Análisis Noticiosos
El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Medina acoge el clamor de justicia y conjura la desnacionalización masiva, lo que será bien acogido en todo el mundo, aunque con reservas por la limitación de derechos a los descendientes de extranjeros sin registro civil
El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Presidente Danilo Medina convalida la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros residentes irregulares nacidos en el país con actas de nacimiento, y establece una vía para la simple naturalización a otros que nunca obtuvieron el registro civil.
Se trata de un artificio que avade la inequidad de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.
Convalidación y naturalización
Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional” Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.
La propuesta de ley introducida a través de la Cámara de Diputados, procura “establecer a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007 (el que abarca la sentencia del TC) inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para estos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.
Para los primeros, los desnacionalizados por el TC, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalida plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007.
Los de la naturalización
Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de Marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.
El proyecto enviado al Congreso les da un plazo de 90 días para inscribirse en el libro de extranjería y luego y otro de 60 días para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Sólo después de dos años podrán optar por la “aturalización ordinaria” Todo ello sujeto a un reglamento por definirse.
Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder Vincho Castillo habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país,y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.
Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.
Los argumentos de Danilo
Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses. Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.
Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.
En sus primeros considerandos, la propuesta se refiere a los planteamientos de la sentencia, reconociendo su carácter vinculante para los poderes públicos, pero no excluye que los órganos políticos fruto de la voluntad popular “den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional”. Luego señala que los órganos de representación popular tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas sociales en base al interés nacional y guiados por los valores “que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, ls justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Reconoce insostenibilidad
El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor internacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.
En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental. El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.
La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.
Reparos de derechos humanos
Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.
Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el registro civil, como ya lo hizo la Agencia de la ONU para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”. Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.
En el país el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas valoró el proyecto como un esfuerzo del gobierno por encontrar una salida humanitaria y justa al drama de la desnacionalización y lo acepta como una transacción de consenso, pero ratifica su convicción de que todos los nacidos en el territorio nacional antes de la Constitución del 2010 tienen derecho a la nacionalidad, incluyendo los no declarados. Citan la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nuestra última instancia en materia de derechos humanos, en el caso de las niñas Yean y Bosico. Por igual, Participación Ciudadana consideró positiva la propuesta de ley y abogó por un mecanismo “sencillo, accesible y razonable” para la naturalización de los indocumentados nacidos en el pais.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto. Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Madrid.-Cuando Blanca Frías conoció a un hombre en una aplicación de citas en 2014 no se imaginaba que aquel encuentro acabaría en una relación marcada por la manipulación emocional. Él le dedicaba palabras bonitas y afecto, mientras se ganaba su confianza con un objetivo claro: conseguir su dinero y desaparecer. Ella tardó cuatro años en ponerle nombre a lo que le había pasado porque entonces nadie hablaba de “estafas del amor”. Consciente de la existencia de otras víctimas, en 2023 utilizó su experiencia para crear la Asociación Nacional Contra la Estafa con Manipulación Emocional (ANCEME). Desde ahí acompaña a 300 mujeres y hombres que lidian con el silencio por “la vergüenza” y el “juicio social” que rodea a este tipo de engaños.
Las aplicaciones de citas, redes sociales y grupos de inversión en plataformas de mensajería se han convertido en terreno fértil para los timadores financieros. Desde la pandemia “ha aumentado mucho” su uso, explican fuentes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El supervisor emitió recientemente una advertencia sobre estas estafas tras detectar más consultas de ciudadanos preocupados. “Es un fenómeno del que también nos han informado supervisores de otros países”.
Las cifras aportan una medida de la dimensión del problema. El año pasado se incoaron 22.614 procedimientos por estafas online, lo que supone un 83,43% del total de causas por cualquier clase de ciberdelito, según datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado. El informe llama la atención sobre los fraudes de inversión en monedas virtuales dada su proliferación y “la complejidad que puede entrañar el seguimiento de las operaciones y la identificación de sus autores”. Para dificultar el rastreo, suelen invitar a las víctimas a trasladar las conversaciones de redes sociales a aplicaciones de mensajería encriptada.
