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Cuota de la mujer se dirige a que sea un 50 por ciento a cargos electivos.
La República Dominicana ha tenido un avance importante en cuota de genero y las leyes sobre la materia parece que serian modificadas en beneficio de la mujer, sobre todo en lo referente a las candidaturas a cargos de elección popular, ya que arrancaron en el país en el 1997 y 25 años después de su aplicación se puede afirmar que concretamente han logrado una mayor representación femenina en el Congreso y las alcaldías. Pero la exigencia de la cuota no se detiene. Arrancó con 25% en 1997; en el año 2000 dio un salto al 33.33% y en el 2018 avanzó al 40% y ahora va por el 50%.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez, que ha asumido el liderazgo de promover la paridad en el marco de la modificación de las leyes electorales para que el mínimo de candidaturas femeninas sea el 50%, ha sido insistente con el tema y la JCE lo propone en su modificación a las leyes 33/18 y 15/09.
El artículo 53 de la Ley de Partidos establece que la JCE no admitirá listas de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del 40% y más del 60% de hombres y mujeres.
Historia legislativa de la cuota
La Ley 275-97, promulgada el 21 de diciembre de 1997, determinó por primera vez que en República Dominicana los partidos otorgaran un porcentaje de sus candidaturas a mujeres con un mínimo de 25%.
En el año 2000 esa ley fue modificada y se incrementó el porcentaje a 33.33%, como cuota mínima de candidaturas para el nivel congresual.
En el caso de las candidaturas municipales, la cuota femenina fue instituida en la Ley 13-00 que estipuló que los partidos deberían incluir al menos una mujer en las candidaturas a síndico o a las de vicesíndico de cada municipio. Es decir, que cuando un partido presentare un candidato a síndico, debía presentar una candidata a vicesíndica y viceversa.
Para el 2018, la cuota de 33% pasó a 40% al aprobarse el criterio de un 60/40 como tope y mínimo para cada género en la Ley de Partidos Políticos.
Ahora, la Junta Central Electoral en su propuesta de reforma a las leyes electorales apuesta a que el 50% de los cargos de elección popular se postule a féminas con el objetivo de logar la paridad establecida en la Constitución.
Habría que ver si los partidos aprueban esa propuesta pues históricamente han tenido resistencia al cumplimiento de ese tema debido a las dificultades que genera la participación femenina a lo interno de los partidos.
Para la aspirante a la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, más que aprobar un 50% de cuota mínima se debe trabajar primero a lo interno de los partidos políticos para consolidar la participación de las mujeres y evitar que puedan ser colocadas en candidaturas solo de manera formal y no real.
Para cumplir la cuota mínima del 40% en las pasadas elecciones, fue necesaria una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) en ese momento dirigido por Román Jáquez, determinó que la cuota era local y no nacional como quisieron interpretarla los partidos. Luego, otro fallo del Tribunal Constitucional ratificó ese criterio del TSE sobre la cuota.
A pesar de que las cuotas han permitido una mayor participación de las mujeres en los cargos de elección popular, en algunos periodos se han registrado retrocesos como ocurrió en el 2020 con relación al 2016.
En el caso de las diputaciones ahora hay cuatro féminas menos que en el periodo 2016; en el Senado hay una más al pasar de tres a cuatro mujeres en la Cámara Alta.
Cuotas aumentan la representación
Según un estudio del Observatorio Político Dominicano (OPD) publicado en el 2016, se constata que las cuotas han contribuido aumentar la representación femenina en el Congreso.
Desde el 1978 a 1998, cuando no había cuota el máximo porcentaje que se logró en representación en el Congreso fue de 12% en el periodo 1978-1982. Sin embargo, hay una diferencia en el crecimiento permanente de mujeres legisladoras desde el 1998 al 2020. En el periodo 1998-2002 (cuando se aplicó por primera vez la cuota de 25%) la representación femenina alcanzó un 15%, la más alta hasta.
