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En recta final de las elecciones predominan los temas de la elección de procurador electoral y escogencia de candidatos vicepresidenciales.
SANTO DOMINGO. Mañana martes es una fecha clave en el proceso electoral porque se cierra a las doce de la noche el plazo para la inscripción de candidaturas congresionales, presidenciales y vicepresidenciales.
Este martes a las 9:00 de la mañana también está convocado el tercer día de diálogo entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM) en el Consejo Económico y Social, donde se ha avanzado pactando la integración de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral, pero está en debate la elección del procurador para los delitos electorales.
Las expectativas están centradas en quién será el compañero de fórmula del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ya que se han tejido muchas especulaciones que van desde si ya no lo sería el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, una mujer perremeísta o empresaria, hasta la posibilidad de que sea una figura extra partido como el diputado Víctor -Ito- Bisonó.
Abinader inició este tramo posicionado para ganar en primera vuelta con un 52%, según la prestigiosa encuesta Greenberg-Diario Libre, lo que le quita presión a la hora de decidir quién sería su acompañante de boleta.
Sigue la incógnita sobre si finalmente Collado emprenderá un proyecto presidencial por uno de los partidos minoritarios.
Mueve a curiosidad la nota de prensa enviada por el expresidente Hipólito Mejía dando garantías de que apoyará “sin reservas” a quien Abinader elija como su candidato vicepresidencial, sobretodo porque no se tenía en duda el apoyo de Mejía, aunque no se le ve en las actividades de campaña fuera de las de su hija y candidata a alcaldesa de Distrito Nacional, Carolina Mejía.
La onda de equidad de género afianzada en la Ley Electoral para los candidatos a las alcaldías, y la elección de la vicepresidenta Margarita Cedeño como compañera de boleta de Gonzalo Castillo en la casilla del PLD y aliados, puede ser un factor de peso que condicione la decisión de Abinader y hasta del expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, PRSC y aliados.
El diálogo entre el PLD y el PRM con el Consejo Económico y Social, y organizaciones de la sociedad civil como observadores ha tenido avances importantes pues finalmente se logró aprobar una comisión de seguimiento y acompañamiento de la Junta Central Electoral.
Estará integrada por los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Participación Ciudadana, Manifiesto Ciudadano, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Conferencia del Episcopado, Codue, Jóvenes Protestantes de la Plaza de la Bandera, Mesa del Diálogo y Representación Cristiana y Educa.
Entre ellos elegirán presidente y secretario de la comisión, mientras los delegados de los partidos que encabezan bloques asistirán a esa comisión.
Se decidió que los delegados de los partidos presenten a la Junta Central Electoral los casos en los que hay situaciones de familiares y otros vínculos de funcionarios de juntas electorales que podrían afectar las elecciones por los conflictos de intereses.
Se identificaron 12 casos de juntas electorales con esa particularidad que son: Distrito Nacional, Villa Riva, Rancho Arriba, Villa La Mata, Monte Plata, Pedro Brand, Los Alcarrizos, Guayacanes, San Juan de la Maguana, Río San Juan, Barahona y El Factor.
Causó controversia en el seno del diálogo la propuesta del PRM para que la procuradora electoral interina sea la exfiscal del Distrito Nacional Yeny Berenice Contreras, pues el PLD había acusado al partido opositor de tener un candidato bajo la manga para ese puesto.
El PLD defiende el planteamiento de que sea electo de una terna que se proponga, para no imponerle la persona al Ministerio Público, y así elegir entre más opciones que no sean la exfiscal del Distrito Nacional.
Se acordó proponer al Ministerio Público designar de manera interina a un procurador especializado de carrera, que será recomendado por consenso entre las partes que están dialogando.
La Procuraduría Especializada en Crímenes y delitos Electorales fue establecida en la Ley de Régimen Electoral 15-19 en su artículo 289, que indica que debe ser electo por concurso en el Consejo Superior del Ministerio Público.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.