Análisis Noticiosos
El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Medina acoge el clamor de justicia y conjura la desnacionalización masiva, lo que será bien acogido en todo el mundo, aunque con reservas por la limitación de derechos a los descendientes de extranjeros sin registro civil
El proyecto de ley sometido al Congreso Nacional por el Presidente Danilo Medina convalida la nacionalidad a decenas de miles de descendientes de extranjeros residentes irregulares nacidos en el país con actas de nacimiento, y establece una vía para la simple naturalización a otros que nunca obtuvieron el registro civil.
Se trata de un artificio que avade la inequidad de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.
Convalidación y naturalización
Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional” Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.
La propuesta de ley introducida a través de la Cámara de Diputados, procura “establecer a) un régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional durante el período comprendido entre el 16 de junio de 1929 y el 18 de abril del 2007 (el que abarca la sentencia del TC) inscritos en los libros del Registro Civil dominicano en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes para estos fines al momento de la inscripción; y b) el registro de hijos de padres extranjeros en situación irregular nacidos en la República Dominicana y que no figuran inscritos en el Registro Civil”.
Para los primeros, los desnacionalizados por el TC, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalida plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007.
Los de la naturalización
Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de Marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.
El proyecto enviado al Congreso les da un plazo de 90 días para inscribirse en el libro de extranjería y luego y otro de 60 días para acogerse al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Sólo después de dos años podrán optar por la “aturalización ordinaria” Todo ello sujeto a un reglamento por definirse.
Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder Vincho Castillo habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país,y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.
Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.
Los argumentos de Danilo
Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses. Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.
Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.
En sus primeros considerandos, la propuesta se refiere a los planteamientos de la sentencia, reconociendo su carácter vinculante para los poderes públicos, pero no excluye que los órganos políticos fruto de la voluntad popular “den respuestas a situaciones nuevas que se crean a partir de decisiones que dicta el Tribunal Constitucional”. Luego señala que los órganos de representación popular tienen la obligación de buscar soluciones a los problemas sociales en base al interés nacional y guiados por los valores “que están plasmados en el Preámbulo de la Constitución, como son la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, ls justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Reconoce insostenibilidad
El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor internacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.
En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental. El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.
La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.
Reparos de derechos humanos
Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.
Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el registro civil, como ya lo hizo la Agencia de la ONU para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”. Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.
En el país el Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas valoró el proyecto como un esfuerzo del gobierno por encontrar una salida humanitaria y justa al drama de la desnacionalización y lo acepta como una transacción de consenso, pero ratifica su convicción de que todos los nacidos en el territorio nacional antes de la Constitución del 2010 tienen derecho a la nacionalidad, incluyendo los no declarados. Citan la sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “nuestra última instancia en materia de derechos humanos, en el caso de las niñas Yean y Bosico. Por igual, Participación Ciudadana consideró positiva la propuesta de ley y abogó por un mecanismo “sencillo, accesible y razonable” para la naturalización de los indocumentados nacidos en el pais.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto. Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY
Análisis Noticiosos
El Caribe lleva la delantera en legislación contra el plástico en América Latina.
Legislar contra el plástico en América Latina: el Caribe lleva la delantera y Centroamérica se queda atrás
Bogotá.-El plástico es uno de los materiales más ubicuos de nuestra sociedad. Está en los celulares, en la ropa y en los empaques en los que llegan los domicilios. Es tanta su ubicuidad que, en forma de microplásticos, también se ha identificado en el hígado, el intestino y el cerebro humano, y en la fosa de las Marianas, a 6.800 metros de profundidad en el océano Pacífico. La relación con el plástico encaja perfectamente en lo que es una “relación tóxica”: contamina ecosistemas terrestres y marinos, afecta la salud humana y, pese a esto, en 2023, según la Organización de las Naciones Unidas, su producción mundial alcanzó los 436 millones de toneladas métricas.
