Es una herida sangrante y lacerante en la conciencia nacional la ocurrencia de una conducta que daña todo el tejido social dominicano.
La denuncia del padre Arsenio Ferreira es más que oportuna porque el asunto parece tomar más cuerpo del que cualquiera puede pensar.
La Iglesia Católica ha puesto el dedo sobre la llaga este Viernes Santo, porque definitivamente hay empresarios y funcionarios que buscan ser chantajeados por periodistas y comunicadores corruptos para de ese modo continuar con sus andanzas al margen de la ley, de la transparencia, de la moral y de la ética.
Esa es la realidad, dado que el problema no es sólo de los periodistas corrompidos que recurren al chantaje para hacer dinero, sino que también de funcionarios y empresarios que quieren tener quienes los defiendan de sus equivocadas andanzas.
El problema denunciado por la Iglesia Católica es de mayor cobertura de lo que se piensa y es una cuestión que hay que analizarla desde una perspectiva mucho más integral.
Sin embargo, es muy importante que en el Selmón de las Siete Palabras se haya traído a la palestra pública esta problemática que contamina todo el tejido social dominicano.
Lo preocupante de esta aberración es que toma cuerpo agigantado y no hay ningún tipo de contingencia para contrarrestarlo, porque no son pocos lo que ven el asunto como normal y propio de la dinámica social.
La corrupción en el periodismo nacional es algo que se puede ver a simple vista, sin que se haga una investigación profunda del fenómeno.
Son profundos, muy profundos, los peligros que implican para la sociedad dominicana la existencia de un periodismo atado a los intereses de grandes corporaciones económicas y a funcionarios que sólo saben promover la corrupción y una conducta sin transparencia.
El Selmón de las Siete Palabras debe ser el punto de referencia para promover en el país la creación de medios sin fines de lucro, educativo y cultural, pero de servicio público, a fin de que se creen emisoras de radio, periódicos digitales y canales de televisión sobre una base profundamente moral, cuyo accionar esté avalado por un código de ética que descanse en una cantidad importante de veedores que provengan de una serie de órganos del Estado.
Porque es importante destacar que para acabar con el problema no basta con sólo denunciar situaciones como la descrita por la Iglesia Católica, sino también contribuir con el diseño de políticas públicas que busquen, sino eliminar, por lo menos disminuir ese flagelo que daña sustancialmente a la sociedad.