Análisis Noticiosos
El presupuesto no debe festinar el pacto fiscal
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14 años agoon
Por Juan Bolívar Díaz
En la sociedad civil predomina el criterio de que el gobierno debe presentar un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013, sin festinar un pacto fiscal llamado a sustentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.
Aplazadas las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno presentará esta semana al Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de pacto fiscal, mientras el ministro de Economía adelanta que esperan elevar la tarifa de electricidad en 20 por ciento y los impuestos entre 44 y 66 mil millones de pesos.
En la sociedad civil, incluidos el empresariado y economistas, se espera un programa de fuerte de reducción y reorientación del gasto público y un proyecto de presupuesto “conservador” para el 2013 que no obligue a festinar el pacto fiscal que debe fundamentar un nuevo modelo de desarrollo económico y social.
En búsqueda del pacto fiscal
Ante la realidad de que no será fácil ni rápido un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como fue evidente tras la visita de diez días de una misión del organismo, el gobierno parece decidido a retomar la negociación por un pacto fiscal en el marco del Consejo Económico Social (CES) que sería convocado para el próximo jueves 4 de octubre, según informó el Ministro de Economía y Planificación Temístocles Montás.
El presidente Danilo Medina retomará el encuentro que estuvo programado para el 30 de agosto y que fuera aplazado para privilegiar las conversaciones con la misión del FMI que estuvo en el país entre el 10 y el 19 del mes en curso, la cual concluyó prometiendo una segunda fase en noviembre y remitiendo para enero la posibilidad de formalizar un acuerdo.
En el gobierno se tienen expectativas de un rápido acuerdo en el marco del CES para el pacto fiscal previsto en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, para entonces elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el 2013, que ya el presidente Medina dijo que no podrá ser introducido al Congreso “a más tardar el 1 de octubre” (mañana) como dispone el artículo 128 de la Constitución de la República. Se acoge al artículo 235 que reduce a la mayoría simple la posibilidad del Congreso para reformar el proyecto de presupuesto cuando sea sometido después del límite, lo que no implica mayores riesgos dado el control de ambas cámaras legislativas por el partido de gobierno.
A su regreso esta semana del viaje a las Naciones Unidas, el presidente dejó entendido que no someterá el proyecto de presupuesto hasta lograr el pacto fiscal, lo que pondría presión en el CES, pero sectores de este, incluidos reconocidos economistas, entienden que el gobierno puede enviar un proyecto de presupuesto conservador al Congreso Nacional que no tiene que aprobarlo necesariamente antes del 10 de enero, límite constitucional para que rija el del año anterior, por lo que daría tiempo para introducirle enmiendas dentro de ese plazo.
Elevarían la presión fiscal
En escenarios diferentes el ministro de Economía adelantó esta semana dos de los planteamientos básicos que haría el gobierno al CES: la elevación de la tarifa eléctrica en un 20 por ciento, y de la presión fiscal entre 2 y 3 por ciento del PBI, lo que equivaldría a impuestos por una suma oscilatoria entre 44 y 66 mil millones de pesos, similar a un proyecto elaborado en Julio por el Ministerio de Hacienda.
Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía con asistencia de técnicos del Banco Mundial presentado el jueves 27 plantea elevar la tarifa eléctrica en un 20 por ciento para lograr la estabilidad financiera del sector energético y de paso cumplir un requerimiento que estuvo en el pacto con el FMI 2009-12 de aplicar una tarifa técnica y un mecanismo flexible de fijación de precios. Eso aunque entre diciembre del 2010 y febrero del 2011 la tarifa de la electricidad fue aumentada en 19 por ciento.
La noche del mismo jueves, conversando con un grupo de periodistas españoles que visitó el Palacio Nacional, Temístocles Montás dio otro avance del proyecto de pacto fiscal que contempla el gobierno, afirmando que “necesariamente implicará un aumento de la presión fiscal de 2 a 3 puntos, para llevarla de 13 a 15 o 16 por ciento”. Advirtió que es difícil hablar de redistribución e inversión social si no se dispone de mayores ingresos fiscales.