A pesar de la evidencia, no hemos podido terminar esa relación. En 2025, casi cuatro años después de que los países acordasen crear un tratado global contra la contaminación por plástico, las negociaciones entraron en un paréntesis: se suspendieron en agosto y Luis Vayas-Valdivieso, el ecuatoriano que las presidía, renunció. El 7 de febrero de 2026, tras una votación en Ginebra (Suiza), el cargo volvió a quedar en manos de un latinoamericano: en las del chileno Julio Cordano, director de la División de Medio Ambiente de la Cancillería y de quien, se espera, le pueda dar un nuevo aire a las negociaciones. “Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, señaló en un comunicado Cornado tras ser elegido.
“La lucha contra los plásticos ha sido una con un sello latinoamericano desde el origen”, comenta Alberto Quesada, experto internacional en contaminación marina y gestión de residuos plásticos, y que ha participado como observador de las negociaciones desde su inicio. “Perú, de la mano de Ruanda, fue la que presentó la resolución para el tratado”. De forma más lenta de lo que requiere la emergencia —una que se empezó a anunciar desde los años 60—, los países de América Latina y el Caribe también han creado leyes para regular el plástico, una necesaria carrera en la que las islas del gran Caribe van liderando.
Caribe a la vanguardia, Centroamérica atrás
La avalancha de plásticos no es ajena a América Latina y el Caribe. En los años 80, el consumo promedio anual por habitante era de 7 kilogramos, pero actualmente alcanzó los 35. Aunque es una cifra por debajo del promedio global (50 kilogramos), las proyecciones indican que, si no cambian las tendencias, en dos décadas será de entre 60 y 80 kilogramos. Los cálculos son de la Alianza Global de Alternativas a la Incineración (GAIA) y Break Free From Plastics (BFFP), organizaciones que también hicieron el ejercicio de rastrear si los países de la región tienen alguna ley o marco que los regule.
De 34 países –y para mediados de 2025–, 23 tenían alguna legislación nacional específica, tres contaban con normas departamentales o estatales, y solo siete (el 20%) estaban en blanco. Pero si se tiene en cuenta el reciente decreto federal de Brasil que, entre otras cosas, exige un contenido mínimo de material reciclado en envases de plástico, empezando porque sea del 22% desde 2026 y aumente gradualmente a 2040, el número de países con legislación actual es de 24. Mientras en el Caribe todos los países han aprobado alguna normal nacional, en Centroamérica y México solo lo han hecho el 38% y, en Sudamérica, un 50%.
Legislación contra los plásticos en América Latina y el Caribe
En el Caribe, por estar conformado de islas, donde el mar es cercano, el exceso de plásticos evidente, y el cambio climático golpea fuerte (el petróleo es la principal materia prima para la fabricación de la mayoría de plásticos), los países han sabido actuar más pronto. Como recuerda Quesada, en 2007 se convirtieron en uno de los primeros lugares en crear un plan regional sobre basura marina. Pocos años después, en 2012, Haití fue pionero en el subcontinente al prohibir ciertos productos plásticos de un solo uso, aunque, como señala el reporte, “la puesta en práctica de la legislación enfrenta desafíos significativos”. Con diversas leyes, además, Antigua y Barbuda dio la parada para hacer las normas más estrictas. Desde 2018 prohibió los recipientes de poliestireno expandido (conocido como icopor, unicel, telgopor y plumavit), así como los plásticos de un solo uso. Algo que no han logrado muchos.
En América Latina y el Caribe, los productos que más se han prohibido son las bolsas plásticas (88%), las pajillas, popotes o pitillos (63%), el poliestireno expandido (51%) y los contenedores de alimentos (43%).
Prohibición específica de productos plásticos en América Latina y el Caribe
Adméas, a través de metodologías que se han realizado para otros artículos científicos, el trabajo de Rodríguez apunta que, en la región, la producción primaria de resinas plásticas se concentra casi en su totalidad en cinco países asociados a la existencia de la industria petrolera: Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Hacerle trazabilidad a la botella de plástico que llega a nuestras manos no es fácil: tiene varias materias primas y no hay transparencia desde los sectores en decir desde dónde vienen los insumos. Esa falta de información pública se suma a la lista de por qué no hemos sido capaces de cortar la relación con los plásticos.
elpais.com
Análisis Noticiosos
La jurisdicción contenciosa administrativa, una caricatura del sistema de justicia.
