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Economía

Empresarios proponen incluir competitividad y alianza públicoprivada en reforma del Estado

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Asimismo, propusieron la eliminación de las duplicidades, la transparencia, el uso eficiente de los recursos, un mayor y mejor uso de la tecnología, de las redes sociales y las plataformas digitales.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-  Los empresarios organizados del país le propusieron al gobierno dominicano asumir un proceso de reforma del Estado que promueva el desarrollo, un ambiente de competitividad para fomentar la inversión, una alianza público-privada y la simplificación de los trámites burocráticos en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y a las empresas.

Asimismo, propusieron la eliminación de las duplicidades, la transparencia, el uso eficiente de los recursos, un mayor y mejor uso de la tecnología, de las redes sociales y las plataformas digitales.

El sector empresarial formuló la propuesta durante el panel organizado con el título “Expectativas del Sector empresarial de República Dominicana sobre la Reforma y Modernización de la Administración Pública”, el cual forma parte del seminario Internacional que sobre la Reforma de la Macroestructura del Estado organizó el Ministerio de Administración Pública, en un hotel de esta capital desde el 14 al 16 de febrero.

En el panel participaron César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); María Esther Fernández de Pou, presidente del Comité Legal de la Cámara Americana de Comercio; Saúl Abréu , director ejecutivo de la Asociación para el Desarrollo Incorporado de Santiago (APEDI), y Karina  Mancebo, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), quienes reconocieron los avances logrados en la Administración Pública, sobre todo en el proceso de formación y profesionalización  del personal, en la creación  de ventanillas únicas para determinados servicios, en el proyecto de República Digital para facilitar los servicios a distancia, tecnológicos y digitales.

También, en la mejoría y calidad de los servicios públicos a través de la implementación de programas de autoevaluación, monitoreo, reclutamiento y selección de personal, entre otros, tales como el Marco Común de Evaluación (CAF), el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), el Sistema de Administración de Servidores Públicos (SASP) y el Sistema de Monitoreo de la Administración Pública Municipal (SISMAP Municipal).

Propusieron, además, adaptar los servicios a los chicos milenios para que puedan ver y aceptar al Estado y sus instituciones como valederas y necesarias como parte de ellos.

Sin embargo, plantearon que  sus instituciones esperan de los procesos de reforma la aprobación de la ley electoral y de los partidos políticos, lo cual calificaron de urgente e imprescindible para mantener la credibilidad de la democracia; así como procurar la unidad de enfoque y criterios en toda la Administración Pública, al tiempo que propusieron que después de aprobar varias leyes orgánicas que demanda la Constitución del 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Estado considere una especie de asueto en la aprobación de nuevas leyes para concentrarse en el cumplimiento y aplicación  de las existentes

Consideraron que el sector privado aspira a contar con instituciones fuertes que consoliden la democracia, la equidad, la paz social. Espera instituciones públicas ágiles, flexibles, funcionales, sin duplicidades, ni redundancias, eficiencia en el uso de los recursos, equilibrio financiero y sostenibilidad económica, con una visión descentralizadora que promueva el desarrollo equilibrado en todo el país, no sólo en la capital de la República.

Además, esperan transparencia en el uso de los recursos, en la toma de decisiones, con un régimen de consecuencias que premie el buen desempeño y penalice las desviaciones al comportamiento ético y racional, así como una Administración Pública con recursos humanos preparados y motivados, con procesos tecnificados y no sujeta a los vaivenes de los períodos electorales.

Consideran que los nuevos tiempos exigen una Administración Pública que responda a las necesidades en el sentido de ofrecer servicios de calidad, rápidos y económicos para lo cual recomiendan el buen uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la digitalización de los procesos, el uso de las redes sociales y las plataformas digitales con lo cual tendrían contacto con la ciudadanía, reducirían burocracia y harían más ágil la gestión gubernamental.

Por esa razón propusieron al gobierno adoptar plataformas que se ofrecen a través de teléfonos móviles, el chat instantáneo, acercar a las personas vulnerables a los centros de servicios on line, lo cual es incluyente, introducir nueva tecnología de análisis de la información para ver y opinar sobre efectividad de transporte, salud y otros servicios, facilitar la compra y venta de tickets. Indicaron que de esa manera los turistas los comprarían antes de venir al país.

Propusieron, además, adaptar los servicios a los chicos milenios para que puedan ver y aceptar al Estado y sus instituciones como valederas y necesarias como parte de ellos.

Plantearon a la Administración Pública, el desafío de cómo convertir el principio de juridicidad por el que tiene que regirse, en un principio más flexible, que permita que al analizar su trabajo y sus servicios, se pueda tener un registro sanitario más rápido y una respuesta más audaz, de manera que todo esto sea un proceso más transparente, más estandarizado, de forma tal que pueda ofrecer al desarrollo, y al sector privado herramientas adecuadas y con respuestas oportunas y óptimas con  toda transparencia y legalidad.

También, consideraron como una necesidad el tener un Estado y un gobierno que promueva el desarrollo y un ambiente de competitividad para fomentar la inversión productiva generadora de empleo bien remunerado, una mayor colaboración y alianza público-privada, agendas compartidas y visiones comunes, además de que entienden que el sector público tiene que funcionar con eficiencia, equidad, responsabilidad, y credibilidad.

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Economía

El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE

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Economía

Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD

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Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.

El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.

Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Infografía

Los nuevos precios

Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.

Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.

«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.

El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».

Precios del petróleo

En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.

Disminuyen las remesas

En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.

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Economía

Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.

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Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento  no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.

Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.

“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.

La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.

Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.

La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.

El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.

“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones.  Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.

Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.

Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.

De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.

En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.

Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.

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