indudablemente que es incomprensible que estas iniciativas lleven más de una década de discusión en el Congreso Nacional sin que se produzca su aprobación.

El marco normativo que resulte deberá establecer, entre otras cuestiones, la inhabilitación para optar por cargos públicos y electivos, a ciudadanos y ciudadanas vinculadas a corrupción o el crimen organizado, especialmente narcotráfico y lavado de activos.

Además, la exigencia a la JCE de fiscalización y penalización de la gestión financiera irregular de los partidos políticos, que incluya hasta pena de prisión, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

Las democracias y las formas de participación en ellas se construyen en su momento y acorde a su contexto. El actual es el propicio para que los partidos, las organizaciones de la sociedad civil y las academias acudan al Congreso y aporten sus ideas, en procura del consenso necesario que permita aprobar la reforma al Régimen Electoral y la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que demanda la sociedad dominicana del siglo XXI.

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