Análisis Noticiosos
El proyecto de reelección arrasaría al Procurador
Por Juan Bolívar Díaz
La subordinación al interés partidario y la reelección del presidente Danilo Medina sería la razón por la que el Procurador General Francisco Domínguez Brito evade su deber de recurrir en casación ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia que libera al senador Félix Bautista de las graves acusaciones de corrupción formuladas en su contra.
Se trata de cerrar cuanto antes un expediente que afecta al secretario de Organización del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), salpica a su presidente Leonel Fernández, amenaza al tesorero Víctor Díaz Rúa, incentiva la división interna y pone en jaque a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
Bautista el gran armador
A ningún observador sorprendió la decisión, dividida tres a dos, de la Cámara Penal de la SCJ que dictaminó no ha lugar para procesar al astuto secretario de Organización del partido oficial, desechando el más voluminoso expediente de corrupción de la historia de la Procuraduría General de la República que involucra el manejo de más de 26 mil millones de pesos desde la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE)
Todo el proceso ha estado marcado por la lucha interna en el PLD, iniciándose cuando era imperativo maniatar al expresidente Leonel Fernández, para viabilizar la repostulación del Presidente Medina. Bautista y Díaz Rúa, considerados “alcancías de Leonel”, habían dejado demasiados rastros de corrupción con su impúdica concentración de riqueza, el segundo desde el Ministerio de Obras Públicas. Han sido favorecidos por absoluciones de jueces hasta llegar a la SCJ por apelaciones del ministerio público.
Esas acciones judiciales, incentivadas por el clamor público, incidieron en la capitulación de Leonel el 27 de mayo, apenas dos días después de haber plantado guerra frontal al proyecto reeleccionista. A Bautista se le atribuye haber sido clave en la negociación para el acuerdo que conjuró la división del peledeísmo, garantizando que todos los legisladores del PLD aprobarían una reforma de la Constitución para legalizar la reelección a cambio de ser también repostulados. El armador sacó allí su no ha lugar, en un proceso instruido y juzgado por jueces compañeros de partido.
Domínguez Brito en ridículo
La decisión del no ha lugar sólo podía sorprender a incautos e ignorantes. Lo que ha causado estupor es el alegato del Procurador General de que no recurrirá en casación ante el pleno de la SCJ porque “con respecto a este caso no me merece confianza” la corte, y que “no vale la pena porque siempre hay una excusa y un pretexto para no sancionar a los grandes capos de la corrupción”.
Múltiples voces han impugnado la capitulación de Domínguez, uno de los dirigentes peledeístas de mayor crédito público, quien defendió durante meses el expediente con los términos más duros, por lo que fue confrontado personalmente por el acusado Bautista. Participación Ciudadana le dice en una carta que “al margen de la apreciación personal que usted pueda tener sobre nuestro más alto tribunal de justicia, no cabe dudas de que en estos momentos debe usted separar su aprehensión personal de lo que es su obligación como Procurador General de la República y por lo tanto como representante de todo el país”.
El alegato es incoherente, puesto que el pleno, que estaría constituido por una docena de jueces al restársele los cinco de su Cámara Penal que ya juzgaron, tiene una mayor proporción de personalidades del derecho, varios de los cuales estarían llamados a seguir el ejemplo de las magistradas Miriam Germán y Esther Casanovas, cuyos votos disidentes ´contienen la base para recurrir a la última instancia. Si confió en una cámara, no tiene fundamento la desconfianza en el plenario llamado a enmendar todo equívoco.
Otro costo institucional
La actitud de Domínguez es insostenible, pues si un Procurador General no confía en la Suprema Corte en un caso que él mismo calificara como juicio del siglo en materia de corrupción, debe abandonar el cargo. Estaría capitulando en aras del interés partidario de evitar el resurgimiento de la confrontación abierta entre Medina y Fernández por la hegemonía partidaria y despejar el camino de la campaña electoral. Porque el procesamiento salpicaría al exmandatario y más aún si abre espacio para que se haga lo mismo con Díaz Rúa. Para el PLD sería una caja de pandora de repercusiones electorales, un proceso que involucraría a tres de sus cuatro más altos cargos.
