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El Tribunal Superior Administrativo suspende el impuesto a las compras por Internet
Los jueces de la Segunda Sala del TSA.
SANTO DOMINGO. La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenó a la Dirección General de Aduanas que se abstenga de toda ejecución con respecto a la resolución que dispone el cobro impuestos a las mercancías con precios menores de US$200 compradas por internet, a partir de mañana.
El tribunal suspendió la decisión del director general de Aduanas, Fernando Fernández, hasta tanto se conozca y falle las acciones de amparo fusionadas, incoadas por diversas entidades, entre ellas la Asociación Dominicana de Empresas Courier (Asodec).
La decisión fue adoptada por los jueces Federico Fernández de la Cruz, presidente, Mildred Hernández Grullón y Rafael Ciprián, quienes pospusieron el conocimiento de las acciones de amparo para mañana, a las 9:00 a.m., a los fines de que todas las partes envueltas tomen conocimiento de los documentos depositados e instancias, por secretaría.
El tribunal acogió una solicitud de medida precautoria hecha por la Fundación Justicia y Transparencia (FIT), la Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Asodecu) y la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico (Cadolec), a la que se unieron otras entidades.
En consecuencia, dispuso que Aduanas se abstenga a cobrar el pago de derechos e impuestos aduaneros de las mercancías importadas bajo la modalidad establecida en la “categoría B”, definida en el artículo 4 del decreto No.402-05, del 26 de julio del 2005, “es decir, compras realizadas por internet por un valor FOB de hasta US$200”.
“Se ordena la ejecución de la presente decisión, sobre minuta, no obstante cualquier recurso que contra la misma se interponga”. Consideró que las medidas precautorias son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dure el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en el mismo.
“Las mismas atañen a la función precautelar del juez, función que se activa para prevenir y poner los medios necesarios para evitar un riesgo o peligro inminente, en este caso el peligro de la demora en fallar del juez de amparo, que ponga en juego la efectividad del derecho cuya cautela se busca y por la vía del amparo”.
Los abogados de la Dirección General de Aduanas plantearon que fallar la medida cautelar, sin que haya podido ir a discutir la presunción de buen derecho o peligro en la demanda y si no se afectaban intereses generales, violenta la tutela judicial efectiva de la entidad y su director, en la vertiente de su derecho a ser oído, a la audiencia y a hacer defensa frente al medio presentado.
“Ese es un derecho del tribunal, nosotros entendemos que se nos ha vulnerado ese derecho, y queremos dejar constancia en acta, a los fines de los recursos ulteriores que haya que interponer en su momento”, proclamó el abogado Luis Miguel Pereyra.
Solicitó que ayer fuera conocida el fondo de las acciones de amparo.
Mientras que la abogada de la Cámara de Comercio y la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC), Fabiola Medina, quienes actúan como intervinientes voluntarios, expuso en audiencia la renuncia al plazo solicitado para conocer de las acciones, a los fines de que se ventilara el mismo.
El Ministerio público
La procuradora general Administrativa, Evelyn Escalante, pidió que conste en acta que se le ha vulnerado “flagrantemente” su derecho de defensa en la decisión de medida cautelar dictada por el tribunal. “Por lo que partiendo del hecho de que hacemos nuestras reservas para posteriores recursos, entendemos, y así queremos que conste, que la medida precautoria que se ha dictado en el día de hoy (ayer) ha sido dictada violentando la Constitución de la República y el derecho que tiene la Administración a ser oída”.
diariolibre.com
Santo Domingo. – Tras una declaración de urgencia y en dos lecturas consecutivas el Senado de la República aprobó las modificaciones a la ley número 225-20, Ley General de Gestión Integral y Procesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana.
El proyecto fue presentado por los senadores Ramón Rogelio Genao Durán de la provincia La Vega; y Ginnette Bournigal de Jiménez de Puerto Plata.
Esta pieza tiene el propósito de fortalecer el marco normativo para la gestión integral y sostenible de los residuos sólidos, modificando los artículos 4, en los numerales 11, 38, y 39; y se agregan los numerales 21-bis, 26-bis y 47-bis. También modifica los artículos 16 y 17 de la presente ley con el fin de mantener la armonía entre el hombre y su ambiente, e impedir, subsanar, corregir o eliminar las situaciones que pongan en riesgo la calidad de los recursos naturales y de la biósfera.
La iniciativa refiere que desde la promulgación de la Ley 225-20, Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, no se han logrado grandes avances en la reducción del impacto ambiental de los residuos sólidos, no obstante, persisten desafíos en la implementación efectiva de la gestión integral de estos.
La normativa establece que el manejo y la gestión integral y disposición final de los residuos es uno de los principales pilares de la Ley No. 225-20, ya que el aumento de la población, junto a los cambios en los patrones de consumo, ha provocado un incremento en la cantidad de residuos que se generan en el país. En virtud de esto, se hace necesario adoptar medidas que garanticen la conservación del ambiente sano y ecológicamente equilibrado para las presentes y futuras generaciones.
El Pleno aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que modifica la Ley-358-05, sobre la Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario.
Esta normativa tiene la finalidad de modificar varios artículos para establecer un régimen de defensa de los derechos del consumidor y usuario, garantizando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre los proveedores, consumidores de bienes y usuarios de servicios, sean de derecho público o privado, nacionales o extranjeros y la calidad de los productos que consume la población.
La pieza presentada por el senador de la provincia de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, indica que el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (PROCONSUMIDOR), como órgano del Estado destinado a garantizar los derechos fundamentales de las personas y su acceso a bienes, servicios y alimentos de calidad, debe poseer las cualidades administrativas que lo doten de las competencias sancionadoras necesarias, propugnando así por la eficacia en la aplicación de la ley y el beneficio colectivo.
En segunda lectura el Pleno aprobó el proyecto que designa con el nombre de Theodore Chasseriau el Bulevar Turístico del Atlántico, comprendido desde el cruce el Catey, en el municipio Sánchez, hasta el cruce el Limón, con la carretera de Samaná, de la provincia Samaná, propuesta del senador Pedro Manuel Catrain.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, consideró como el mayor desafío del sistema los innumerables casos pendientes.
Molina reconoció que «la mora judicial es y ha sido un reto existencial para la justicia y la sociedad«, por lo que implementan medidas en la ruta de que «estamos transformando esa realidad».
“El mayor desafío que enfrentamos es la mora judicial. Hay cientos de historias que ilustran la desesperanza e incertidumbre que generan los casos pendientes”, dijo Molina en su intervención.
En busca de corregir la situación, citó que todas las salas de la Suprema Corte resolvieron el 98 por ciento de casos ingresados en 2023, cuya meta en lo adelante es no tener expedientes inconclusos con más de seis meses.
El discurso de Molina revela que de los 11,268 casos ingresados en 2023, el 98 por ciento ya fue resuelto, con solo 561 pendientes entre las salas, a pesar de un incremento considerable por el ingreso de nuevos recursos a la Tercera Sala.
«Cada tribunal, cada jueza y juez, cada servidor judicial, ha contribuido a esta transformación. Demostrando que la justicia al día es posible si trabajamos unidos, con compromiso y entrega», añadió en sus palabras.
El objetivo de reducir los retardos judiciales encuentra marco normativo en la Ley 2-23 sobre Recurso de Casación, que pone pestillo e «impide» la entrada de prácticas dilatorias. Esta reduce de dos años a menos de cinco meses el tiempo promedio de los trámites de las partes para el apoderamiento de las salas.
Las declaraciones de Luis Henry Molina sucedieron en el marco de la Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia, en conmemoración al Día Nacional del Poder Judicial, donde contó con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.
Santo Domingo, R.D.-El partido Alianza País llamó al presidente Luis Abinader a no recibir en el Palacio Nacional al líder opositor venezolano, Edmundo González, debido a que podría arrastrar a República Dominicana a un “enfrentamiento diplomático” con Venezuela.
A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el partido indicó que “lo prudente” sería apostar al restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela, las cuales fueron clausuradas el pasado mes de julio.
Mediante el documento, el partido encabezado por Guillermo Moreno ratificó su apoyo a la “institucionalidad democrática” de Venezuela y se opone a “cualquier tipo de presión foránea para solucionar sus problemas internos”.
“Conforme los principios que rigen en la Constitución y los tratados internacionales de los que la República Dominicana es signataria, los Estados son soberanos para dirimir sus conflictos internos sin injerencias, presiones o intervenciones de fuerzas extranjeras. Corresponde al pueblo de Venezuela darle solución a los conflictos que se susciten en su país y ningún Estado ni gobierno extranjero debe inmiscuirse en los asuntos internos que solo corresponde resolver a los venezolanos”, señala Alianza País.
La reunión entre el presidente Abinader y Edmundo González está programada a realizarse el próximo jueves nueve de mayo a las 11:00 de la mañana mediante un acto en el Salón de Embajadores de la sede de Gobierno.
El acto estará centrado en los desafíos y oportunidades para el fortalecimiento democrático en Venezuela; la actividad contará con intervenciones de González, Abinader, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y uno de los expresidentes que componen la delegación del Grupo IDEA.
“En esta reunión, se abordarán temas relacionados con la situación política en Venezuela, los retos para la democracia en la región y las oportunidades para una transición pacífica y ordenada”, reseña un documento de prensa enviado a los medios de comunicación, que señala que luego se hará un almuerzo que contará además con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña y los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista y Víctor (Ito) Bisonó.
Hasta el momento el Gobierno dominicano no ha reconocido ni ha Edmundo ni a Nicolás Maduro como ganadores oficiales de las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas a finales de julio.
El Gobierno sí ha exigido en reiteradas ocasiones la publicación de las actas electorales, sin embargo el Consejo Nacional de Elecciones de ese país declaró ganador a Maduro sin dar a conocer las mismas.
Todo, mientras Edmundo señalaba que los datos que manejaba su equipo de campaña lo daban como un “amplio ganador”.