Nacionales
Empresa solicitó medidas cautelares para suspender el contrato entre la JCE y CSI
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Los abogados de Caelum, la multinacional alemana que impugnó los resultados de la licitación para el nuevo documento de identidad y electoral dominicano, solicitaron medidas cautelares ante el Órgano Rector de las Contrataciones Públicas.
Según Francisco Álvarez, de la oficina de abogados Headrick Rizik Alvarez & Fernández, han pedido que se ordene la suspensión de los efectos del Contrato Administrativo firmado entre la JCE y Copy Solutions International (CSI) hasta tanto sea conocida la apelación sobre el rechazo de las impugnaciones efectuada a la licitación.
“Con los pronunciamientos de varios miembros de la JCE y el director de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), entre otros, ha quedado demostrados que teníamos razón y que el proceso ha estado plagado de incongruencias y falta de seriedad”, aseguró Francisco Álvarez.
El abogado puntualizó que, sobre la marcha, la JCE electoral le ha ido incorporando características a la propuesta escogida, de manera que ya está lejos de la que presentó originalmente CSI, violando así nuevamente la Ley de Contrataciones Públicas. “Aún así, no es cierto que tenga 23 medidas de seguridad; varias de ellas se reiteran con diferentes nombres”, aseguró.
“Como prueban los documentos, CSI ni siquiera cotizó impresión en ultra violeta, pero ahora, fuera de la licitación, la agregan. Todas las medidas de seguridad que ahora presentan, están sobre el plástico virgen y no hay ninguna en el film que protege la información variable sobre el titular del documento. Ya ningún documento confiable se produce de esa manera”, dijo el abogado.
El abogado llamó la atención de que el reverso de la cédula que planea expedir la JCE no tiene ninguna medida de protección sobre los datos variables impresos, con la gravedad de que esta parte de la cédula es la que contiene toda la información electoral, lo que debería preocupar seriamente a los partidos políticos.
Según el representante de Caelum, una de las mayores incongruencias de la JCE fue anunciar que tendríamos una cédula biométrica, para luego admitir que no es posible porque el país no está preparado para tener una cédula con chip integrado. Varios bancos dominicanos han emitido el plástico de sus tarjetas de crédito con chip integrado, porque las medidas de seguridad que utilizaban, similares a las anunciadas por la JCE, ya no son efectivas.
El abogado señaló que en una licitación se mueven los intereses de los participantes, que lógicamente desean ganar, pero que siempre debe primar el interés público, por lo que debe asegurarse que la cédula que se vaya a entregar sea la mejor y más segura posible, lo que no ha sido posible de asegurar en el presente caso debido a las violaciones a la Ley de Contrataciones Públicas en que incurrió la JCE.
“La JCE debería contratar un experto internacional en documentos de identidad, cuya reputación pueda ser avalada por organismos internacionales, y pedirle un examen de la cédula que planea expedir, incluyendo medidas de seguridad y costo. Así el país podrá confiar en que esta vez la JCE no se equivocará, como lo hizo en los costosísimos fracasos de Datocentro y Somo”, finalizó el abogado.
Nacionales
Son imprescriptibles actos de corrupcion de exministros de Danilo Medina por tratarse de criminalidad organizada, dice MP.
Santo Domingo, R.D.-La titular de la Procuraduria Especializada de Persecucion de Corrupcion Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, sostuvo al responderlle a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, que la corrupción administrativa, como la que se le imputa al exfuncionario y a otros más de los gobiernos del expresidente Danilo Medina, «son casos de criminalidad organizada«, los cuales la ley establece que son «imprescriptibles».
Durante la continuación de la réplica ante el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, Ortiz sostuvo que la acusación contra Guerrero y los también exministros Gonzalo Peralta y José Ramón Peralta son procesos de criminalidad organizada porque «contienen todas y cada una de las características» de la criminalidad compleja u organizada.
Tiene la particularidad de ser «un grupo de funcionarios públicos que se coalicionan, que se asocian con empresarios, con testaferros, que pagan sobornos, que mueven activos, que falsifican documentos, que crean estrategias para estafar al Estado», aseveró.
Sostuvo que no solamente la Ley 10-05 del Código Procesal Penal, modificada por la 97-25, contempla que el crimen organizado es imprescriptible, también los tratados internacionales, a los cuales está suscrito la República Dominicana y que tienen el mismo imperio de la normativa local.
La procuradora adjunta manifestó también que, en cuanto al plazo razonable, la jurisprudencia y los acuerdos internacionales han concluido que la extinción de la acción penal no puede plantearse con un simple «conteo matemático» en casos de corrupción como los que se conocen actualmente en el país por la complejidad de estos procesos.
