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Ahora la reclamacion de pensión tiene nuevo límite de edad y plazo tras sentencia del TC.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional el límite de edad y el plazo establecido para reclamar una pensión, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) hizo varios cambios al Contrato de Póliza de Discapacidad y Sobrevivencia del régimen contributivo, a fin de cumplir con la decisión del alto tribunal.
El alto tribunal eliminó de la Resolución 569-03 del CNSS el artículo que daba un plazo de 20 años para reclamar una pensión por discapacidad y por sobrevivencia a partir de la fecha en que ocurre el evento inhabilitante o el fallecimiento. Esta última se entrega a los familiares del asegurado cuando este muere.
- Los jueces consideraron que el CNSS excedió los poderes que le otorga la Ley número 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), porque esta no establece un plazo que limite el ejercicio del derecho a acceder a una pensión por sobrevivencia y tampoco contempla una reserva reglamentaria a su favor que le otorgue la facultad de crear limitaciones o disposiciones no previstas en la ley.
«El CNSS no solo ha excedido los poderes que le otorga la Ley número 87-01, sino que, además, se ha arrogado atribuciones exclusivas del Congreso Nacional. Ello es así debido a que el CNSS ha modificado, mediante una resolución, una ley orgánica, al pretender regular el derecho fundamental a la seguridad social, desconociendo su contenido esencial», reza la sentencia.
El TC también expulsó de la Resolución 569-03 el tope de 65 años para recibir una pensión por discapacidad.
Anteriormente también se había quitado el límite de 55 años y un día para que el familiar de un pensionado recibiera la pensión vitalicia con la sentencia TC/0405/19.
En respuesta a esos dictámenes, el CNSS dispuso en su Resolución 624-05 que a los 65 años el afiliado con discapacidad continúe con la pensión asignada y permanezca con su cobertura de salud.
El contrato póliza es un acuerdo entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las compañías de seguro para proveer una pensión al afiliado del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) ante una discapacidad y en caso de fallecimiento una pensión para sus familiares.
La resolución establece que para adecuar la normativa complementaria al nuevo Contrato Póliza la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) deberá realizar, en un plazo de 60 días calendario, las modificaciones correspondientes.
Se dispuso que la TSS, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, realice las adecuaciones necesarias a fin de permitir que las compañías de seguro puedan realizar los pagos de las retenciones de la Seguridad Social al momento de ejecución del primer pago, sin la generación de moras e intereses.
La decisión del TC es producto de una acción directa de inconstitucionalidad que interpusieron los ciudadanos Namphi A. Rodríguez, Domingo Porfirio Rojas Nina y Ángel Julián Serulle, y las entidades Fundación Prensa y Derecho, Inc.; Alianza Ciudadana para la Defensa de los Derechos Fundamentales, Inc., y el Consejo Dominicano de Derechos Humanos (CODEH).
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.