Santo Domingo, RD.-Como legal y lícito consideró el Tercer Tribunal Colegiado del Distritito Nacional el elemento de prueba audiovisual donde se le ve al imputadoFélix Alburquerque Comprés disparar al comunicador Manuel Duncan hasta darle muerte.
La magistrada explicó que la legalidad del audiovisual, que consta de 11 cortes, está sustentada porque la noche que ocurrió el hecho, un técnico de la Dirección Central de Inteligencia Delictiva (DICAT) y un investigador, coincidieron en que solicitaron a la encargada del pica pollo “Todo Express” y esta les permitió ver el video y les dio la contraseña para extraer el audiovisual.
“Al dirigirse al lugar hablaron con la encargada del lugar, de nacionalidad china, y le preguntaron si podían acceder a las imágenes fílmicas de lo que había sucedido, está a su vez no solo le permitió la entrada, sino que le dio la clave para que pudiera acceder el técnico y extraer dichos videos”, expresó.
La prueba tomó mayor fuerza en la decisión tomada por el segundo disparo que realizó Alburquerque Comprés, en vista de que en el audiovisual se ve cuando el exmilitar se da vuelta y le vuelve a disparar, aun cuando ya yacía en el suelo el comunicador Duncan.
Del mismo modo, sostuvo que ambos testigos, identificados como Isaac Abraham Rosado Marte y Wilson Sánchez, también se presentaron en un segundo local comercial, obteniendo el permiso y acceso para extraer más videos.
Entendiendo el Tribunal que al no mostrar resistencia en ninguno de los locales para extraer las fílmicas, no era necesario un documento u orden judicial del Ministerio Público, como defendía la defensa técnica del imputado.
Agregando además que las cámaras de seguridad estaban en un local público y captaba lo que se encontraba en la vía pública, explicando que las personas que entregaron los videos también estaban en la capacidad de ceder los audiovisuales.
Por estas motivaciones, las magistradas consideraron el audiovisual de “origen legal y lícito”.
Otro de los aspectos que consideraron al momento de valorar la prueba para tomar la decisión del caso fue el planteado por la defensa técnica del imputado, de si se respetó la cadena de custodia del vídeo, explicando las magistradas que el técnico analista del DICAT, José Hernández, recibió el video en crudo, sometiéndolo a una plataforma forense para mejorar la calidad, ampliar, poder darle zoom y tomar solo las partes que fueran necesarias para el caso.
“Procedió a analizarla utilizando el sistema forense para ello a fin de trabajar dichas imágenes tendentes a mejorar su resolución y realizando el sistema los acercamientos, los zooms, las ampliaciones y la unión de las imágenes fílmicas tomadas desde distintos ángulos, esto a los fines de mejorar la calidad de lo captado, que permita identificar las personas, lugares y objetos involucrados”, explicó la magistrada Evelyn Rodríguez cuando leía la decisión la noche del miércoles.
Expresaron que, a pesar de que, “ciertamente se produjo interrupción” en la cadena de custodia de la prueba, esto no la desestimaba para no ser valorada por tratarse de imágenes fílmicas extraídas de cámaras de seguridad.
Sosteniendo que las imágenes en video tienen una característica distintiva que lo individualiza, consistente en la fecha y hora, minutos y segundos en la que fue filmado.
“Hemos comprobado después de un análisis minucioso y detenido que no presentan salto, sino que se mantienen corriendo los minutos y los segundos, en una misma secuencia numérica de forma ininterrumpida siendo esto un marcado que nace con la prueba misma”, explicaron.
Llegando a la conclusión de que la interrupción no era suficiente para excluir la prueba como pidiera la defensa de Alburquerque en más de una ocasión.
Ese mismo audiovisual había sido excluido por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en el auto de apertura a juicio del imputado.
Sin embargo, fue aceptado en el auto de fijación de audiencia de juicio de fondo.
En el video se muestra cuando Tavera Duncan corre, después de la pelea que sostuvo con Alburquerque Comprés, quien lo persigue con el arma, lo encuentra y le dispara dos veces, la última cuando la víctima yacía en el pavimento.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
De acuerdo al órgano acusador, el 13 de marzo de este año, el fiscal concretó un encuentro con Roberto Canaán, quien es testigo en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La reunión sería en Plaza Lama de avenida Jiménez Moya con 27 de Febrero.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
En esta reunión, el fiscal le indicó de manera explícita que podía “alterar el proceso seguido” en contra de Canaán a “cambio de un beneficio económico directo”.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Cuando ambos salieron del parqueo, el fiscal fue seguido por los agentes de la Policía Nacional, quienes le solicitaron detener el vehículo cuando se encontraba en la calle Pedro Antonio Bobea, en la parte frontal del Centro Comercial Almacenes Unidos.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
Canaan se desempeñó como Gerente de Atención al Usuario en Senasa.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
Ahora el fiscal Valdez Alcántara enfrenta una solicitud de 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción por parte del Ministerio Público.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
Explicaron que esta suma la redujo a USD$150,000 “en una negociación en la que también mostró interés en un reloj marca Rolex y exigió un Mercedes Benz 350 o 450”.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Esta tarde, a las 2:00, será el conocimiento de la medida de coerción en su contra.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
La fecha dispuesta por el tribunal es del 13 al 15 de mayo, para presentar los medios probatorios por el Ministerio Público e inicio de la defensa técnica.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.
El nuevo juicio contra ambos fue ordenado por la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata luego de anular la sentencia del 27 junio del 2025 emitida por el tribunal colegiado de esta jurisdicción.