El periodo 2020/2024 registró una reducción en la Cámara de Diputados de la representación femenina con relación al periodo 2016/2020.
El periodo 2020/2024 registró una reducción en la Cámara de diputados de la representancipon femenina con relación al periodo 2016/2020.
Participación en los 70
Según la investigación del OPD, para el período 1970-1974 fue la primera vez que una cantidad importante de mujeres formó parte del Congreso. Las féminas Carmen Mendoza de Cornielle, Fidias Vólquez de Hernández, Carmen Dolores Jiménez de Ginebra, Josefina Portes de Valenzuela, Julia Caridad Báez viuda Russo, Jacqueline Chahín de Cornielle, María Luisa Guerrero, Sonia Torres de Mallén y María Caridad Rodríguez de Sobrino.
El mismo estudio señala que en el período 1966-1970 solo cinco mujeres formaron parte del Congreso. Yolanda Pimentel de Pérez (única senadora) y las diputadas Aida Núñez, Caridad Rodríguez, Lesbia Amaro y Miriam Abreu.
Quejas de pocas féminas en el Poder Ejecutivo
La gestión del presidente Luis Abinader ha sido criticada porque pocas mujeres ocupan cargos de principalía especialmente ministerios. El gobernante optó por designar féminas en todas las gobernaciones del país. Los cargos más relevantes del gobierno que ocupan mujeres además de la vicepresidencia, que ocupa Raquel Peña, son la Procuraduría General de la República que tiene a Miriam Germán como titular; la ministra de Cultura, Milagros Germán; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Josefa Castillo, superintendencia de Seguros; Milagros Ortiz Bosch, directora de Ética e Integridad Gubernamental y Yadira Henríquez, directora del Plan Social de la Presidencia. La vicepresidenta además de ese cargo, coordina el gabinete de salud. En el caso de la Procuraduría también una mujer, Yeni Berenice Reynoso, es la que ocupa el segundo cargo más importante, como directora de Persecución.
Santo Domingo, R.D.-A partir de este jueves, la Dirección General de Pasaportes comenzará formalmente la expedición del nuevo pasaporte electrónico en República Dominicana, informó su director, Lorenzo Ramírez en una visita realizada a Diario Libre.
Las citas para el público fueron abiertas el pasado 15 de enero y desde esa fecha, unos 3,200 usuarios han programado sus citas. En esta primera etapa solo podrán solicitar el nuevo documento quienes tengan el pasaporte vencido, posean menos de seis meses de vigencia, reporten pérdida, deterioro o agotamiento de páginas y aquellos que soliciten su libreta por primera vez.
La entrega del pasaporte ordinario, que tiene un costo 6,500 pesos con una vigencia de 10 años se realizará en 24 o 48 horas, dependiendo de la localidad y es una de las razones principales por las cuales el proceso VIP fue eliminado.
- También adelantó que los primeros pasaportes ordinarios deberían comenzar a circular la próxima semana.
Implementación gradual
El proceso será progresivo. Inicialmente se implementa en Santo Domingo y luego se extenderá a otras oficinas en el Distrito Nacional, Santiago, región norte, este y sur.
Durante el período de transición coexistirán la libreta tradicional y la electrónica, como parte de las «buenas prácticas internacionales».
«Entramos tarde al pasaporte electrónico, pero lo hicimos con tecnología de vanguardia«, afirmó Ramírez.
Servicio de repatriación incluido
Como valor agregado, el pasaporte ordinario electrónico incluirá un servicio de repatriación en caso de fallecimiento en el exterior, con cobertura de hasta 9,000 dólares.
El beneficio aplicará únicamente para pasaportes ordinarios vigentes y entrará en vigencia 60 días después de su emisión. Tendrá criterios específicos, incluyendo condiciones médicas preexistentes y plazos de notificación.
Además, la institución lanzará el programa «Pasaporte en Ruta«, mediante unidades móviles que ofrecerán el servicio en empresas, instituciones y provincias, con el objetivo de reducir la necesidad de desplazamiento.