El destacado jurista Francisco Álvarez Valdez ha recordado que ya Félix Bautista fue responsable del inicio del descrédito de la Suprema Corte que presidió Jorge Subero Isa, la que evadió la responsabilidad de enjuiciarlo por el escándalo de los pagarés de la Sun Land por 130 millones de dólares colocados en el mercado internacional por el entonces director de la OISOE sin aprobación del Congreso. Aunque en su dictamen del 2008 la SCJ reconoció que era obligatoria la aprobación congresual, desconoció una jurisprudencia propia de 1998 para declarar inadmisible el recurso y evadir el fondo.
Con su posición, Domínguez Brito le economiza al pleno de la SCJ tener que definirse en un caso que por su magnitud se ha constituido en símbolo de la corrupción y la impunidad nacional. Pero para él es casi una inmolación, que conlleva un costo institucional de los que siempre cobra la reelección en la historia dominicana. Ya antes doblegó la voluntad de la mitad de los legisladores del partido gobernante con un pacto antidemocrático, y de dos bloques de diputados de la oposición que arrastraron a sus respectivos partidos a modificar la constitución en aras del reeleccionismo. Cinco meses después aún discuten las bases sobre las cuales pactaron esa precipitada capitulación, todo un absurdo político y hasta de negociación, si no hay ingredientes impublicables.
Represión de las protestas
Sin que se hubiese disipado el escándalo causado por el destape de la mafia de corrupción que ha operado en la OISOE, con la dramática inmolación suicidio del arquitecto contratista David Rodríguez, la negativa a procesar a Félix Bautista por graves cargos de corrupción en la misma institución, ha disparado la indignación nacional.
La complicidad con la corrupción y la consiguiente impunidad están saturando la sociedad. El vicepresidente de la Cámara Americana de Comercio, William Malamud, sostuvo el miércoles, en un almuerzo de la entidad, que la corrupción “está socavando la institucionalidad del Estado y creando un malestar en la sociedad”, y parafraseando a Shakespeare en su obra Hamlet proclamó que “hay algo podrido en el Estado dominicano”.
La forma en que el gobierno ha reprimido a los grupos sociales que demandan la supresión de la OISOE y castigo a la corrupción, agrega preocupación. No se justifica la represión a unos centenares de protestantes. Parecía mejor inversión compartir su preocupación y hasta darse el lujo de suprimir el redundante organismo, símbolo exagerado de la corrupción. Han considerado más seguro reprimir para evitar que se generalicen las protestas como ha ocurrido recientemente en Guatemala, Honduras, Brasil y Chile.
Un escándalo saca a otro escándalo
Parece indiscutible que el país anda en un derrotero alarmante, tanto que un escándalo saca de la opinión pública a otro escándalo. En el último mes fueron las revelaciones de la mafia de extorsión que ha operado en la OISOE. Luego un simple raso sacude el país resaltando la insostenible miseria salarial de la policía. Y uno de nuestros 12 embajadores ante la ONU es apresado y procesado por corrupción en Nueva York.
Vino entonces él no ha lugar para Félix Bautista y el segundo escándalo internacional del mes, con la huida de los dos pilotos franceses condenados a 20 años de cárcel por narcotráfico. Habría que sumar el alarmante conteo del centenar de muertos que este año ha cobrado el dengue, duplicando las cifras del 2014. Ya no escandaliza a nadie que agentes policiales fusilaran el martes a un joven en Santiago delante de varias personas, una de las cuales grabó el asesinato y los gritos de la víctima pidiendo que no lo mataran, subido a la internet.
El escape de los pilotos franceses ha tenido el agravante de poner en ridículo internacional al país, porque nadie entenderá que condenados a 20 años de cárcel, por el tráfico de 680 kilogramos de cocaína valorados en decenas de millones de dólares puedan seguir en libertad y sin vigilancia. Otra expresión de la corrupción y de la ineficiencia de instituciones judiciales y de la seguridad nacional.
Por José Cabral
El presidente Luis Abinader ha dejado claro que en él predomina más la torpeza que la razón, dado que promulgó la Ley 13-26 que saca del escenario electoral dominicano las candidaturas independientes ajustadas a la Constitución por la sentencia TC/0788/24.
