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Empresarios quieren modificar 28 puntos del Código de Trabajo; sindicalistas creen interés es suprimir derechos

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El sector sindical cree que el interés del empresariado es suprimir ciertos derechos. Foto de archivo.

El sector sindical cree que el interés del empresariado es suprimir ciertos derechos. Foto de archivo.

La Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD-FUNGLODE) divulgó hoy los resultados de un análisis en torno a las discusiones sobre la reforma laboral en el cual determinó que tanto los grupos sindicales como los empresarios del país demandan una modificación al Código de Trabajo, pero cada uno defendiendo los intereses de su sector.

«Este deseo de reforma no es nuevo, los empresarios han argumentado desde hace años que el Código de Trabajo de 1992 está desactualizado y necesita reformarse, y han planteado la modificación de 28 puntos de la normativa», señala un comunicado del OPD.

El informe realizado por Fanny Vargas, coordinadora de la Unidad, indica que las organizaciones del sector privado han hecho énfasis en que las disposiciones del Código en materia de horarios, prestaciones laborales, cesantía, riesgos laborales y conciliación judicial crean una pesada carga para las empresas, en especial las pequeñas y las medianas.

En principio, los empresarios alegaron que los horarios y días feriados no responden a la realidad del país y que es necesario establecer jornadas diferenciadas para diversos sectores. Mientras que los grupos que representan los intereses de los empleados,como la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), se oponen en términos generales a cualquier reforma que erosione los derechos de los trabajadores, aunque se muestran cautelosamente abiertos al diálogo.

Los dirigentes sindicales afirman que el interés de los empresarios es suprimir ciertos derechos laborales y bajar el costo de lamano de obra.

Desacuerdos. Pero los desacuerdos entre empleadores y empleados no se quedan ahí, ya que según el estudio, los empresarios sostienen que después de la puesta en marcha de la seguridad social, los pagos ascienden al doble entre el fondo de pensiones (AFP) y la cesantía, y es necesario revisar las normativas y crear topes a los montos otorgados.

En tanto, el sector privado alega, que la cesantía y otras cargas laborales (como los aportes a la seguridad social) son consideradas una traba para la competitividad y que crean distorsiones en el mercado laboral.

Los grupos sindicales sostienen, por su parte, que en el país los salarios son bajos y la compensación final del trabajador es la cesantía.

Según el CNUS, el seguro de desempleo sería más costoso que la cesantía como tal, y que esta no representa una carga tan grande para el sector privado como señalan algunos de sus representantes.

Crecimiento económico. En otro aspecto, el informe revela que a pesar del sostenido crecimiento económico, el promedio de desempleo en el período 2000-2012 ha sido de 15%, el subempleo representa aproximadamente el 16% del empleo total y alrededor de un tercio de los subempleados busca horas adicionales.

Indica que para abril de 2013, el empleo formal apenas alcanzó el 45% del mercado laboral. Es decir, que de los 3.9 millones de empleos actuales, el 55% (2.1 millones) es informal, indica el documento.

Explica que estos datos indican que el empleo formal privado ha tenido un crecimiento neto de 4.1 % en los últimos doce años, aproximadamente cuatro mil empleos netos por año, principalmente dirigidos a actividades del sector servicios intensivas en capital.

El análisis señala que los salarios reales promedio por hora se han quedado muy rezagados respecto del crecimiento de la productividad laboral.

“Como resultado, el salario mínimo en República Dominicana no se ha mantenido al nivel con el costo de vida”, precisa.

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Liberan a Donald Guerrero del impedimento de salida de país.

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Santo Domingo, R.D.- El exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz fue liberado este jueves del impedimento de salida del pais, medida de coerción que pesaba sobre él desde octubre del 2023.

El abogado del exfuncionario Manuel Rodríguez dijo que la decisión está «adecuada» al comportamiento a la conducta «impecable» que ha exhibido Guerrero de «nunca» sustraerse del proceso, mediante el cual el Ministerio Público lo acusa de ser uno de los supuestos cabecillas de una red que estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos.

