Luis Abinader es el responsable de designar como regulador a un regulado en un evidente conflicto de intereses.

Por Elba García

No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda justificar la designación de un regulado como regulador, como ocurrió con el ahora involucrado en el fraude cometido con los premios de la Lotería Nacional, ya que el presidente Luis Abinader sabia de antemano que designaba en esa posición a un dueño de bancas de loterías, lo cual creaba un conflicto de intereses.

El presidente Luis Abinader cuando decidió escoger para esa posición a un dueño de bancas se supone que sabía a quién designaba y que esa decisión generaba conflictos de intereses, pero todo parece indicar que pesaron más los vínculos de negocios, partidarios y la posible donación económica de ese sector a su campaña electoral que la emisión de un decreto a todas luces cuestionables.

Lo propio ha ocurrido en otros casos, como por ejemplo el  director ejecutivo del Instituto de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Rafael Arias, quien el único mérito que se le conoce es ser empresario del transporte o guagüero, lo cual también implica la repetición de la misma práctica de colocar a un regulado como regulador…

En el caso que nos ocupa, el fraude cometido en la Lotería Nacional, en el que está supuestamente involucrado el señor Luis Maisichell Dicent, quien fue apresado este fin de semana y está a la espera que de que se imponga una medida de coerción, hay que decir que si bien el jefe de Estado no manda a nadie a hacer lo mal hecho, pero esa decisión no podía arrojar otro resultado que lo ocurrido ahora.

Este personaje, dueño de bancas y dirigente del PRM, fue tan audaz que cuando se descubre el fraude procedió a cancelar al personal ciego como una forma de proyectar la idea de que él no tenía nada que ver con el asunto, lo cual indica que se está frente a un delincuente profesional y a toda una asociación de malhechores que operaba desde las altas instancias de la Lotería Nacional.

Este suspendido funcionario ha sido imputado por la locutora, Rosario Cruz, quien admitió que no recibió el bolo de Miguel Mejía y que el propio administrador de la Lotería Nacional le había dicho en el ascensor de la institución que hablara con su asistente sobre un asunto de interés, mientras que el no vidente reveló que todo se había ensayado en una casa de la capital dominicana.

En la operación fraudulenta de la Lotería Nacional hay pérdidas que superan los 150 millones de pesos, pero en la operación engañosa ninguna de las bancas del funcionario y ahora imputado fueron afectadas, siempre de acuerdo a lo dicho por el Ministerio Público, cuyos resultados indican que fue un plan muy bien concebido, cuyos fiscales realizaron el pasado sábado alrededor de 15 allanamientos para apresar a todos los involucrados en el ilícito penal.

Los hechos dejan claro que sin bien cuando una persona es designada en una posición pública el responsable de esa escogencia no lo hace con el propósito de que el funcionario incurre en este tipo de delito, pero si la autoridad competente escoge a alguien para que se auto regule es algo prácticamente provocado.

El presidente Luis Abinader ha sido reincidente en este tipo de decisiones, por decirlo de alguna manera, y se asume que esas designaciones no han sido inocentes y que el presidente sabe muy bien los pasos dados al respecto, cuya salvación para la sociedad ha sido el hecho de que por la presión ciudadana en la República Dominicana se ha escogido un Ministerio Público independiente.

Ahí está la explicación de que la designación de Miriam German como procuradora general de la República no cayera bien dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), ya que la agenda de la gran mayoría de los actuales funcionarios del Gobierno no dista mucho de las actuaciones de los salientes y algunos ahora perseguidos por la comisión de grandes fraudes en contra del patrimonio nacional.

La audacia de este funcionario habla claro de como los partidos políticos que han tenido el control del Estado y aun de aquellos que les sirven de bisagras, no midan las consecuencias de sus actos, lo cual le ha dejado un daño irreparable a la sociedad dominicana.

Este periódico tiene la tesis que si bien es cierto que Luis Abinader proyecta la idea de tener buenas intenciones, lo cierto es que no hay igual actitud de  sus subalternos en la administración pública y por esa razón cada día surge un escándalo, que aunque no es mayor que los que se producen alrededor de los desalojados de los puestos del Estado, no dejan de enviar el mensaje de que el PRM, la Fuerza del Pueblo y el PLD, sin sacar a los demás partidos, tienen la misma visión en lo que se refiere al manejo del patrimonio nacional.

Lo saludable es que el sistema de justicia pueda sobre la base del debido proceso imponer sanciones ejemplarizadoras a los responsables de estos hechos, a fin de que en la República Dominicana se creen importantes precedentes en lo torno a la corrupción.

Este lunes los inculpados serán presentados ante el juez de Atención Permanente para que se les imponga medidas de coerción y la sociedad espera que las mismas sean tan severas como el caso lo amerita, sin desproporcionalidad y atropellos en contra de los supuestos involucrados.

Este medio de comunicación siempre ha dicho que la corrupción es mucho mayor de lo que cualquiera se pueda imaginar, ya que se trata de un verdadero cáncer que cubre todo el tejido social de la República Dominicana y que no se puede negar que ya forma parte de una cultura nacional.