Con la puesta en marcha del pasaporte electrónico, la Dirección General de Pasaportes asegura que el país se coloca a la par de los estándares internacionales en materia de seguridad documental y modernización de servicios.
Santo Domingo, R.D.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) calificó como «impostergable» el ordenamiento del sistema de tránsito terrestre en el país, advirtiendo que la falta de regulación real sobre las motocicletas se ha convertido en una amenaza directa para la seguridad ciudadana y la calidad de vida.
El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, señaló que la fragilidad institucional y la «pasividad de las autoridades» han permitido que el parque de motocicletas opere prácticamente sin controles efectivos, vinculándose frecuentemente con la delincuencia y la alta siniestralidad vial.
Castaños Guzmán presentó cifras alarmantes que reflejan la magnitud del desafío, señalando que según datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), a inicios de este 2026, el número de motocicletas registradas en el país asciende a 3,872,238 unidades.
El jurista lamentó que, según organismos internacionales como World of Statistics, la República Dominicana figure entre las naciones con mayores tasas de mortalidad por accidentes de tránsito per cápita, registrando 65 decesos por cada 100,000 habitantes.
En estas estadísticas, los motoristas son el grupo más vulnerable y afectado.
Ineficacia en aplicación de la ley
Entre las causas principales del caos, la institución citó la violación sistemática de luces rojas y circulación por aceras o vía contraria, la ineficacia en la aplicación de la ley.
Igualmente, la ausencia de consecuencias reales para los infractores, la falta de coordinación entre las autoridades competentes.
Ante la gravedad de la crisis, Castaño Guzmán hizo un llamado al Gobierno y a los sectores sociales para adoptar decisiones responsables de manera inmediata, como declararse una emergencia nacional en materia de tránsito.
La propuesta incluye convocar a todos los sectores para coordinar soluciones y, sobre todo, establecer un régimen de sanciones efectivas que logre disuadir la conducción temeraria.
Para la entidad, la transformación del sistema de transporte no es solo una cuestión de movilidad, sino un requisito indispensable para garantizar la seguridad de la población dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la República, Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.
Ese decreto ordena su ascenso de general al rango de mayor general.
Luis Abinader, nombró a Andrés Modesto Cruz Cruz como nuevo director general de la Policía Nacional.Fuente externa
Trayectoria
La Presidencia de la República dijo en un comunicado que el mayor general Cruz Cruz cuenta con una amplia trayectoria dentro de la institución, caracterizada por el desempeño en áreas estratégicas de control, supervisión y gestión interna.
«Hasta su designación se desempeñaba como inspector general de la Policía Nacional (2023-2026) y previamente ocupó posiciones como director de Asuntos Internos, director regional Sur, director de Enlace entre el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, y director de Control Interno, entre otras responsabilidades de alto mando», señala el comunicado.
El nuevo director de la Policía Nacional es ingeniero civil egresado de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y posee una maestría en Defensa y Seguridad Nacional por el Instituto Superior para la Defensa “General Juan Pablo Duarte y Díez”.
Su formación incluye programas especializados en liderazgo transformacional, investigación criminal, manejo de crisis, seguridad energética, protección de dignatarios y cooperación internacional, incluyendo capacitaciones con organismos de Estados Unidos, Israel y Colombia.
«A lo largo de su carrera ha recibido múltiples condecoraciones y reconocimientos, entre ellos la Medalla al Mérito del Servidor Público en Primera Categoría y distinciones otorgadas por las Fuerzas Armadas y la Dirección General de la Policía Nacional, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional», indica el comunicado de la Presidencia.
“La disposición se fundamenta en lo establecido en los artículos 255 y 256 de la Constitución de la República y en la Ley núm. 590-16, Orgánica de la Policía Nacional, que otorga al presidente la atribución de nombrar al director general de la institución entre oficiales generales activos. Asimismo, el decreto deroga el artículo 1 del Decreto núm. 557-23”, reseña el comunicado de prensa enviado desde la Presidencia de la República.