La decisión de la jueza Altagracia Ramírez establece que Guerrero se limitará a presentarse cada mes ante el Ministerio Público.

El letrado anunció que el próximo pasó que dará como defensor del exministro será el de lograr que también sea liberado de la presentación periódica.

«El ciudadano Donald Guerrero Ortiz tendrá plena libertad de salir del país, pero sin sustraerse del proceso», dijo su abogado.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló en abril pasado que los acusados de la llamada operación Calamar son 46, entre personas físicas y jurídicas.

«Hay más de dos mil medios de prueba, que servirán para que se produzca una apertura a juicio y cuando se de ese juicio, nosotros vayamos a procurar las sanciones correspondientes», dijo Camacho en esa oportunidad.

En el expediente también figuran como acusados los exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y de Obras Públicas Gonzalo Castillo.

El alegado fraude contra el Estado también involucra al exdirector del CEA, Luis Miguel Piccirilo; a Aldo Antonio Gerbasi Fernández, exfuncionario de la Dirección de Reconocimiento de Deuda Pública de Hacienda, y el exencargado de Juegos de Azar de Hacienda, Julián Omar Fernández Figueroa.

Asimismo, se cita en el expediente al exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña; Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Óscar Chalas Guerrero, Agustín Mejía y Víctor Matías.

Los imputados son señalados por, supuestamente, sustraer más de 19,000 millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.EFE

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Regresa a R.D. el presidente abinader tras participar en Asamblea General de la ONU

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Santo Domingo, R.D.-Regresó al país este jueves el presidente Luis Abinader tras haber participado en el 79º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, donde agotó una agenda de trabajo de cinco días.

El arribo del mandatario se produjo por la Base Aérea de San Isidro, donde fue recibido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre y los comandantes, de la Fuerza Aérea, mayor general Floreal Suárez Martínez; de la Guardia Presidencial, general Guillermo Caro Cruz; y del Regimiento de la Guardia de Honor, coronel Luis R. Herrera Almonte.

Junto a Abinader viajaron el general Jimmy Arias, jefe del CUSEP; coronel Rafael Ramírez, subjefe del CUSEP; Eilyn Beltrán, jefe de Gabinete; Noelia Shephard, directora del Despacho; y Mercedes Pichardo, su asistente personal.

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Se retiran de comisión partidos de oposición que estudian modificación a la Constitución.

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Santo Domingo, R.D.-Los dos principales partidos de la oposición, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo se retiraron de la reunión que realiza la comisión bicameral del Congreso Nacional que estudia las modificaciones enviadas por el Poder Ejecutivo a la modificación de la Constitución.

De acuerdo a los representantes de ambas cámaras no existe consenso respecto a las discusiones que ha presentado el Partido Revolucionario Moderno, porque “cada uno tiene una propuesta diferente, quieren que para ser presidente de la República no haya sido funcionario nunca, no haya sido presidente de una cámara, que no haya sido senador, que no haya sido diputado”.

Gustavo Sánchez, diputado del PLD, dijo que el partido oficial está “embriagado de poder” y no quiere escuchar las propuestas de la oposición.

Mientras que Danilo Díaz, expresó que a esa organización política le fue impedido incluir que instituciones de la sociedad puedan participar en los debates.

“Nosotros propusimos que se hagan vistas públicas y fueron rechazadas, incluso se hizo en un momento donde había hasta un quórum precario”, dijo Díaz al agregar que en el conocimiento de la pieza ha habido “prisa y un carácter imperativo que se ha reflejado entre las discusiones entre los mismos perremeístas que han tenido que reclamar sensatez, prudencia y sobre todo que nos permitan ser escuchados”.

Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, dijo que los propios perremeístas no están de acuerdo “en nada”.

“Tenemos dos horas ahí discutiendo y es porque los propios perremeístas no se ponen de acuerdo. La oposición está unida, lo que está divido es el propio gobierno y el PRM”, dijo Crespo al indicar que se rechazaron propuestas de sus propios legisladores.

La oposición dijo que presentarán informes disidentes respecto a lo propuesto por el Poder Ejecutivo.

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