Las indagatorias por las que se llevó a los tribunales se hicieron en el 2021 por los hechos que se le cuestionan durante su gestión en el Ministerio de Hacienda, añadió Ortiz.
La titular de al Pepca citó que el Tribunal Constitucional, en su sentencia TC-0770-24 y la Corte Interamericana han establecido que, aunque los plazos están establecidos por ley, «hay condiciones y circunstancias que deben verificarse para establecer la razonabilidad de esos plazos. Dilaciones del proceso propias de la misma dinámica de los procesos», subrayó.
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La defensa del exministro de Hacienda aseguró que en la réplica que ha hecho el Ministerio Público no ha logrado presentar ni una sola prueba que otorgue posibilidad de que el exfuncionario sea condenado por las acusaciones.
María del Pilar Zuleta, del equipo de abogados de Guerrero, sostuvo que debe preocupar que el órgano acusador manifieste que el plazo para investigar en el proceso penal no tiene un límite, cuando no es así.
«El Código Procesal Penal le fija unos límites para investigar, especialmente cuando el ciudadano está sometido a medidas de coerción«, sostuvo Pilar Zuleta fuera del tribunal a periodistas.
Otro de los puntos que, según dice hay que cuestionar, es sobre que en la acusación no se deben depositar las pruebas, solo enunciarlas.
«Y estas dos afirmaciones del Ministerio Público son preocupantes porque demuestran que no están dispuestos a someterse al debido proceso para hacer sus acusaciones«, dijo la abogada.
San Francisco de Macorís.-Un médico general, identificado como Wilber Polanco Sanz, quien trabaja en una policlínica en el municipio de Las Guáranas, provincia Duarte, fue acusado de violar a una joven haitiana, de 20 años de edad, mientras acudió a ese centro a hacerse una sonografía.
La joven indicó que después de que el doctor le introdujo el transductor endovaginal y le informó que no estaba embarazada, le dijo que tenía “una enfermedad, no sé cómo se llama, unos cositos y él me dijo que no es peligroso», que me pondría unos medicamentos y se me iban a quitar. «Después él dijo que me volteara encima de la cama”, y supuestamente abusó de ella diciéndole que “era un procedimiento normal”.
Tras la acción, dijo que el galeno la amenazó con llamar a Migración si informaba lo ocurrido.
De acuerdo a la fiscal de la Unidad de Atención Integral a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Sandra Sierra Difó, el galeno tiene tres denuncias por haber violado a otras mujeres, por lo que, al intercambiar información con el cuerpo del orden, fue detenido.
Al ser cuestionado sobre las acusaciones, Polanco Sanz negó los hechos y dijo que la joven que supuestamente es evangélica no sabía que para el estudio había que introducirle un aparato por su vagina.
“Ella parece que es evangélica y sintió vergüenza y se tapó la cara”. “Le introduzco el transductor, le hago el estudio y le entrego su estudio; la secretaria se lo entra en un sobre y la paciente sale muy normal”, dijo.
“Ahora díganme ustedes, ¿una persona a la que uno haya intentado abusar de ella, como ella dice, que yo me desnudé, que la violé, que le introduje los dedos, va a salir caminando normal? Yo tengo todo grabado; ella puede decir que hasta la cabeza le introduje, pero es su palabra contra la mía; yo tengo cámaras, que dicen cómo salió ella de allá”, sostuvo Polanco.
De acuerdo a la fiscal, se están realizando todas las investigaciones necesarias para sustentar el caso. El profesional de la salud será sometido a la justicia en las próximas horas.
SANTO DOMINGO.-Mirna Ortiz, procuradora de corte, sostuvo este miércoles que la defensa del acusado Jean Alain Rodríguez Sánchez se muestra desordenada y continúa presentando argumentos débiles frente a las pruebas aportadas por el Ministerio Público en el proceso judicial que se lleva en su contra por corrupción administrativa.
“Tenemos tres días escuchando incidentes planteados de forma desorganizada, que no permiten al tribunal concretar ciertamente cuáles son las pretensiones de las partes y el tribunal dio un plazo hasta el miércoles a las 2:00 de la tarde para que organicen su estrategia y se presenten de forma organizada en el tribunal”, dijo la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Mirna Ortiz, quien representó al Ministerio Público en la audiencia junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Aurelio Valdez, ofreció detalles del proceso en respuesta a preguntas de periodistas que cubren el juicio que se ventila en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
En la jornada de este miércoles la defensa del acusado Alfredo Solano Augusto continuó presentando incidentes.
Conforme al expediente, Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en que se desempeñó como procurador General de la República.
También, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás procesados enfrentan cargos por corrupción, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos.