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Fiscal adjunto detalla que su historial figura con varias multas de tránsito

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Santo Domingo.- Un menor de edad fue condenado por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia Santo Domingo por su supuesta participación en la muerte de    Frederick Alberto Pérez Ventura, ocurrida en Los Alcarrizos en julio del año del año pasado.

La sanción le fue impuesta a la menor de edad, de quien se omite el nombre por razones legales, por la jueza Berenice Núñez, quien indicó que la misma deberá ser cumplida en el Centro de Atención Integral de la Persona Adolescente en Conflicto con la Ley Penal de Villa Consuelo.

El fiscal Williams Viloria mostró ante el tribunal como la adolescente fue parte integral y activa del plan que ejecutó junto a cuatro hombres, mismo que concluyó con el homicidio de la víctima.

Las acciones por la cual fue condenada la menor de edad, se produjeron el 16 de julio del año 2022, cuando el joven Frederick Alberto Pérez Ventura coordinó una cita a través de una red social con el imputado Argenis Nerlis Morillo de los Santos.

Ambos quedaron de encontrarse en el apartamento 302, edificio 6, manzana H, residencial Pablo Mella Morales.

La instancia precisa que a la 1:30 de la tarde, Pérez Ventura llegó al lugar acordado, donde Morillo de los Santos lo recibió y le brindó un café para que entrara en confianza. Luego, Jeremy de Jesús Rodríguez Evangelista, Cristofer Arredondo y Reinaldo Antonio García salieron de una habitación con armas blancas.

A Frederick Alberto Pérez Ventura lo amordazaron en una habitación y estuvo custodiado por Rodríguez Evangelista, mientras que Morillo de los Santos salió del lugar en compañía de la menor de edad para retirar dinero de las tarjetas bancarias del hoy occiso.

Los hallazgos presentados por el Ministerio Público establecen que el domingo 17 de ese mes cuando los acusados trasladaron al joven del apartamento a un basurero ubicado en La Guáyiga, kilómetro 22 de la Autopista Duarte, lugar donde lo ultimaron de varias puñaladas.

Luego del hecho, los imputados intercambiaron por ropa un celular que era propiedad de la víctima e intentaron vender su vehículo en Maimón, provincia Monseñor Nouel, hecho que no pudieron llevar a cabo porque el automóvil no tenía combustible y se vieron en la obligación de dejarlo abandonado.

La conducta de este grupo ha recibido la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato, actos de tortura, robo y porte de ilegal de armas, que constituyen violaciones a los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302, 303, 379 y 382 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos

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Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.

De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.

“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.

La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.

Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.

El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.

El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.

Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.

Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.

Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.

Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.

Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.

“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.

El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.

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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa

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Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.

Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.

En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.

«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna

y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.

incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.

Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.

El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.

De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.

Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.

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Aplazan otra vez audiencia de Wander Franco y Vanessa Chevalier

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Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.

La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.

Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual lavado de activos.

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