Latinoamericanas
El Tribunal Electoral de Bolivia impide la candidatura de Evo Morales al Senado
La autoridad electoral del país sudamericano permitirá la candidatura a la presidencia del exministro de Economía Luis Arce
La Paz. Evo Morales, el expresidente de Bolivia, junto a Luis Arce, candidato por el MAS, en Buenos Aires. En vídeo, el anuncio del Tribunal Supremo Electoral. REUTERS
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia ha decidido no autorizar la candidatura de Evo Morales al Senado en las elecciones que se celebrarán del 3 de mayo. El argumento principal es que el expresidente no cumple con el requisito de tener una “residencia permanente” en Cochabamba, la región de Bolivia que pretendía representar. Morales se encuentra exiliado en Argentina, mientras en territorio boliviano sus rivales políticos le siguen múltiples procesos por diversos cargos. El partido del expresidente, el Movimiento al Socialismo (MAS), había anticipado que los jueces electorales inhabilitarían a su líder y también había anunciado que apelaría este fallo ante tribunales internacionales.
El temor de los sectores contrarios al MAS se debía a la fuerza que mostraba este partido en las encuestas preelectorales donde, según estas, el partido de izquierda podría obtener la mayoría del Senado y, entonces, presidir la Cámara. La posibilidad de que Evo Morales terminase como el presidente del Senado resultaba intolerable para los grupos opositores que estuvieron involucrados en su derrocamiento en noviembre pasado.
Las normas electorales en Bolivia exigen que los candidatos parlamentarios vivan en la circunscripción electoral que les corresponde al menos los dos años previos a las elecciones. Esto inhabilita a los políticos que pese a trabajar en la sede administrativa del país, La Paz, buscan representar a la población del interior del país.
Esta restricción causó varios conflictos políticos en el pasado. En 2015, una diputada fue impedida por esta razón de postularse como alcaldesa de su ciudad natal; posteriormente, ella interpuso un recurso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y ganó el derecho a un resarcimiento del Estado boliviano.
Según la resolución del TSE en referencia a Evo Morales, esta institución “se ha enfocado en definir el concepto de ‘residencia permanente’ en materia electoral (…) La residencia permanente se entiende como la suma de tres factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrada y declarada por el ciudadano en el padrón electoral; luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su ‘proyecto de vida’. Por último, en su aplicación de principio de ‘verdad material’, se requiere una residencia efectiva en ese distrito”.
El presidente del Tribunal Electoral de Bolivia, Salvador Romero, no quiso especificar qué parte de esta definición se aplicaba específicamente a Morales y a los otros candidatos en situación similar, entre ellos el excanciller de este último, Diego Pary, quien pretendía ser senador por Potosí, y Mario Cossío, un político de derecha que estuvo exiliado en Paraguay y, por tanto, no vivió los últimos años en Tarija, su región natal.
La primera encuesta de intención de voto que se realizó después de la inscripción oficial de candidatos mostraba al MAS como la primera fuerza política del país, con 31%, seguido por Mesa, con 17 % y la presidenta interina Jeanine Áñez, con 16%. El exdirigente cívico Luis Fernando Camacho aparecía en cuarto lugar, con 9%. Estos resultados sumieron en la preocupación a los sectores derechistas de la política boliviana. Camacho dijo que, en estas circunstancias, existía el riesgo de que “el MAS vuelva”, por lo que debía organizarse un frente único de todos los grupos que se le oponen. Sugirió que él podría renunciar a sus pretensiones presidenciales, con la condición de que también lo hicieran los demás. Hasta ahora, ninguno de los otros partidos ha respondido formalmente a Camacho y todos han ratificado que seguirán en carrera.
elpais.com
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Incertidumbre en Haití sobre la llegada de contingentes de la nueva fuerza antipandillas
Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
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Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
Latinoamericanas
Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.