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Procuraduría es emplazada a investigar corrupción de Odebrecht en Punta Catalina
Santo Domingo.– El Comité Nacional de Lucha Contra Contra el Cambio ante la reciente publicación de los resultados de la auditoría financiera de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, practicada por la Cámara de Cuentas, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, emplazaron a la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, a abrir de inmediato una investigación sobre los actos de corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices en la generadora de electricidad.
Según la Cámara de Cuentas, la auditoría financiera de Punta Catalina reveló que el costo de la construcción de esta termoeléctrica ascendió a RD$148 mil millones y que se produjo una sobrevaluación de unos 442 millones de dólares.
Las entidades exigen a la Cámara de Cuentas la publicación tanto de la auditoría financiera que practicada por esta entidad a Punta Catalina, como la auditoría financiera forense que realizó una firma de auditores internacionales contratada por el Ministerio de Energía y Minas, cuyos resultados fueran anunciados públicamente por el entonces ministro de esa cartera, Antonio Almonte, en abril del año pasado.
«El público debe tener acceso a los informes de estas dos auditorías para poderlas comparar, porque no es poca cosa que exista una diferencia de más de 600 millones de dólares en cuanto a la sobrevaluación entre una y otra auditoría. Esto debe ser dilucidado de forma transparente y pública», insistieron.
Informaron que las organizaciones desde hace meses han estado reclamando por vía de libre acceso a la información pública, la auditoría financiera forense que el ministro Antonio Almonte anunciara, sin que la Cámara de Cuentas o el Ministerio de Energías y Minas entregaran este documento, a pesar de que es de naturaleza pública.
Momento adecuado
Plantearon que este es el momento adecuado para que el Ministerio Público inicie la investigación contra la corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices, ya que existen pruebas materiales de estos delitos.
Indicaron que hasta la fecha, ni el Ministerio Público ni la justicia han abordado la colosal corrupción cometida por el Consorcio Odebrecht en Punta Catalina, a pesar de que cientos de miles de personas lo han reclamado en las calles del país.
Dijeron que a principios de este año 2025, las organizaciones denunciaron la corrupción del Consorcio Odebrecht y sus cómplices en Punta Catalina, ante la Audiencia sobre Corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, celebrada en Washington, EUA,
Recordaron que Odebrecht rompió el acuerdo de lenidad que suscribió en 2017 con el Ministerio Público, al dejar de pagar la indemnización de 184 millones de dólares a favor del Estado dominicano. Hasta la fecha únicamente ha pagado de esta suma, 60 millones de dólares, quedando pendientes 124 millones de dólares.
Las organizaciones expresaron su esperanza de que la magistrada Yeni Berenice Reynoso cumpla la promesa que les hizo el 30 de agosto del año pasado, cuando era la directora de persecución de la PGR, de que iniciaría la persecución contra el Consorcio de Odebrecht por la corrupción cometida en la construcción de Punta Catalina.
Se debe investigar a la actual administración de Punta Catalina
Manifestaron que la investigación debe abarcar a todos los miembros del consorcio, que son Odebrecht, Tecnimont y el Grupo Estrella.
Consideraron que esta investigación debe incluir a la actual gerencia de Punta Catalina que conociendo la existencia de estas fallas técnicas estructurales o vicios de construcción, escondió su existencia y tomó recursos del Estado dominicano para corregir parte de estas fallas, contratando a Odebrecht y a Tecnimont, responsables directos de haberlas causado.
Santo Domingo, R.D.-Una iniciativa introducida en la Cámara de Diputados estudia actualmente una iniciativa que permitiría por primera vez de forma expresa que los hombres puedan incorporar el apellido de sus esposas en su cédula y otros documentos, bajo las mismas condiciones que hoy lo hacen algunas mujeres de manera opcional.
El proyecto de ley es autoría de la diputada Gabriela Abreu Santos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y busca regular el apellido de los cónyuges en la cédula de identidad, una practica que, según la pieza legislativa, solo estaba organizada de forma administrativa, no legal.
En ese sentido, la propuesta busca que no solo las mujeres usen el apellido de los esposos, sino que los hombres también puedan agregar el apellido de sus esposas en sus documentos.
