Un alto funcionario del Vaticano enfrenta este jueves un interrogatorio público de un panel de Naciones Unidas sobre alegatos de delitos sexuales contra menores cometidos por clérigos católicos.
Se espera que el Comité de la ONU de Derechos del Niño pregunte por qué la Iglesia no entregó a la policía a supuestos delincuentes.
La audiencia en Ginebra es transmitida por internet.
Es la primera vez que el Vaticano tiene que defenderse en un foro público. Los que piden justicia para las víctimas describen esta reunión como crucial.
El Vaticano se ha rehusado a entregar a la ONU los resultados de una investigación interna sobre abusos sexuales cometidos por sacerdotes.
Indicó que los casos eran responsabilidad de los sistemas judiciales de los países donde había ocurrido el abuso.
La Santa Sede enfrenta denuncias de que permitió el abuso sexual contra miles de niños al proteger a sacerdotes pederastas en detrimento de las víctimas.
En julio del año pasado, el comité pidió información detallada sobre los casos de pedofilia notificados al Vaticano desde 1995.
Se preguntó si sacerdotes, monjas y monjes encontrados culpables de crímenes sexuales siguieron en contacto con niños, qué medidas legales se tomaron en su contra y si las denuncias fueron silenciadas.
“Respuesta inadecuada”
El papa Francisco dijo que enfrentar los casos de abuso sexuial es vital para la credibilidad de la Iglesia Católica.
El Vaticano ha sido criticado por “la respuesta inadecuada” que ha dado a los alegatos de pedofilia por parte de sacerdotes.
El mes pasado, el Papa anunció que establecería un comité del Vaticano para combatir abusos sexuales infantiles en la Iglesia y ofrecer ayuda a las víctimas.
También reforzó las leyes del Vaticano sobre abuso infantil, la definición de crímenes contra menores se amplió para incluir abusos sexuales de niños.
La Santa Sede es signataria de la Convención de la ONU sobre Derechos del Niño, un instrumento legal que los compromete a proteger y apoyar a los más vulnerables de la sociedad.
Y este tipo de audiencias son obligatorias para los firmantes.
El Vaticano ratificó la convención en 1990.
Su primer y único informe de progresos fue entregado en 2012. Y provocó intensas críticas después de que en 2010 se dieron a conocer casos de abusos sexuales en Europa y otras regiones del mundo.