Santo Domingo, RD.-El proceso de cambio y renovación en el Congreso Nacional de sus presidentes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, sigue su curso a muy pocos días del 16 de agosto, fecha en que se se ratifican o sustituyen a las principales figuras del primer poder del Estado.Nacionales
Sigue el conflicto por la elección del presidente del Senado de la República.
Santo Domingo, RD.-El proceso de cambio y renovación en el Congreso Nacional de sus presidentes en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, sigue su curso a muy pocos días del 16 de agosto, fecha en que se se ratifican o sustituyen a las principales figuras del primer poder del Estado.Aunque el debate central está enfocado en la elección de los presidentes y bufetes directivos de ambas cámaras legislativas, en las vocerías de algunos partidos aparece la renovación y el recambio generacional.
“No hay nadie 100 por ciento asegurado en su cargo”, afirman varios legisladores consultados del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), que tiene a su vez la mayoría y control de ambas cámaras legislativas.
Y es que al cumplirse exactamente dos años en el cargo, no ha habido variación alguna, tanto en la vocería como en las presidencias de ambos órganos legislativos, algo que podría suceder tras la reunión de hoy en el seno del PRM.
Por un lado, está Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, quien a poco de finalizar la última legislatura logró consensuar y aprobar la Ley de Extinción de Dominio, acción que le valió el halago de legisladores de todas las bancadas de ese órgano legislativo y otras personalidades políticas.
Sumado a esto, a la fecha ningún otro legislador de la Cámara Baja ha expresado públicamente su intención de enfrentar a Pacheco en una contienda electoral.
En la vocería del PRM se encuentra el diputado Julito Fulcar, hermano del saliente ministro de Educación, quien ha mantenido una labor discreta dirigiendo a los legisladores oficialistas.
Públicamente, algunos diputados han dicho que buscan ocupar esa posición, como el caso de Eugenio Cedeño, representante de La Romana.
En lo que respecta a la oposición, dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gustavo Sánchez anunció que no optaría por repetir en el cargo de vocero tras más de una década, y la organización decidió colocar en su lugar a Juan Julio Campos.
Un hecho similar sucedió en la Fuerza del Pueblo, donde el expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, fue sustituido por Omar Fernández, hijo del presidente de esa organización política.
Diferencias en el Senado
El punto caliente dentro de los debates por la escogencia de los nuevos presidentes se sitúa en el Senado, ante la oposición de más de la mitad de los senadores oficialistas a la continuidad de Eduardo Estrella.
Estrella, quien representa al Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), es aliado del PRM y ha estado presidiendo el Senado desde inicios del actual tren legislativo.
No obstante, ante la cercanía del 16 de agosto, unos 13 senadores firmaron una carta pidiendo al presidente de la República, Luis Abinader, que considerara elegir a un miembro del partido por encima de Estrella.
Aplazamiento de la decisión
Objetan a Estrella.
Las diferencias con los senadores del PRM ha provocado el aplazamiento de la decisión. Senadores que buscan cambiar al presidente han reiterado que respetarán “la decisión del partido”.
Faride no seguirá.
Ayer se conoció que Faride Raful, senadora del Distrito Nacional, no se presentará otra vez como vocera del PRM.
Voceros PLD.
Mientras el PLD decidió mantener a su vocero Yván Lorenzo, y Fuerza del Pueblo a Dionis Sánchez.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.