Desde que conocí a Abinader cuando era un simple aspirante a la Presidencia de la República nunca observé nada que pudiera reflejar o significar las habilidades y la formación necesarias para dirigir el Estado dominicano.
Con esta nueva torpeza queda claro que el proyecto en el Congreso Nacional era un plan del partido más anti-democrático que tiene el país, el Revolucionario Moderno, el cual luego de llegar al poder sirve para muy poca cosa.
El presidente con la promulgación de la ley aprobada por los senadores y diputados deja claro que está con las peores causas y que su proyección desde la Presidencia tiene más de simulación que de vocación democrática.
La pregunta que se haría cualquier persona sensata es qué gana el presidente Abinader con promulgar y convertir en ley una propuesta que no hace otra cosa que dañar la democracia dominicana y que además lesiona la vida institucional de la nación.
Abinader ha querido conjuntamente con los tarados que conforman el Congreso Nacional extirpar las vías que pueden servir para mejorar la democracia nacional, la cual ya prácticamente no tiene legitimidad.
La verdad que no entiendo la razón por la que Abinader no ha logrado superar su torpeza en los años que lleva al frente del Estado dominicano, cuya sin razón ya se ha expresado en una multiplicidad de veces durante sus periodos de gobierno.
Sin embargo, hay un detalle que llama a la atención y es que quien fuera presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, permita que eso ocurra sin renunciar como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, a menos de que su consejo haya sido que ese contrasentido fuera promulgado.
Ante la torpeza del presidente Abinader sólo queda la interposición de una acción directa de inconstitucionalidad ante el mismo Tribunal Constitucional para que por lógica jurídica predomine la jurisprudencia sentada por la alta corte.
Luis Abinader y su aberrante PRM deben recibir una lección de un profundo contenido político y social, ya que la sociedad no debe tolerar otra torpeza más en contra del deseo de cambio del ciudadano ante el comportamiento distorsionado de los partidos políticos.
Considero que con la promulgación de semejante disparate jurídico queda confirmado que se trata de una confrontación entre la política y el derecho, porque en los partidos pesa más el miedo que la vergüenza.
Por José Cabral
No me queda la menor duda de que la partidocracia aprovecha todo su poder para lesionar la democracia, sobre todo cuando surgen vías que puedan mejorarla.
No hay motivo para no creer que es así, pero la aprobación en el Senado y puede decirse que también prácticamente en la Cámara de Diputados de un proyecto que busca sepultar las candidaturas independientes, confirma de lo que son capaces los partidos políticos.
Lo que espero es que inmediatamente esta travesura del Congreso Nacional termine su proceso en esta instancia del Estado, pase al Poder Ejecutivo para su observación o promulgación, cuya decisión, entonces, permitirá tener una idea más clara de qué tanto la irracionalidad se ha apropiado del Partido Revolucionario Moderno y de sus dirigentes y militantes.
La pregunta que me hago es si el presidente Abinader cometería la torpeza de adherirse al despropósito de los legisladores de prácticamente todos los partidos políticos, que su ceguera no les permite ver hasta dónde llega su facultad en el sistema democrático.
Todo esto lo digo en razón de que lo que hacen los diputados y senadores es romper con el orden institucional de la Nación y si para colmo Abinader, jefe del Estado dominicano, se suma a semejante travesura, entonces podría decirse que todo constitucionalmente hablando está perdido.
Naturalmente, habría que ver cuál es la asesoría que recibiría en esta materia de un hombre con una amplia trayectoria en asuntos jurídicos y que ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
No hay que saber tanto de derecho para entender que aún una persona como Subero Isa esté en favor o en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, la TC/0788/24, no puede haber otra decisión que respetarla para preservar el orden institucional y la supremacía de la constitución de la República.
El orden jurídico nacional se rige por el principio de legalidad y la decisión del Tribunal Constitucional se ajusta a lo que dispone el artículo 47 de la Ley 137-11 en lo concerniente a la interpretación de aquellas normas que violentan la carta magna, cuya ley orgánica se deriva del mandato de los artículos 184 y 185 de la ley de leyes del país.
De manera, que cualquier decisión del presidente de la República tiene que ser en el marco de lo que dispone la Constitución de la República, cuyas candidaturas independientes son el producto de lo consignado por el constituyente en el artículo 22 de la carta magna.