Incluso la estrategia gubernamental contempla condicionar la asignación a la educación del 4 por ciento del PIB a la aprobación de mayores cargas tributarias. Ya el miércoles el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Víctor Sánchez, advirtió que si el gobierno se maneja el próximo año con los mismos ingresos del 2012, no podrá cumplir el compromiso de mayor atención a la educación
instituido en ley de 1997, reclamado por un gran movimiento social y al cual se comprometió Danilo Medina en la campaña electoral.
Arduas negociaciones
El gobierno tiene por delante arduas negociaciones tanto con el FMI como con la sociedad civil representada en el CES. Sobre el organismo internacional el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Arbizu, reveló esta semana que está pidiendo mayores informaciones, mientras los sectores empresariales, sindicales y sociales, representados en el CES esperan a Medina con un fuerte pliego de reclamos contenidos en lo que ya consensuaron como “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”.
De hecho los sectores sindicales y sociales ya han acordado acciones comunes incorporando decenas de organizaciones populares a la defensa de sus intereses y ayer sábado celebraban una asamblea “por un pacto fiscal equitativo y justo”, mientras el sector empresarial insiste en que no avalará otro parche fiscal como los siete de la última década.
Los “Principios Orientadores” que el CES acordó presentar al gobierno proclaman un pacto fundado en una reforma fiscal integral, que implique la totalidad de los ingresos y gastos del Estado, con mejor calidad del gasto y de la inversión social, superando la discrecionalidad y el despilfarro, con equilibrio y sostenibilidad que no dependa del endeudamiento y que estimule la competitividad de los sectores productivos, la inversión, la producción y las exportaciones.
Los dirigentes empresariales, sindicales y sociales han insistido una y otra vez en que no avalarán otro incremento tributario sin un firme y claro compromiso gubernamental por reducir el gasto corriente y la malversación que coloca el país entre los más corruptos del mundo, por lo que se cree que será arduo y extenso el proceso de negociaciones con el gobierno para arribar al prometido pacto fiscal. Será difícil consensuar mayores cargas tributarias al igual que reducir las exenciones fiscales que benefician a los sectores productivos como el turismo y las zonas francas, así como a los industriales nacionales que se quejan de condiciones adversas para competir en el mercado internacional y hasta en el nacional.
Con el presupuesto del 2012
Consultores empresariales y economistas vinculados a la sociedad civil han insistido en que el gobierno tiene que presentar un proyecto de presupuesto conservador para el 2013, similar al formulado originalmente para el año que termina, de 430 mil millones de pesos, sin los 71 mil millones complementarios aprobados en julio dentro del festival del déficit fiscal. Incluso el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, creación de altos empresarios, propuso esta semana que sea reducido a 392 mil millones de pesos.
Las formulaciones parten de la consideración de que el gobierno tiene que producir un fuerte ajuste y de la prioridad a la educación y la producción, como condición para que la sociedad acepte mayores contribuciones fiscales. Estiman que en aras del presupuesto para el próximo año no se puede festinar el objetivo del Pacto Fiscal y que las negociaciones tomarán tiempo. Si hay acuerdo antes de fin de año habría tiempo para someter enmiendas al proyecto de presupuesto, y aún después de aprobado si las negociaciones se extienden hasta el próximo año.
El economista Pavel Isa Contreras, uno de los relatores propuestos por el gobierno para las negociaciones del CES, planteó el miércoles en su artículo semanal de El Caribe que “El trance fiscal por el que atraviesa la economía dominicana es la punta del icebert de una crisis mucho más profunda. No es sólo el fisco lo que está en crisis sino el modelo económico y social, el cual no sólo no ha traído desarrollo humano, sino que ya no genera crecimiento”.
La estrategia gubernamental procurará forzar acuerdos a corto plazo, sosteniendo que es imposible destinar 4 por ciento a la educación preuniversitaria sin nuevas cargas impositivas. Mientras en la sociedad civil, por lo menos en la “Coalición por una Educación Digna” se reivindica que el compromiso es cumplir la ley de educación, independientemente del monto del presupuesto. Y reclaman que para destinar más recursos a la educación fue que se hicieron las dos últimas reformas tributarias.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Análisis Noticiosos
«Una papa caliente» para Luis Abinader.
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2 semanas agoon
marzo 23, 2026Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Análisis Noticiosos
El pantano en que está sumergida la partidocracia.
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3 semanas agoon
marzo 16, 2026Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.
