Santo Domingo, RD.-Por incumplir lo dispuesto por una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, las cuentas del Ministerio de Educación fueron embargadas por un monto de 950 millones de pesos.Nacionales
Continúa agitado curso violaciones jurisdiccionales del Gobierno de Abinader.
Santo Domingo, RD.-Por incumplir lo dispuesto por una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, las cuentas del Ministerio de Educación fueron embargadas por un monto de 950 millones de pesos.El embargo retentivo al Ministerio de Educación fue trabado en las cuentas del Banco de Reservas, el Ministerio de Hacienda, la Tesorería Nacional y la Dirección de Presupuesto, a fin de que inhabiliten la suma adeudada a los técnicos, para seguridad del cobro.
Los técnicos también presentaron una demanda en responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA), en contra del ministerio de Educación y de su titular, Roberto Fulcar, y del Estado dominicano, en procura de que le sean resarcidos los daños y perjuicios que se les ha causado por el desacato del fallo.
Los técnicos fueron favorecidos con la sentencia TC-0415-16, emitida por el Tribunal Constitucional el 13 de septiembre de 2016.
Luego, ante las gestiones realizadas ante la Unidad de Ejecución de Sentencias del TC, fue designó al juez Miguel Valera Montero, como conciliador, logrando un acuerdo transaccional mediante el cual el Ministerio de Educación se comprometió a erogar los recursos, ascendente a más de 1,600 millones de pesos.
El Ministerio de Educación suscribió el 24 de mayo del 2022 el acta de conciliación número 0004-2022, que homologó el contrato transaccional número 0282, suscrito con los técnicos de educación.
Mediante ese acuerdo, el Ministerio de Educación se comprometió a pagarle el 50 por ciento el 30 de julio del 2022, lo cual no ocurrió.
Las acciones legales fueron presentadas por los técnicos a través de los abogados Wilson Tolentino, Máximo Calzado y Caonabo Martínez, y anunciadas en rueda en una rueda de prensa con la participación de varios técnicos.
Dificultades
“Nos sentimos mal y queremos que el incumbente de Educación resuelva este tema”, expresó Francisco Javier Álvarez, quien habló en representación de los técnicos
Sostuvo que se sienten desesperados por la tardanza en cobrar los incentivos laborales que le corresponden y que le fue ordenado a Educación mediante sentencia.
El abogado Tolentino precisó que a cada técnico le corresponde entre 450,000 a 700,000 pesos. Hizo un llamado a las autoridades de Educación a que respeten la ley y las decisiones del Tribunal Constitucional.
Expresó que hay técnicos enfermos y tienen grandes carencias. Indicó que lo que están reclamando no es una dádiva, sino un crédito laboral.
Dijo que el ministerio de educación ha hecho caso omiso a la palabra empeñada, al incumplir el acuerdo.
De su lado, el abogado Máximo Calzado deploró la tardanza del Ministerio de Educación en ejecutar el fallo del TC.
Señaló que han hecho ingentes esfuerzos por resolver este tema desde el año 2016.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Los tribunales de la República, considerando los principios de proporcionalidad y minimización de datos, ponderarán las informaciones de carácter personal o bienes que aparecerán en las redacciones, por lo que está sujeta a la discreción del juez.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
Los registros llamados a anonimato comienzan en los identificativos: nombres y apellidos, nombre de pila, apodos, fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, domicilio o dirección postal, dirección electrónica, dirección IP, correo electrónico y los números de pasaporte, cédula, carnet de conducir, policial, funcionario público, colegiado o de seguridad social.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
Los detalles de este artículo están contenidos en la redacción oficial de la Política de Protección de Datos.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Informó, asimismo, que la mayoría de los actos de indisciplina se registraron en las regionales educativas 10, de Santo Domingo II; 15, de Santo Domingo; 06, de La Vega, y 05, de San Pedro de Macorís.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.