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El video del caso Duncan – Alburquerque causa debates tras condena.

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Santo Domingo, RD.-Como legal y lícito consideró  el Tercer Tribunal Colegiado del Distritito Nacional  el elemento de prueba audiovisual donde se le ve al imputado Félix Alburquerque Comprés disparar al comunicador Manuel Duncan hasta darle muerte.

La magistrada explicó que la legalidad del audiovisual, que consta de 11 cortes, está sustentada porque la noche que ocurrió el hecho, un técnico de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DICAT) y un investigador, coincidieron en que solicitaron a la encargada del pica pollo “Todo Express” y esta les permitió ver el video y les dio la contraseña para extraer el audiovisual.

“Al dirigirse al lugar hablaron con la encargada del lugar, de nacionalidad china, y le preguntaron si podían acceder a las imágenes fílmicas de lo que había sucedido, está a su vez no solo le permitió la entrada, sino que le dio la clave para que pudiera acceder el técnico y extraer dichos videos”, expresó.

La prueba tomó mayor fuerza en la decisión tomada por el segundo disparo que realizó Alburquerque Comprés, en vista de que en el audiovisual se ve cuando el exmilitar se da vuelta y le vuelve a disparar, aun cuando ya yacía en el suelo el comunicador Duncan.

Del mismo modo, sostuvo que ambos testigos, identificados como Isaac Abraham Rosado Marte y Wilson Sánchez, también se presentaron en un segundo local comercial, obteniendo el permiso y acceso para extraer más videos.

Entendiendo el Tribunal que al no mostrar resistencia en ninguno de los locales para extraer las fílmicas, no era necesario un documento u orden judicial del Ministerio Público, como defendía la defensa técnica del imputado.

Por estas motivaciones, las magistradas consideraron el audiovisual de “origen legal y lícito”.

Otro de los aspectos que consideraron al momento de valorar la prueba para tomar la decisión del caso fue el planteado por la defensa técnica del imputado, de si se respetó la cadena de custodia del vídeo, explicando las magistradas que el técnico analista del DICAT, José Hernández, recibió el video en crudo, sometiéndolo a una plataforma forense para mejorar la calidad, ampliar, poder darle zoom y tomar solo las partes que fueran necesarias para el caso.

Expresaron que, a pesar de que, “ciertamente se produjo interrupción” en la cadena de custodia de la prueba, esto no la desestimaba para no ser valorada por tratarse de imágenes fílmicas extraídas de cámaras de seguridad.

Sosteniendo que las imágenes en video tienen una característica distintiva que lo individualiza, consistente en la fecha y hora, minutos y segundos en la que fue filmado.

“Hemos comprobado después de un análisis minucioso y detenido que no presentan salto, sino que se mantienen corriendo los minutos y los segundos, en una misma secuencia numérica de forma ininterrumpida siendo esto un marcado que nace con la prueba misma”, explicaron.

Llegando a la conclusión de que la interrupción no era suficiente para excluir la prueba como pidiera la defensa de Alburquerque en más de una ocasión.

Ese mismo audiovisual había sido excluido por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en el auto de apertura a juicio del imputado.

Sin embargo, fue aceptado en el auto de fijación de audiencia de juicio de fondo.

En el video se muestra cuando Tavera Duncan corre, después de la pelea que sostuvo con Alburquerque Comprés, quien lo persigue con el arma, lo encuentra y le dispara dos veces, la última cuando la víctima yacía en el pavimento.

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Lanzan nueva política de anonimato de datos en Poder Judicial.

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Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.

La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).

La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.

Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).

El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.

En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.

Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).

La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.

Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.

La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.

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Sigue política irracional de préstamos del Gobierno.

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SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio

El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.

El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.

Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.

Este  miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.

Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.

sp-am

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Desvinculan de Educación a más de 600 docentes por faltas graves y cobrar sin trabajar.

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Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del  Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.

Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».

Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.

Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.

Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos

  • El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.

«Profunda investigación»

El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.

Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.

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