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Propuesta de unidad es enviada a Luís y Leonel por parte del PRSC.
El dirigente reformista asegura que la integración de una coalición opositora constituye una garantía para competir con amplias posibilidades de éxito en los niveles municipal y congresual, “y hacer propicio los cambios necesarios en la alternancia del poder político”.
“Este entendimiento abre las puertas a reflexionar sobre el cambio inminente en la dirección del Estado en la República Dominicana. Asumir este compromiso justifica y legitima la necesidad de una Unión Nacional Opositora en que converjamos todos los que deseamos lo mejor de corazón para el pueblo dominicano”, agrega.
Resalta que “por una vez olvidémonos de los sillas, el poder o los cargos públicos y tomemos la decisión de unirnos por el bien del pueblo porque ¡Juntos seremos imparables!”.
Sostiene que a través de esta unión “nos comprometamos a enfrentar los poderes que dominan la realidad económica, social y política de nuestro país para todos juntos acabar con los principales males que afectan a la nación, como son la impunidad, la inseguridad y la masiva inmigración ilegal, entre otros”. Asumir este compromiso -agrega- justifica y legitima la necesidad de una Unión Nacional Opositora en que converjamos todos los que deseamos lo mejor de corazón para el pueblo.
Quique Antún señala también en su misiva que en el propósito de quienes desean mejorar el destino del pueblo dominicano “nos corresponde situar en primer plano, entre otros aspectos, compromisos como la creación de un Pacto Nacional de Seguridad en el que todas las fuerzas opositoras debemos converger y unificar criterios para acabar con la delincuencia con toda la drasticidad necesaria y poner a las fuerzas del orden en capacidad de enfrentarla, con equipos modernos y suficientes, formando y capacitando adecuadamente a sus miembros y pagándoles salarios dignos cuanto antes”.
También citó la defensa de la Soberanía Nacional, poniendo en práctica una adecuada política de control migratorio y diseñar planes efectivos para el desarrollo fronterizo como pudiese ser la construcción de un muro que “proteja a nuestro amado país de la inmigración masiva ilegal”.
Igualmente plantea que se asuma el compromiso de enfrentar los males sociales que sufre el pueblo dominicano en los servicios de salud, educación, falta de agua potable, falta de electricidad, falta de empleo, alto costo de la vida y otras carencias que asfixian a la sociedad.
El presidente del PRSC entiende que otro problema que debe combatirse con medidas drásticas es todas las formas de corrupción.
Otra propuesta es luchar por la juventud, pues afirma que el 70% de los jóvenes se quiere ir del país porque no tienen trabajo y porque no ven un futuro para ellos y sus familias “y está gran unión debe de priorizarlos”.
“Adicionalmente, que nuestra juventud tenga la oportunidad de acceder a edad más temprana a los cargos de senador y diputado, y que el Consejo Nacional de la Magistratura vuelva a la fórmula del Pacto por la Democracia de 1994, además de despolitizar el Poder Judicial”, apunta.
Explica que los jueces deben tener al menos 10 años sin militancia política y que su tiempo de ejercicio se limite a 10 años como máximo. También destaca que hay que colocar un freno al endeudamiento del Estado “y enfrentar la crisis que en estos momentos desborda los límites de nuestra situación económica”.
Plantea además unificar las elecciones municipales con las presidenciales y congresuales en el fu
Por lo menos once partidos de oposición negocian para las congresionales y municipales.
Con la división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se ha avivado la posibilidad de una segunda vuelta.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.