El proyecto señala que la inclusión del apellido de la pareja podría realizarse mediante la expresión «de + apellido del cónyuge» o mediante cualquier otra modalidad que establezca la Junta Central Electoral en su reglamentación.
Para solicitar la incorporación del apellido del cónyuge, la propuesta exige la presentación del acta de matrimonio registrada conforme a la Ley 4-23, una solicitud expresa del interesado y un documento de identidad vigente.
La pieza legislativa también dispone que este derecho se reconozca sin distinción de género, por lo que podría ser ejercido por cualquiera de los cónyuges en igualdad de condiciones.
El proyecto contempla que la persona que haya decidido utilizar el apellido de su pareja podrá solicitar en cualquier momento su eliminación del documento de identidad.
Asimismo, en caso de divorcio, nulidad del matrimonio o fallecimiento del cónyuge, el titular del documento podrá optar por mantener el apellido como uso social o solicitar su retiro de la cédula.
En caso de ser aprobada totalmente en el Congreso, la JCE dispondría de un plazo de 90 días para dictar el reglamento que regule la aplicación de la norma.a
En la exposición de motivos, la diputada Abreu Santos sostiene que el objetivo del proyecto es garantizar la libertad de elección de los ciudadanos en el uso del apellido de su cónyuge, en condiciones de igualdad, y fortalecer la seguridad jurídica en materia de identidad.
La legisladora también señala que actualmente la inclusión del apellido del cónyuge en la cédula se realiza como una práctica administrativa, sin una regulación legal expresa, por lo que considera necesario establecer una norma clara que regule esta posibilidad.
Santo Domingo, R.D.- Charlizze Altagracia Hernández Monegro, joven golpeada por un coronel de la Policía Nacional, interpuso una querella con constitución en actor civil contra el coronel Fausto Madé Ramírez, por haberla agredido en plena vía pública en Los Mina, municipio Santo Domingo Este, hecho que que quedó captado en video y fue ampliamente difundido en las redes sociales.
La instancia fue presentada ante la Fiscalía de Santo Domingo e incluye como tercero civilmente responsable a la entidad policial por tratarse de un agente en funciones.
Los abogados de la querellante sustentan la acción en los artículos 186, 198, 265, 266, 309, 309-1 y 309-3, ordinales B, C y E, del Código Penal Dominicano, que tipifican delitos relacionados con agresión y violencia.
Este hecho vuelve a colocar en el centro del debate público el uso de la fuerza por parte de agentes del orden y la efectividad de los mecanismos de supervisión, en momentos en que se impulsa una reforma policial orientada a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la institución.
- Sin embargo, su accionar no es un hecho aislado en su historial dentro de la institución.
El oficial ya había sido sancionado anteriormente en 2018, entonces con rango de teniente, y subcomandante del destacamento de Los Frailes por una conducta violenta hacia un ciudadano.
Según el informe del cuerpo del orden de ese momento, el agente incurrió en una actuación contraria a los principios de prudencia y tolerancia que deben regir el accionar policial, por lo que fue remitido a la Dirección de Asuntos Internos.
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Distribuyen agentes policiales para reforzar seguridad en operativo de Semana Santa 2026
Santo Domingo, R.D.-Agentes de la Policía Nacional fueron distribuidos este miércoles s nivel nacional para fortalecer las labores de prevención y garantizar la seguridad ciudadana durante el asueto de Semana Santa 2026.
Los agentes, debidamente uniformados y con su equipaje en mano, forman parte del contingente que se integrará al Operativo Proteger y Servir Semana Santa 2026, una iniciativa del Gobierno dominicano que articula esfuerzos entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad del Estado.
Las autoridades policiales señalaron que este despliegue forma parte de la estrategia preventiva diseñada para reducir la incidencia delictiva, evitar accidentes y ofrecer una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera surgir durante el desplazamiento masivo de ciudadanos en este período.
Asimismo, exhortaron a los agentes a desempeñar sus funciones con apego a los protocolos institucionales, respeto a los derechos fundamentales y un alto sentido de responsabilidad, recordando que representan el rostro cercano de la institución ante la ciudadanía.
Con esta distribución, la Policía Nacional continúa fortaleciendo su capacidad operativa y reafirma su compromiso de proteger vidas, preservar el orden público y contribuir a que la población disfrute de una Semana Santa segura y en paz.