La CNMV traza un patrón: “Buscan personas solas”, ya sean hombres o mujeres, “sin muchas relaciones sociales y que pasen tiempo conectadas”, aunque “cualquiera puede ser el objetivo” ya que no existe un perfil único. “Este tipo de estafas no atacan a la inteligencia”, sino a la vulnerabilidad emocional, recalca Frías, cuya formación como economista no la inmunizó frente a su timador. “Hablamos de personas con la mente secuestrada”. En ocasiones han pasado por una separación, un suceso traumático tras enviudar o se enfrentan a la soledad no deseada. Por eso, es necesario que dejen de ser “señaladas y revictimizadas”.
A la hora de actuar, los timadores también se valen de los sesgos cognitivos. Son “atajos mentales que usamos para simplificar decisiones complejas”, como “dar más peso a historias de gente que se hizo rica que a la estadística real, seguir lo que hacen otros sin evaluar riesgos o creer que yo controlo más de lo que realmente sé”, explica Francisco Rodríguez, director de Estudios Financieros de Funcas. El centro de análisis publicó este año una estadística que muestra “el papel crucial” de la educación financiera en la decisión de invertir en monedas digitales. Las personas con alta confianza en sus habilidades, pero con conocimientos reales limitados, tienen un 75,3% más de probabilidad de hacerlo, pudiendo asumir riesgos que no comprenden.
Para hacer frente a este problema, la educación financiera es clave, considera Blanca Narváez, directora general de Fundación Mutualidad. Según varios informes del Observatorio del Ahorro del que forma parte, los hogares españoles presentan un “déficit importante de conocimientos financieros”, tanto en lo que se refiere a conceptos básicos como la inflación o los tipos de interés, como sobre los productos de inversión. Por eso, llama los poderes públicos a “impulsar estos contenidos desde edades tempranas”.
La desregulación en el mundo de los criptoactivos, unida a la falta de alfabetización financiera y de herramientas de los supervisores para actuar sirvieron de catalizador para un cambio regulatorio que entró en vigor hace ahora justo un año: el reglamento MiCA. La Fiscalía señala que ya “está contribuyendo a mejorar las posibilidades de investigación” de los fraudes de inversión. La norma obliga a cualquier empresa o plataforma que preste servicios relacionados con criptoactivos en la Unión Europea a tener “una autorización previa de la CNMV”. También “impone el deber de identificación de los clientes, el registro de las operaciones y el establecimiento de mecanismos de supervisión”, explica la abogada Cristina Sánchez, asociada de Regulación Financiera de Garrigues.
Por eso, antes de invertir en una plataforma recomendada por cualquiera, es importante “verificar” si la misma está autorizada por la CNMV, aconseja el abogado Enrique Nieto, socio de Mercado de Valores de Uría Menéndez. Y ello porque MiCA “no prevé mecanismos específicos de recuperación del dinero en caso de estafa en plataformas no autorizadas”. La víctima deberá acudir a la vía judicial, donde no es fácil obtener reparación a la comisión del delito. En este escenario en el que la manipulación emocional y el fraude financiero convergen, la mejor defensa es una ciudadanía informada y consciente de los riesgos.
Criminales organizados o solos
La Guardia Civil ha destapado el funcionamiento de organizaciones criminales por golpes como la operación Fake James, llevada a cabo este año. Las redes que actúan en España pueden hacerlo también en otros países de Europa o África. La estructura se reparte tareas: unos captan a las víctimas, otros devuelven el dinero estafado al circuito legal. No hay datos oficiales sobre el dinero que se mueve, aunque la operación mencionada es ilustrativa: 21 detenidos por la estafa de 1,5 millones a 70 personas. Individualmente, los agentes detuvieron en abril a una persona en León por un fraude de 350.000 euros.
elpais.com
Análisis Noticiosos
Años de investigación de una reserva para salvar al loro carirrojo de la extinción
Tras varios años sin avistamientos, se volvió a registrar la presencia de esta especie en peligro de extinción en la recién creada reserva Ridgely, al sur del país andino
La primera expedición fue en 2022. Visitaron casa por casa en un pueblo de la provincia austral de Loja, al sur del Ecuador. Los científicos cargaban un par de fotografías en busca de un loro con brillantes manchas rojas alrededor del pico. “Preguntamos a los habitantes si lo habían visto”, cuenta Patricio Mena, coordinador de especies de la Fundación Jocotoco. Por aquella época había registros de poco más de 20 ejemplares en la zona. “Muchos respondieron que no, sobre todo los más jóvenes”. Pero, mientras avanzaban por el camino, los habitantes mayores de Selva Alegre confirmaron haber visto y hasta escuchado al ave. “Una persona nos dijo: ‘Sí, ese periquito suele estar ahí”, mientras señalaba un parche de árboles. Aquella pista encendió la esperanza de proteger al loro carirrojo (Hapalopsittaca pyrrhops), tanto así que, tres años después, en marzo de este año, crearon la reserva Ridgely, en el mismo Loja, para cuidar a esta especie, cuya población no supera los 2.400 individuos en el mundo.
Tras aquella primera expedición de 2022, emprendieron nuevos recorridos por las montañas y cordilleras cercanas en busca de más ejemplares. Ornitólogos, observadores de aves y personas de la zona trabajaron para confirmar que Selva Alegre era el lugar indicado para cuidar al loro. Es una especie neotropical muy rara, que habita únicamente en los bosques montanos nublados del sur de Ecuador y el norte de Perú. En los últimos años, su población ha disminuido de manera preocupante. Ha sido catalogado como una especie en peligro de extinción por la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que es muy sensible a las alteraciones en su hábitat. Estudios recientes advierten que su población está experimentando declives rápidos, en gran parte por la pérdida de su entorno.
Recuperar su hábitat
La reserva Ridgely es hoy prácticamente una isla de árboles nativos a más de 2.500 metros de altura. A su alrededor, predominan extensas hectáreas de pino —una especie introducida hace más de un siglo en Ecuador, y que ha desplazado a los árboles y plantas originarias. A esto, se suman actividades ganaderas y agrícolas, que han reducido aún más el hogar del loro, explica David Parra, director de conservación de la Fundación Jocotoco, convirtiendo a la reserva en un sitio clave para la vida de las aves.
José Espinoza es el centinela del loro. Una mochila, unos binoculares y un teléfono son sus herramientas para contabilizarlos y proteger su hábitat. Espinoza fue uno de los primeros en lograr fotografiar al loro carirrojo, pocos meses después de la creación de la reserva. Todos los días patrullaba y abría camino en medio de la maleza. “Trataba de buscarlos y no los encontraba. Ya habían pasado más de dos meses”, dice este joven de 26 años mientras camina por los alrededores de la reserva.
En uno de sus patrullajes, en abril de este año, mientras recorría los senderos, llevaba un parlante que reproducía el canto del loro. “Cuando dejó de sonar, respondieron con el mismo sonido”, relata. Apenas los escuchó, alzó la mirada hacia las copas de los árboles y encontró un grupo de diez ejemplares entre las ramas. “Se quedaron varios minutos perchados, logré tomarles fotos. Estaba muy feliz porque rara vez se los logra ver”, cuenta ilusionado.
El siguiente paso es identificar si anidan o se desplazan en busca de comida en esta zona, explica Leovigildo Cabrera, administrador de las reservas del programa Chocó– Tumbes, una zona que combina las selvas tropicales del Chocó con los bosques secos de Tumbes, entre Ecuador y Perú, y de la que forma parte la reserva Ridgely. “Hay que entender cómo es su comportamiento, sus movimientos” y “para eso son necesarios los recorridos de monitoreo”, agrega. Hay que realizar largas horas de caminatas desde el amanecer, a las seis de la mañana, hasta entrada la tarde. Una tarea que exige paciencia, dedicación y constancia.
