Nacionales
“No debe interpretarse caso Rondón como prueba de inocencia”, dice E.U.
Santo Domingo, R.D.-Gabriel Hurst, portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, aclaró que la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) de retirar las sanciones en contra del empresario dominicano condenado por el caso Odebrecht, Ángel Rondón, no debe tomarse como prueba de inocencia.
Hurst emitió esta declaración a través de un comunicado, en el que informó que Estados Unidos mantiene su preocupación por los casos de corrupción en República Dominicana, así como las acusaciones en contra de Rondón.
“Como hemos expresado de manera consistente, los Estados Unidos siguen profundamente preocupados por la corrupción en la República Dominicana. Estamos dispuestos a apoyar al Gobierno de la República Dominicana en sus esfuerzos para combatir la corrupción y promover el Estado de Derecho”, leía parte del referido documento.
Asimismo, en el comunicado se aclaró que si la OFAC determina que una persona o entidad cumple los criterios establecidos para ser sancionados, dicha persona o entidad podrá ser designada nuevamente de conformidad con la instancia pertinente.
¿POR QUÉ FUE SANCIONADO?
Rondón fue sancionado el 21 de diciembre del 2017, por decisión de la OFAC, que desarrolla e implementa el programa de sanciones global ‘Magnitsky’.
De acuerdo con la embajada, Rondón canalizó dinero de la empresa constructora brasileña Odebrecht funcionarios dominicanos, que a su vez adjudicaron a esta compañía proyectos de construcción de carreteras, presas y otras obras.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht es un conglomerado mundial de construcción con sede en Brasil que se declaró culpable de cargos de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y acordó una multa penal de 4,500 millones de dólares.
En el año 2017, Rondón fue detenido por las autoridades de República Dominicana y acusado de corrupción por los sobornos pagados por Odebrecht.
El pasado martes, el empresario dominicano fue removido de la vista de sancionados.
CONDENADO
La decisión fue tomada por los jueces de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidido por el magistrado Pedro Sánchez Rivera, e integrado por Nancy Joaquín y Daniel Nolasco.
En ese mismo proceso judicial el exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Víctor Díaz Rúa, fue sentenciado a 5 años de cárcel.
Luego de que se emitiera esta condena los abogados de Díaz Rúa y Rondón indicaron que recurrirán en casación ante la Suprema Corte por no estar conforme con la decisión.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.