Al ser así, el presidente Abinader no puede tomar otra decisión que no sea observar lo aprobado por los senadores y diputados, porque de lo contrario ese proyecto tendría una muerte segura mediante una acción directa de inconstitucionalidad ante el propio TC.
Por José Cabral.
La partidocracia dominicana está sumergida en un pantano de lodo que tiene profundas raíces culturales, cuya salvación no la puede proporcionar nadie, absolutamente nadie, porque luce algo difícil, por no decir imposible, ya que hay una famosa expresion aplicable a este caso que dice que: «árbol que nació torcido nadie lo endereza».
La figura del depredador está dentro del espíritu de los actores de la vida política partidaria de la nación, pero esa condición no es fruto del capricho de uno o dos de los que conforman la partidocracia, sino de prácticamente todos sus dirigentes y militantes, porque se trata de una visión de vida asociada con una explicación cultural, no de otra cosa.
Hay quienes justifican este comportamiento que hoy sumerge a los partidos políticos en el peor de los descréditos al atraso y la pobreza que ha caracterizado al país desde mucho antes de su nacimiento como república.
Sin embargo, la realidad es que, aunque esas consideraciones sean muy atendibles, porque ahí también entra la baja educación ciudadana, lo cierto es que en el país se ha desarrollado una visión de vida que lleva a la mayoría de la gente a sólo pensar en la adquisición de bienes materiales, aun aquellos que lo tienen todo, sin importar su procedencia.
En mi opinión, aparte de lo cultural, se suma la entrada salvaje del neoliberalismo que se ha llevado de paro los valores cívicos y morales y puede decirse que se ha robado al dominicano que ahora su princial meta es identificar la vía que le permita de forma más fácil y rápida acumular fortunas.
Yo he dicho en otras ocasiones que en el país la mayoría de los políticos quieren llegar al control del Estado para llevarse a sus bolsillos el dinero del patrimonio público, cuya principal desfachatez es que después de sus travesuras someter un proyecto de ley para atacar la corrupción.
Entonces, todo el que busca fortunas fáciles en el país tiene dos caminos para tenerlas y son el narcotráfico y la política que se ejerce a través de los partidos políticos, pequeños, medianos y grandes, cuyos dirigentes saben muy bien que cuando se prestan al juego de los que tienen mayor aceptación popular, no sólo reciben dinero de la Junta Central Electoral, sino también de la ocupación de un cargo público cuando se convierte en bisagra del que ha sido elegido para dirigir los destinos nacionales.
El problema es sumamente grave y preocupante y por esa razón a la partidocracia le importa muy poco el destino de la democracia nacional, sino buscar más dinero para el bolsillo de cúpula dirigencial, lo que explica que no respete el mandato constitucional del que se derivan las candidaturas independientes.
Por esta y otras muchas más razones sostengo que la derrota de la partidocracia en esta confrontación entre la política y el derecho va a depender de cómo se asuma la actitud del Congreso Nacional de anular una opción que no es caprichosa, sino que está consignada en la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Yo tengo la esperanza de que la partidocracia sea derrotada como ha ocurrido en la historia de la República Dominicana, en la que personajes con mucha sensibilidad patriótica se han armado de coraje y les han cortado las cabezas a férreas dictaduras que han retrasado el avance de la democracia nacional.
Todo el mundo sabe que, así como el doctor Joaquín Balaguer proclamaba que la Constitución no era más que un pedazo de papel, cuyo concepto aun prevalece en los nuevos actores de la vida política nacional, pero con la diferencia de que éstos simulan lo contrario, porque sencillamente el país es más de percepción que de realidad, sólo que a través de una doble cara.
Pero no se puede olvidar que, si bien la Constitución no es respetada, cuya comprobación se puede hacer con la gran cantidad de sentencias del Tribunal Constitucional no ejecutadas, las mismas siguen ahí y nadie podrá borrarlas.
Es bueno que se entienda que esa realidad de vender una percepción que no tiene nada que ver con la realidad, sólo perdurará hasta que el soberano, el pueblo dominicano, tolera las travesuras de la partidocracia que no respeta ley y que utiliza el Estado para aliarse con el bajo mundo y con los peores intereses de la nación.