Pero el loro carirrojo no es único habitante de estos bosques. A más de 3.600 metros de altura, donde los pajonales y la vegetación de páramo domina el paisaje, vive el colibrí garganta azul (Lampornis clemenciae), en la reserva Cerro de Arcos que, junto con Ridgely, forman un corredor ecológico. “Las especies que habitan esta larga y delgada cordillera son muy móviles”, menciona Parra. Y, añade, estos ecosistemas “se comportan como islas porque guardan a especies únicas”.
Los vigilantes del colibrí son Ángel Macas y Norberto Ordóñez, dedicados a monitorear los nidos de esta especie única. En la aplicación de su celular llevan un registro exacto de cuántos colibríes habitan en la reserva. “Incluso identificamos los nidos con código y placas para diferenciarlos”, comenta Macas. Los recorridos los realizan en solitario por lo sensibles que pueden ser las aves. Pero su trabajo no se termina ahí, también participan en la reforestación con plantas nativas, como la chuquiragua, una especie de arbusto andino, que es el principal alimento del colibrí de garganta azul.
La meta de la nueva reserva Ridgely es aumentar su extensión. “Actualmente, tiene alrededor de 200 hectáreas y en el futuro se espera duplicar el área para crear un hábitat más grande que permita incrementar la población del loro carrirojo”, cuenta Mena. Proteger al loro crea un efecto paraguas: “Al conservar estos bosques, donde habita el loro, protegemos a muchas otras especies. La reserva empieza desde los 2.800 hasta los 3.500 metros, llegando casi el páramo. Al cuidar este ecosistema, preservamos fuentes hídricas y garantizamos la supervivencia de osos y aves, como el tucán andino, las pavas de monte, los colibríes o las ranas”, zanja el investigador.
La historia detrás del loro carirrojo y del colibrí garganta azul en Selva Alegre es también la de las personas que dedican su vida a protegerlos en medio de una región del Ecuador que está cada vez más amenazada por el impacto del cambio climático, además de la nueva presión que ha puesto en jaque a las áreas protegidas del país andino: la minería ilegal. La creación y expansión de la reserva Ridgely no solo busca salvar a una especie, sino preservar un bosque entero, sus ríos, su páramo y la increíble diversidad que habita en este ecosistema único.
ELPAIS.COM
En México, la alerta de las inundaciones recientes llegó “cuando la ola ya estaba encima”, según dijo un testigo. En Haití, el huracán ‘Melissa’ no llegó, pero fue el país del Caribe donde más muertes dejó el potente ciclón. Los desastres se vuelven catástrofes por sistemas que se omiten y presupuestos que se desvían
Podemos hablar del paso de los huracanes y tormentas como si fueran una serie de números y nombres que desfilan: Erin, Gabrielle, Humberto, Imelda, Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa. El último de esta temporada 2025 en el Atlántico, Melissa, dejó al 77% de Jamaica sin electricidad, al menos 28 muertos, más de 25.000 personas en refugios de emergencia; a Haití con 40 fallecidos, decenas de desaparecidos y más de 160 viviendas inundadas; a Cuba con 735.000 personas evacuadas.
Y pensamos en esas personas —las afortunadas— que siguen con vida, pero que perdieron sus hogares y que no tienen dinero para reconstruirlas; que con el tiempo terminarán por reconstruir(se) hasta que el paso de un futuro huracán les vuelva a atravesar por la mitad.
Empezamos, entonces, a asimilar mejor el concepto de “injusticia climática” cuando desciframos estas cifras en el periódico y vemos los encabezados que compiten en grandilocuencia: “el más devastador”, “el más fuerte”, “el más destructivo”. Atravesados como rayo por la palabra cambio climático.