Por José Cabral.
En una sociedad como la dominicana, donde los antivalores aparecen en todos los escenarios, fruto de una herencia histórico- cultural fundamentada en el caudillismo, el machismo, el patriarcado, el amiguismo, entre otras distorsiones, es lo que explica que el país haya caído en dictaduras férreas como las de Pedro Santana, Ulises Heureaux (Lilí y la de Rafael Leónidas Trujillo Molina.
Esta vocación dictatorial todavía perdura en muchos dominicanos, ya que, aunque se salió de esos gobiernos violadores de derechos humanos fundamentales, pero aún perdura la tendencia en el país, máxime cuando una persona adquiere cierta autooridad a través de la administración pública, la inclinación por las arbitrariedades que provienen del poder.
Entonces, a partir de esa premisa se puede decir que la jurisdicción contenciosa administrativa juega un papel de primer orden en el sistema de justicia nacional, porque tiene la sagrada misión de juzgar a la administración frente a los abusos que se cometen en contra del administrado.
Los avances en esta rama del derecho que se observan en los textos de las leyes 13-07 y 107-13, las cuales son una continuación de lo que consignan los artículos 164 y 167 de la Constitución de la Republica, no parecen que jueguen su papel en el marco del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país desde el año 2010.
La jurisdicción contenciosa administrativa parece que se ha quedado estacionaria en lo que disponía la Ley 1494 de que a través de ella la administración se juzgaba a sí misma, mediante la llamada justicia tenida, ya que sus sentencias son una especie de bochorno y evitan que el ciudadano pueda recurrir en contra de la conducta abusiva del funcionario público.
Las sentencias de los jueces de la jurisdicción contenciosa administrativa son la principal frustración y negación del proceso de constitucionalización del derecho, cuyas ponderaciones dejan mucho que desear y son decepcionantes para que el administrado logre sobreponerse a los atropellos de la administración que ya no encajan en el contexto del neo-constitucionalismo.
Naturalmente, hay que decir que el fenómeno no es exclusivo de la jurisdicción contenciosa administrativa, sino de todo el sistema de justicia, en el que se observa que se producen graves violaciones a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa, así como de principios como el de celeridad procesal, el plazo razonable que devienen en justicia tardía, que no es otra cosa que denegación de justicia.
Todo este cuadro dice claramente que en el país todavía no se ha superado la denominada constitución de fachada, es decir, que la misma es muy bonita en el papel, pero que la práctica es una negación de ella, lo cual deja muy mal parada a la democracia nacional.
Sin embargo, hay que ratificar que lo que se observa en la jurisdicción contenciosa administrativa llena de vergüenza a los que de alguna manera abogan por una mejor administración de justicia, cuyas principales decisiones casi siempre terminan en nulidad mediante los recursos de revisión en esta materia elevados ante el Tribunal Constitucional (TC)
Lo interesante de las debilidades que se observan en todo el sistema de justicia es que en los discursos de los que lo representan, como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el país camina tan bien en esta materia que habría que compararlo con las naciones donde el estado de derecho tiene un real y contundente empoderamiento.
¿Percepción o realidad?
Por José Cabral
En la República Dominicana se estila hablar de que en el país se ha avanzado en lo referente al Estado Social Democrático de Derecho, lo cual sólo existe en la cabeza de los que se la pasan proyectando una percepción que nada tiene que ver con la realidad.
Puede decirse que el proceso de constitucionalización del derecho se produce en el papel, pero no en la realidad, lo que crea una serie de incertidumbres en la sociedad.
La jurisdicción contenciosa administrativa es una que no hay forma de que tenga un desempeño en función de una buena administración de justicia, porque si el funcionario público incurre en graves violaciones de los derechos fundamentales, peor pasa con los jueces de la misma, quienes no hay forma de que demuestren que se manejan en función del impacto de los valores y principios constitucionales en sus decisiones, lo cual es definitivamente una negación de los supuestos avances en esta materia.
Las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa son una especie de caja de resonancia de los pedidos en sus conclusiones de la Procuraduría General Administrativa, cuyos contrasentidos jurídicos son el pan de cada día en las audiencias de sus diferentes salas, lo que impacta negativamente al ciudadano.
Por el momento quiero reproducir una carta enviada al presidente del Tribunal Superior Administrativa ante una decisión tomada en virtud de la solicitud de una medida cautelar frente a los abusos que comete la empresa Distribuidora del Norte (EDENORTE) en contra de los usuarios.
Sin embargo, la falta de razonabilidad y racionalidad de los jueces del Tribunal Superior Administrativo (TSA), principalmente de su presidente, causa más indignación que los atropellos que comete el órgano del Estado que maneja la referida empresa.
A continuación reproduzco la carta enviada al presidente del TSA a propósito de su sentencia mediante la cual niega una medida cautelar, cuyo razonamiento, aparte de ridículo, revela hasta donde en el país se cuenta con una Constitución de fachada, cuyo respeto a los derechos fundamentales sólo existe en el texto, pero no en la realidad.
Señor
Magistrado Diomedes Y. Villalona G.
Presidente del Tribunal Superior Administrativo
Magistrado Villalona:
La presente es para dejar sentada mi indignación por la reiteración de decisiones que dejan muy mal parada a la jurisdicción contenciosa administrativa en la República Dominicana, cuyo desempeño deja mucho que desear, a pesar de que se enarbola que su base de sustentación es el nuevo constitucionalismo que se rige por valores y principios.
El mejor ejemplo de que la jurisdicción contenciosa administrativa se maneja con un nivel de razonabilidad y de racionalidad que no supera lo que ocurre en los juzgados de paz o tribunales inferiores, donde las decisiones son generalmente muy superficiales y carentes de una aceptable ponderación, es la sentencia emitida y que genera la presente comunicación.
La última joya del presidente del Tribunal Superior Administrativo ante los abusos cometidos por la Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), la cual ha incurrido en una serie de atropellos que revelan que los derechos de los consumidores y de los administrados están en manos de juzgadores que sólo sirven como caja de resonancia de los funcionarios públicos que actúan al margen de la Ley 13-07 y de la 107-13, así como de la 1494, ya que su misión no parece ser otra que imponer una carga procesal y económica que se agrava cuando finalmente se emite un fallo carente de toda lógica jurídica en detrimento del impetrante y en favor del impetrado..
En este sentido, he querido dejar sentado mi rechazo al comportamiento y el daño que genera esta jurisdicción contenciosa administrativa en detrimento de un buen derecho, de una buena administración de justicia, que deteriora la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana, dado que en el fallo se establece qué tan grande es su falta de razonabilidad al negar una medida cautelar en virtud de un corte del servicio de electricidad que lleva varios meses bajo el argumento de que no se aportaron pruebas de que el recurrente no tiene el referido servicio, pese a que la propia ley ofrece la respuesta al respecto.
Cómo se puede entender semejante decisión, ya que es un contrasentido que el recurrente diga que se le cortó arbitrariamente el servicio de energía eléctrica y que mediante la medida cautelar solicite la reconexión del mismo, pero que, en un choque con cualquier razonamiento lógico, máxime cuando la parte recurrida no ha invocado lo contrario de lo alegado por el cliente, el tribunal niegue el pedido sustentándose en que no se aportaron las pruebas al respecto, sobre todo cuando el órgano se niega a entregar documentos que comprometan su irresponsabilidad e ilegalidad.
La realidad es que ese desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa es una vergüenza ante el proclamado empoderamiento del neoconstitucionalismo, que se basa en la aplicación de valores y principios que van de las manos con los derechos humanos fundamentales.
La decisión tomada en torno a la medida cautelar es una especie de anuncio anticipado de que el recurso que tiene que ver con el fondo también será fallado en contra, en razón de que, como digo más arriba, la decisión tomada deja muy claro que las acciones de cualquier administrado es un esfuerzo perdido por los criterios con que se maneja la jurisdicción contenciosa administrativa en el país, convirtiéndose en una vergüenza para el derecho comparado, interamericano e internacional.
El mejor consejo para cualquier administrado abusado por la administración es desistir de buscar justicia en la jurisdicción contenciosa administrativa por representar una vergüenza para el sistema de justicia nacional, ya que como lo dije más arriba sus decisiones están determinadas por los contrasentidos jurídicos que invoca generalmente la Procuraduría General Administrativa, cuyos procesos para lo único que sirven es para aumentar la carga procesal y costos económicos en desfavor del ciudadano a través de notificaciones arbitrarias y abusivas.
Este desempeño de la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual todavía está estacionaria en la llamada justicia retenida, mediante la cual la administración se juzga a sí misma y cuyos jueces eran designados por el Poder Ejecutivo, igual que el que preside la Procuraduría General Administrativa, llena de vergüenza a cualquier buen dominicano, dado que se supone que el Tribunal Superior Administrativa está bajo el control y la tutela de la Suprema Corte de Justicia en virtud del mandato de la Ley 13-07.
Evidentemente que la decisión de negar la medida cautelar tiene el propósito de condenar al fracaso la demanda principal en razón de que impone que el recurrente tenga que negociar con EDENORTE para restablecer el servicio y de ese modo disponer la inadmisibilidad de la misma por existir un acuerdo que deja sin sentido el pedido principal de la parte recurrente que, entre otras cosas, busca una indemnización por los daños morales y materiales causados.
No está de más recordar que el artículo 22 de la Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas ante la Administración y el derecho a la defensa establece que la administración debe probar sus alegatos. El procedimiento sancionador obliga a la administración a sustentar la validez de sus actos y pruebas, además que existe la carga de la prueba que en los procedimientos sancionadores la administración pública tiene la obligación de probar los hechos que fundamentan sus decisiones contra un ciudadano en función del principio de legalidad, ya que el funcionario público está limitado por las normas de procedimiento y la Constitución, no pudiendo actuar sin sustento probatorio, ya que la presunción de validez no es absoluta. Otro principio violado por la jurisdicción contenciosa administrativa es el de celeridad, consignado en el artículo 19 de la Ley 107-13, en cuya virtud las actuaciones administrativas se realizarán optimizando el uso del tiempo, resolviendo los procedimientos en plazo razonable que, en todo caso, no podrá superar los dos meses a contar desde la presentación de la solicitud en el órgano correspondiente, salvo que la legislación sectorial indique un plazo mayor. En especial, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos e incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de que los procedimientos se tramiten con diligencia y sin dilaciones injustificadas, de manera escrita o a través de técnicas y medios electrónicos. La medida cautelar solicitada por el impetrante fue fallada en contra de lo que dispone al articulo 7 de la Ley 13-07, Orgánica del Tribunal Superior Administrativo, la cual se conoció el 16 de diciembre y fue fallada el 22 de enero, pese a que se habla de cinco días después de la celebrada la audiencia en la que las partes plantean sus conclusiones, principalmente cuando hay una afectación mayor, porque el recurrente no tiene servicio de energía eléctrica y que en consecuencia todas las labores comerciales y empresariales están paralizadas y la reactivación está determinada por el fallo de la misma.
Este es un ejemplo de que en el país existe una Constitución de fachada que niega los supuestos avances y fortalecimiento del Estado Social Democrático de Derecho, lo cual es una explicación de que República Dominicana es una sociedad que vive más de la percepción que de la realidad.
Sin otro particular,
José Antonio Cabral Salcedo.