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Procuraduría es emplazada a investigar corrupción de Odebrecht en Punta Catalina
Santo Domingo.– El Comité Nacional de Lucha Contra Contra el Cambio ante la reciente publicación de los resultados de la auditoría financiera de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, practicada por la Cámara de Cuentas, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, emplazaron a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, a abrir de inmediato una investigación sobre los actos de corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices en la generadora de electricidad.
Según la Cámara de Cuentas, la auditoría financiera de Punta Catalina reveló que el costo de la construcción de esta termoeléctrica ascendió a RD$148 mil millones y que se produjo una sobrevaluación de unos 442 millones de dólares.
Las entidades exigen a la Cámara de Cuentas la publicación tanto de la auditoría financiera que practicada por esta entidad a Punta Catalina, como la auditoría financiera forense que realizó una firma de auditores internacionales contratada por el Ministerio de Energía y Minas, cuyos resultados fueran anunciados públicamente por el entonces ministro de esa cartera, Antonio Almonte, en abril del año pasado.
«El público debe tener acceso a los informes de estas dos auditorías para poderlas comparar, porque no es poca cosa que exista una diferencia de más de 600 millones de dólares en cuanto a la sobrevaluación entre una y otra auditoría. Esto debe ser dilucidado de forma transparente y pública», insistieron.
Informaron que las organizaciones desde hace meses han estado reclamando por vía de libre acceso a la información pública, la auditoría financiera forense que el ministro Antonio Almonte anunciara, sin que la Cámara de Cuentas o el Ministerio de Energías y Minas entregaran este documento, a pesar de que es de naturaleza pública.
Momento adecuado
Plantearon que este es el momento adecuado para que el Ministerio Público inicie la investigación contra la corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices, ya que existen pruebas materiales de estos delitos.
Indicaron que hasta la fecha, ni el Ministerio Público ni la justicia han abordado la colosal corrupción cometida por el Consorcio Odebrecht en Punta Catalina, a pesar de que cientos de miles de personas lo han reclamado en las calles del país.
Dijeron que a principios de este año 2025, las organizaciones denunciaron la corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices en Punta Catalina, ante la Audiencia sobre Corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebrada en Washington, EUA,
Recordaron que Odebrecht rompió el acuerdo de lenidad que suscribió en 2017 con el Ministerio Público, al dejar de pagar la indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano. Hasta la fecha únicamente ha pagado de esta suma, 60 millones de dólares, quedando pendientes 124 millones de dólares.
Las organizaciones expresaron su esperanza de que la magistrada Yeni Berenice Reynoso cumpla la promesa que les hizo el 30 de agosto del año pasado, cuando era la directora de persecución de la PGR, de que iniciaría la persecución contra el Consorcio de Odebrecht por la corrupción cometida en la construcción de Punta Catalina.
Se debe investigar a la actual administración de Punta Catalina
Manifestaron que la investigación debe abarcar a todos los miembros del consorcio, que son Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella.
Consideraron que esta investigación debe incluir a la actual gerencia de Punta Catalina que conociendo la existencia de estas fallas técnicas estructurales o vicios de construcción, escondió su existencia y tomó recursos del Estado dominicano para corregir parte de estas fallas, contratando a Odebrecht y a Tecnimont, responsables directos de haberlas causado.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.