Santo Domingo, RD.-El estado de emergencia sólo tendrá una vigencia de 19 días más en virtud de que la última extensión realizada por el Poder Ejecutivo fue el pasado 30 de noviembre y la misma tenia la igual duración que el toque de queda.Nacionales
Sólo quedan 19 días del toque de queda.
El próximo 15 de enero culmina el estado de emergencia dispuesto por el presidente Luis Abinader debido a la crisis sanitaria provocada por el coronavirus
Santo Domingo, RD.-El estado de emergencia sólo tendrá una vigencia de 19 días más en virtud de que la última extensión realizada por el Poder Ejecutivo fue el pasado 30 de noviembre y la misma tenia la igual duración que el toque de queda.El próximo 15 de enero culmina este periodo dispuesto por el presidente Luis Abinader, con la anuencia del Congreso Nacional. Este tiempo se inició el 2 de diciembre, con una ampliación de 45 días por tercera vez en lo que va de gobierno, debido a la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus.
Los dominicanos viven bajo estado de emergencia desde el pasado 18 de marzo, cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Danilo Medina, siendo actualizado en más de siete ocasiones en lo que va de año.
Este estado de excepción concede poderes especiales y temporales al presidente de la República para manejar una amenaza inmediata al país y exige una respuesta inmediata, según la Constitución.
Toque de queda
Dentro del estado excepcional, una de las medidas preventivas para detener la propagación de la enfermedad ha sido el toque de queda, restricción que prohíbe la libre circulación de la población civil por la calle a partir de una hora determinada.
El penúltimo toque de queda impuesto por el primer mandatario fue mediante el decreto número 554-20 y se extendió por 20 días desde el 2 de diciembre, es decir, que finalizaba el 22 de diciembre.
Sin embargo, con la llegada de las fiestas navideñas y el aumento de casos positivos por Covid-19 en algunas provincias, el gobierno aplicó nuevas restricciones antes de que finalizara el tiempo establecido.
El decreto presidencial 698-20 del 15 de diciembre de 2020 derogó los anteriores decretos números 504-20, 554-20 y 684-20 relativos al toque de queda. Los nuevos horarios y medidas que presentaba el documento entraron en vigencia el mismo día de su publicación.
Mediante este mandato presidencial se estableció un toque de queda diferente al establecido la vez anterior en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, La Vega y Puerto Plata.
Mientras que para todo el país, los días 24 y 31 de diciembre, el horario de toque de queda sería de 7:00 de la noche a 5:00 de la mañana y libre tránsito hasta la 1:00 de la mañana de los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Estas medidas continuarán hasta que se levante el último estado de emergencia, a no ser que se disponga alguna variación a tales disposiciones.
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Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Ante los citados hechos, el órgano acusador solicitó prisión preventiva como medida cautelar, contra Santillán Faulkner para garantizar su presencia durante el proceso, argumentando que su libertad representa un alto riesgo de fuga.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
El Ministerio Público amplió la acusación, sumando nuevos imputados y presentando denuncia formal contra 25 personas físicas y 16 jurídicas, para un total de 41 procesados en este caso.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.