Análisis Noticiosos
El proyecto de ley busca revocar el genocidio civil
Notice: Undefined variable: post in /home/larepublica/public_html/wp-content/themes/zox-news/amp-single.php on line 116
Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/larepublica/public_html/wp-content/themes/zox-news/amp-single.php on line 116
Por Juan Bolívar Díaz
El presidente Medina acoge el clamor de justicia y conjura la desnacionalización masiva, lo que será bien acogido en todo el mundo, aunque con reservas por la limitación de derechos a los descendientes de extranjeros sin registro civil
Se trata de un artificio que avade la inequidad de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) sin enfrentarla, abriendo un atajo con un filigrana jurídico que atiende el clamor nacional e internacional de justicia y respeto a derechos humanos fundamentales, y al mismo tiempo que trata de conciliar las posiciones enfrentadas.
Convalidación y naturalización
Tal como habíamos advertido el 30 de marzo, (HOY: “Danilo Medina se debate entre Naturalización y Convalidación”) el primer mandatario optó por “una fórmula que resuelva el drama de los desnacionalizados y satisfaga los requerimientos del derecho internacional, evadiendo confrontar el dictamen del Tribunal Constitucional” Se precisaba que “el Presidente podría hacer una fusión de Convalidación y Naturalización, aludiendo a un anteproyecto del Ministerio de la Presidencia y al plan originario de Naturalización rechazado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que visitó el país en diciembre, enarbolado por los defensores a rajatabla de la sentencia.
Para los primeros, los desnacionalizados por el TC, dispone que la Junta Central Electoral (JCE) proceda a “regularizar y/o transcribir” sus actas en los libros del Registro Civil y “los acreditará como nacionales dominicanos”. Los que ya tenían cédulas de identidad y electoral serán dotados del mismo documento con su numeración anterior, y los que no la hayan tenido se les otorgará. El Estado les reconoce retroactivamente todos los actos de la vida civil que realizaron. En resumen, a los desnacionalizados se les convalida plenamente sus derechos, con lo que se revierte el genocidio civil iniciado por la JCE en el 2007.
Los de la naturalización
Empeñado en conjurar el escándalo internacional y hacer justicia a los que habían sido aceptados como dominicanos, el gobierno mantuvo la esencia del anteproyecto elaborado por el Ministerio de la Presidencia, del que dimos cuenta el 16 de Marzo (HOY: “Toca al PLD revocar el genocidio civil”). Pero hizo concesiones a las posiciones nacionalistas en cuanto a los que nunca fueron registrados como dominicanos. Se planteaba una vía rápida para darle acceso a la naturalización sin que tuvieran que registrarse como extranjeros.
Fuentes bien informadas indican que el presidente Medina tuvo que hacer concesiones en el proyecto original que fue denunciado por la Fuerza Nacional Progresista, cuyo líder Vincho Castillo habría planteado la ruptura de su alianza con el partido gobernante con lo que consiguió el apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien a su vez negoció y logró el endurecimiento de las condiciones para la naturalización de los no registrados, que son de los más pobres del país,y cuyo número podría superar el de los descendientes de extranjeros que tienen registro de nacimiento.
Quedan excluidas de la validación las actas de nacimiento que configuren el delito de falsedad de escritura cuando el hecho “le sea imputable directamente al beneficiario”, lo que tendría que someterse a un tribunal. Los de la naturalización deberán demostrar haber nacido en el país y tener arraigo social en el mismo.
Los argumentos de Danilo
Tanto la carta con la que el presidente Medina remitió su proyecto al Congreso como las consideraciones del mismo, contienen planteamientos básicos sobre la dignidad humana, la justicia y la convivencia, llamados a desinflar el clima de odios y exclusiones que se ha promovido en el país en los últimos siete meses. Indica que es el fruto del consenso logrado con sus consultas “inspirado en principios fundamentales sobre los que se erige nuestro Estado, tales como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solidaridad y la convivencia fraterna”.
Sostiene que regularizar sus documentos “es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de estas personas y sus descendientes y desterrar para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad ni participación”.
Añade que se trata de permitir que personas que vivieron toda su vida con una identidad jurídica “se les reconozca definitivamente como válida y buena y puedan continuar su vida normalmente”.
Reconoce insostenibilidad
El proyecto de ley evade herir susceptibilidades, por lo que no se refiere a la posición insostenible del apartheid creado por la sentencia ni al clamor internacional en su contra que crecía cada semana, ni al daño que ha producido a la imagen del país, pero todo eso influyó para que el presidente Medina mantuviera su reacción inicial de buscar una solución humana y justa al conflicto, y contó con la firmeza del equipo técnico y político del Ministerio de la Presidencia, sometido a ataques virulentos.
En el ámbito nacional crecía también la convicción de que había que reparar esa iniquidad y eliminar un elemento que consumió la atención nacional y muchas energías durante un tercio de los 21 meses que lleva esta gestión gubernamental. El proyecto fue publicado el mismo día que la acreditada encuesta Penn and Schoen-SIN revelaba que el 72 por ciento aprobaba la ciudadanía de los descendientes de haitianos que habían sido registrados. En enero la Gallup-HOY registró 58 por ciento.
La acogida casi general que ha recibido el proyecto y su aprobación a unanimidad y de urgencia en la Cámara de Diputados, adelanta su rápida conversión en ley, ya que es fruto, tal como se había considerado imprescindible, de la voluntad política de los dos mayores líderes del partido gobernante, que tiene 31 de los 32 escaños y el otro, el reformista Amable Aristy adelantó su conformidad. Hasta muchos de los que defendían la exclusión han aceptado la solución “salomónica y pragmática”.
Reparos de derechos humanos
Se puede prever que la ley será acogida con alivio en el ámbito internacional, por los gobiernos y organismos multilaterales y aún en las instituciones que velan por los derechos humanos, porque dejará sin efecto el despojo de la ciudadanía a decenas de miles de personas, que en esos ámbitos se considera la violación más grave de derechos humanos en la historia del sistema interamericano.
Habrá un reparo fundamental a la decisión de convertir en extranjeros y obligar a una “naturalización ordinaria” a los descendientes de inmigrantes irregulares que nunca han sido declarados en el registro civil, como ya lo hizo la Agencia de la ONU para Refugiados y Migrantes (ACNUR), que consideró el proyecto como “un primer paso para restaurar la nacionalidad de decenas de miles de personas”. Pero planteando que “también debería remediar de manera efectiva la situación de la mayoría de las personas afectadas por la sentencia del Tribunal cuyo nacimiento no ha sido declarado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se irá por el mismo camino de la aprobación con reparos, dados sus planteamientos históricos al respecto, y fue quien llevó el caso Yean y Bosico a la Corte. Pero por el momento los expedientes que tiene en trámites son todos de los desnacionalizados y la ley los dejaría sin objeto. Sin duda conjuraría la avalancha de denuncias contra el país.-
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY