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Embajadora de EE. UU. en RD se compromete a trabajar el tema haitiano con Abinader

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Santo Domingo, RD. – La embajadora de los Estados Unidos, Leah F. Campos, expresó su satisfacción por reunirse con la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), calificándola como el “corazón y el espíritu de la colaboración” entre ambas naciones.

Además, dijo estar dispuesta a tratar el tema haitiano, ya que considera representa una amenaza para República Dominicana como para Estados Unidos.

Campos dijo ser abiertamente creyente en Dios y que no le daba vergüenza expresarlo ante la multitud. La embajadora señaló que los valores cristianos compartidos se traducen en valores comunes, como la libertad económica, la libertad y la búsqueda de paz y seguridad.

Haití y República Dominicana

Leah F. Campos explicó que conoce de cerca lo importante que es la seguridad fronteriza y cómo las fronteras pueden representar una amenaza para la estabilidad de un país, ya que los Estados Unidos ha pasado por situaciones similares. Por ello, considera que Haití no solo es una amenaza para la República Dominicana, sino también para su nación. En consecuencia, se comprometió a ser parte de la solución y a establecer un diálogo con el presidente Luis Abinader en busca de alternativas para abordar este tema.

Enfatizó que la seguridad económica y la seguridad nacional van de la mano. Como parte de las prioridades de la administración Trump, reiteró el compromiso de fortalecer la seguridad fronteriza, contrarrestar el narcoterrorismo y mejorar la vigilancia marítima, siguiendo la visión de “Hacer que América y la República Dominicana vuelvan a ser grandes” (Let’s make America and the Dominican Republic great again).

Además del presidente Abinader, Campos se comprometió a abordar el tema junto al sector privado del país, con el fin de buscar soluciones que ayuden a estabilizar Haití, con la meta de que los haitianos puedan vivir en un país pacífico y seguro.

Para Leah, la administración Trump y la República Dominicana están “100 % alineadas” en la protección de la región compartida. Esto incluye trabajar mano a mano para proteger a las poblaciones del narcoterrorismo y de las fuerzas que buscan desestabilizar las economías y libertades de ambas naciones.

Este compromiso fue reafirmado con la visita del secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, y el presidente Abinader, donde se destacaron los valores compartidos entre ambos países, además de los acuerdos para permitir que aviones estadounidenses sean piloteados desde territorio dominicano para combatir el crimen organizado en el Caribe.

Durante su intervención, la embajadora agradeció a su predecesora, Patricia Aguilera, por su firme compromiso con el comercio bilateral. Campos también destacó su conexión personal con el país, mencionando la fe y la humildad del pueblo dominicano tras asistir a servicios religiosos en Santo Domingo.

Cooperación reforzada contra el crimen

En el combate contra el narcotráfico y el lavado de activos, la República Dominicana ha sido calificada como un «aliado indispensable«. Mencionó el trabajo conjunto con las fuerzas del orden dominicanas, incluyendo la ampliación de la colaboración a través de un grupo de trabajo conjunto contra el lavado de activos, enfocado en el intercambio de información y la rendición de cuentas para desmantelar redes criminales.

Destacó la relación entre ambas naciones y la lucha por combatir la trata de personas

La Embajadora de Estados Unidos subrayó que la estrategia «America First» no implica aislamiento, sino que depende de la fortaleza de sus socios, nombrando a la República Dominicana como uno de sus aliados más confiables.

Pete Hegseth y Luis Abinader. Foto: José de León

La diplomática destacó la capacidad demostrada del país para enfrentar amenazas regionales, señalando que juntos forman una «frontera compartida de seguridad, comercio y cooperación» que beneficia a ambas naciones.

Campos dijo que República dominicana había logrado un avance importante entorno a la trata de personas, pasando al nivel 2 en la reducción de dicho flagelo

“En cuanto a la trata de personas, quiero felicitar al presidente Abinader y a su equipo por la mejora de la República Dominicana al nivel 2 en el Informe sobre la trata de personas de los Estados Unidos”, precisó.

“Sabemos que el trabajo no ha terminado, pero se trata de un progreso significativo que merece ser reconocido”, agregó.

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Extraditan tres dominicanos solicitados por Estados Unidos

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Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dispuso este martes por decreto la extradición a Estados Unidos de tres dominicanos requeridos por la justicia de ese país por distintos cargos criminales.

La medida está contenida en los decretos números 41-2642-26 y 43-26, emitidos por el Poder Ejecutivo y dados a conocer por la Presidencia de la República.

Los decretos ordenan la entrega de Louis Júnior Rodríguez Serrano, también conocido como Lowi Júnior Rodríguez Marte; Wady Joel Díaz Meléndez, y Gerardo Heriberto Núñez Núñez, quienes enfrentan procesos judiciales en diferentes jurisdicciones de Estados Unidos.

Rodríguez Serrano o Rodríguez Marte es requerido por la justicia federal estadounidense por múltiples cargos contenidos en la acusación formal del caso número 24-CR-6, presentada el 4 de enero de 2024 ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey.

Los cargos incluyen:

  • Cargo uno: Asociación delictuosa para cometer fraude por medios electrónicos y correo postal, en violación del título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 1349.
  • Cargos nueve y diez: Fraude electrónico, en violación del título 18secciones 2 y 1343.
  • Cargos doce al dieciséis: Fraude por correo postal, en violación del título 18secciones 2 y 1341.
  • Cargo diecisiete: Asociación delictuosa para cometer lavado de activos derivados del fraude electrónico y postal, en violación del título 18, sección 1956(h).
  • Cargo diecinueve: Lavado de activos, en violación del título 18, secciones 2 y 1956(a)(1)(B)(i).

El cargo está tipificado como violación del capítulo 265 de las Leyes Generales de Massachusetts, sección 1.

Asimismo, el dominicano Gerardo Heriberto Núñez Núñez será extraditado para enfrentar cargos por asociación delictuosa para cometer lavado de activos, conforme a la acusación del caso criminal número 1:24-cr-10138, presentada el 14 de mayo de 2024 ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts.

El expediente señala violaciones al título 18 del Código de los Estados Unidos, secciones 1956(h), 1956(a)(1)(B)(i), 1956(a)(2)(B)(i) y 1957.

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Abogados sostienen que denuncia contra Julio Iglesias podría ser aceptada en República Dominicana.

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Santo Domingo.- Podría ser aceptada en la República Dominicana la denuncia presentada en España contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas suyas en el país  y Bahamas, que fue archivada en tribunales de Europa por «falta de jurisdicción».

Los supuestos hechos ocurrieron en República Dominicana, concretamente en la mansión de Iglesias en Punta Cana (este), una de las denunciantes es dominicana y el cantante posee la nacionalidad dominicana, «por lo que evidentemente el caso es competencia de la República Dominicana, no de España», dijo a EFE el jurista y académico dominicano Cándido Simón.

La Fiscalía española concluyó el viernes que no se daban los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia pueda investigar la denuncia porque, según argumentó, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una «conexión material con España», por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

El caso afecta a una exempleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

El abogado criminalista dominicano y profesor de Derecho Penal René del Rosario explicó a EFE que las denunciantes pueden «perfectamente» presentarse a la fiscalía de Higüey, el principal municipio de la provincia La Altagracia, donde se ubica Punta Cana, e interponer una denuncia o querella, pero también el Ministerio Público, por tratarse de una acción pública, puede ordenar una investigación.

En Derecho y Medicina «es peligroso hacer pronósticos», pero «en este tipo de casos, aunque sin el perfil (mediático) de Julio Iglesias, regularmente la acción no procede por la dificultad científica de poder establecer que los hechos pasaron y más cuando el sospechoso lo niega», apuntó.

Tras conocerse la denuncia, Julio Iglesias aseguró que nunca «ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer», y posteriormente intentó personase en esta investigación, para tener acceso directo al contenido de la denuncia, pero la Fiscalía de su país rechazó su petición.

Las dos mujeres presentaron la denuncia el pasado 5 de enero, y días después, el 16, la Fiscalía otorgó la condición de testigos protegidos a las denunciantes, representadas por la organización Women’s Link Worldwide.

La apertura de esta causa se conoció el mismo día que una investigación periodística de eldiario.es. (España) y Univisión Noticias (EEUU) recogía relatos de ambas denunciantes sobre presuntas agresiones sexuales, lesiones y vejaciones por parte del cantante en 2021, cuando éste tenía 77 años.

Aunque Julio Iglesias tiene la nacionalidad dominicana y una de las denunciantes es dominicana, las autoridades locales prácticamente se han mantenido al margen del tema.

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Gobierno busca enmienda en el Senado de límite de aerolíneas en acuerdo RD-Cuba

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Santo Domingo.- Un protocolo de enmienda fue sometido al Congreso Nacional por el presidente Luis Abinader sometió al acuerdo sobre transporte aéreo entre el gobierno dominicano y el de Cuba, firmado el 29 de junio de 2023, para eliminar el tope de aerolíneas entre ambos países.

El convenio vigente establece un límite de dos líneas aéreas para operar las rutas de las dos naciones.

La nueva pieza busca que se puedan designar tantas aerolíneas como se considere, según la normativa interna de cada estado, con el propósito de incrementar el flujo de pasajeros, el comercio, la conectividad y el transporte aéreo entre los territorios.

El convenio actual, firmado el 9 de diciembre de 2005, indica en el referido apartado que cada parte contratante tendrá derecho a designar, de conformidad con sus regulaciones internas, “hasta dos líneas aéreas” (…).

Los demás numerales del artículo III y demás contenidos del documento quedan invariables.

Trámite

La pieza de corrección fue introducida al Senado de la República el pasado 22 de enero, por lo que deberá agotar su trámite en el órgano legislativo.

Si la Cámara Alta ratifica el acuerdo, como se prevé, este pasará a la Cámara de Diputados para un proceso similar. Si el ala congresual refrenda el convenio, el documento pasará al Tribunal Constitucional, que verificará si está conforme a la Carta Magna, para darle el visto bueno y remitirlo al Poder Ejecutivo, que lo hará efectivo.

El presidente de la Junta de Aviación Civil (JAC) en República Dominicana, José Ernesto Marte Piantini; y el del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), Armando Luis Daniel López, suscribieron, el 29 de junio de 2023, el protocolo de enmienda al acuerdo sobre transporte aéreo entre ambas naciones en presencia de Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de la República de Cuba, y Juan Carlos Salazar, secretario general de la OACI.

El convenio se realizó en el marco de la Undécima Reunión de Directores de Aviación Civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, evento organizado por la Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

La firma del documento concluye las negociaciones iniciadas a través de la Junta de Aviación Civil y actualiza el acuerdo suscrito en la ciudad de la Habana, Cuba, el 9 de diciembre del 2005, con modificaciones al artículo 3, el cual contiene las disposiciones que rigen la designación y autorización de los operadores aéreos entre los dos territorios caribeños.

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