Es más difícil pensar en conceptos y cifras cuando estos se viven en carne propia. Es, también, más difícil tomar distancia de estas tragedias para preguntarse qué convirtió estos desastres en catástrofes humanitarias, crisis de salud pública y económicas. ¿Qué tuvo que acontecer para que esto sucediera?
Quisiera hablar de desastres en un sentido más amplio. En México, hace tan solo unas semanas, lluvias torrenciales en cinco estados provocaron la muerte de al menos 70 personas y otras 70 más siguen desaparecidas. Se estima, también, que hay más de 100.000 viviendas afectadas. Cuando nos preguntamos qué pasó, los sobrevivientes hablan: “La alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
Y entonces, empezamos a entender el tipo de cosas que tienen que acontecer para que lo inevitable suceda.
En su momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo que no se escatimaría en recursos para atender a víctimas y que este año se aprobaron 19.000 millones de pesos mexicanos (unos 1.200 millones de dólares) para la atención de desastres.
Pero la atención no es lo mismo que la prevención. Como no es lo mismo salvar vidas que resarcir daños y enterrar muertos.
Cuando vemos los masivos recortes presupuestales a los sistemas de alerta temprana en México, en beneficio al tren Maya, a PEMEX, entre otros, entendemos por qué, el sistema mexicano de protección civil, que fue único e innovador a nivel global en su momento, sea tan insuficiente hoy en día. Se explica mejor el desmoronamiento de la comunicación de riesgos, la ausencia de convenios de colaboración con las telefonías para que alerten a las poblaciones vulnerables y los fondos de Prevención de Desastres desarticulados.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En junio de este año, la ONU lanzó las alertas en Haití: el 96% de la población estaba en riesgos por desastres y, sin embargo, no existía el financiamiento necesario para activar sistemas de prevención ni material de emergencia post-desastre. Hacía tan solo unos meses, la ONU había decretado que el gobierno no tenía la capacidad de proteger a su población en su entrada a la época más difícil del año, la presente y temible temporada de huracanes. La ONU pedía 908 millones de dólares para apoyar a Haití, a mediados de junio tan solo había logrado reunir el 8%.
Este es el tipo de cosas que hacen que lo inevitable suceda.
En México, como en muchos otros países, la memoria sobre lugares a riesgo se fue gradualmente borrando y la legislación se hizo esquiva: los territorios inundables se volvieron habitables y se convenció a las poblaciones vulnerables de que eran seguros. Se omitieron, también, las estrategias de prevención y adaptación.
Y el problema, después, fue que “la alerta llegó cuando la ola ya estaba encima”.
En Haití, el huracán Melissa no llegó. Pero en las últimas décadas, el país fue paulatinamente acabando con sus bosques y zonas húmedas que permitían las infiltraciones al subsuelo, limitando las inundaciones; transformó sus árboles en energía para electricidad y debilitó los territorios que eran barrera a los deslizamientos de terreno. El huracán Melissa no llegó, pero Haití, que tenía ya a 230.000 haitianos en refugios improvisados, sufrió las consecuencias más mortíferas de la región tras su paso.
Las dinámicas territoriales de las últimas décadas y la degradación de los ecosistemas son ese tipo de cosas que tienen que suceder para que lo inevitable acontezca.
Y así, los desastres se vuelven catástrofes por procesos que se construyen, sistemas que se omiten, presupuestos que se desvían, personas cuyas vidas se juzgan poco importantes. Los escenarios son conocidos, las tragedias son previsibles, pero por falta de capacidad, se vuelven imposibles de evitar.
Estos desastres y tragedias ocurren a tan solo una semana de que se lleve a cabo la COP30, el evento climático más importante a nivel global, en donde se decidirá, entre otros temas, las inversiones que tienen que ser destinadas a la adaptación, la ayuda que recibirán los países más vulnerables a los riesgos climáticos y el rol de esos estados insulares que, a pesar de no ser responsables del cambio climático, terminan siendo los más afectados.
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