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En recta final de las elecciones predominan los temas de la elección de procurador electoral y escogencia de candidatos vicepresidenciales.
SANTO DOMINGO. Mañana martes es una fecha clave en el proceso electoral porque se cierra a las doce de la noche el plazo para la inscripción de candidaturas congresionales, presidenciales y vicepresidenciales.
Este martes a las 9:00 de la mañana también está convocado el tercer día de diálogo entre los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Revolucionario Moderno (PRM) en el Consejo Económico y Social, donde se ha avanzado pactando la integración de una comisión de acompañamiento a la Junta Central Electoral, pero está en debate la elección del procurador para los delitos electorales.
Las expectativas están centradas en quién será el compañero de fórmula del candidato presidencial del PRM, Luis Abinader, ya que se han tejido muchas especulaciones que van desde si ya no lo sería el alcalde del Distrito Nacional, David Collado, una mujer perremeísta o empresaria, hasta la posibilidad de que sea una figura extra partido como el diputado Víctor -Ito- Bisonó.
Abinader inició este tramo posicionado para ganar en primera vuelta con un 52%, según la prestigiosa encuesta Greenberg-Diario Libre, lo que le quita presión a la hora de decidir quién sería su acompañante de boleta.
Sigue la incógnita sobre si finalmente Collado emprenderá un proyecto presidencial por uno de los partidos minoritarios.
Mueve a curiosidad la nota de prensa enviada por el expresidente Hipólito Mejía dando garantías de que apoyará “sin reservas” a quien Abinader elija como su candidato vicepresidencial, sobretodo porque no se tenía en duda el apoyo de Mejía, aunque no se le ve en las actividades de campaña fuera de las de su hija y candidata a alcaldesa de Distrito Nacional, Carolina Mejía.
La onda de equidad de género afianzada en la Ley Electoral para los candidatos a las alcaldías, y la elección de la vicepresidenta Margarita Cedeño como compañera de boleta de Gonzalo Castillo en la casilla del PLD y aliados, puede ser un factor de peso que condicione la decisión de Abinader y hasta del expresidente Leonel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, PRSC y aliados.
El diálogo entre el PLD y el PRM con el Consejo Económico y Social, y organizaciones de la sociedad civil como observadores ha tenido avances importantes pues finalmente se logró aprobar una comisión de seguimiento y acompañamiento de la Junta Central Electoral.
Estará integrada por los presidentes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Participación Ciudadana, Manifiesto Ciudadano, Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), Conferencia del Episcopado, Codue, Jóvenes Protestantes de la Plaza de la Bandera, Mesa del Diálogo y Representación Cristiana y Educa.
Entre ellos elegirán presidente y secretario de la comisión, mientras los delegados de los partidos que encabezan bloques asistirán a esa comisión.
Se decidió que los delegados de los partidos presenten a la Junta Central Electoral los casos en los que hay situaciones de familiares y otros vínculos de funcionarios de juntas electorales que podrían afectar las elecciones por los conflictos de intereses.
Se identificaron 12 casos de juntas electorales con esa particularidad que son: Distrito Nacional, Villa Riva, Rancho Arriba, Villa La Mata, Monte Plata, Pedro Brand, Los Alcarrizos, Guayacanes, San Juan de la Maguana, Río San Juan, Barahona y El Factor.
Causó controversia en el seno del diálogo la propuesta del PRM para que la procuradora electoral interina sea la exfiscal del Distrito Nacional Yeny Berenice Contreras, pues el PLD había acusado al partido opositor de tener un candidato bajo la manga para ese puesto.
El PLD defiende el planteamiento de que sea electo de una terna que se proponga, para no imponerle la persona al Ministerio Público, y así elegir entre más opciones que no sean la exfiscal del Distrito Nacional.
Se acordó proponer al Ministerio Público designar de manera interina a un procurador especializado de carrera, que será recomendado por consenso entre las partes que están dialogando.
La Procuraduría Especializada en Crímenes y delitos Electorales fue establecida en la Ley de Régimen Electoral 15-19 en su artículo 289, que indica que debe ser electo por concurso en el Consejo Superior del Ministerio Público.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.