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El Congreso Nacional con aprobación de préstamos sin miramientos
SANTO DOMINGO.- Los diputados y senadores han aprobado sin el rigor suficiente préstamos y financiamientos por más de 6,599 millones de dólares en los ocho meses de gestión del nuevo Gobierno.
La principal motivación para solicitar los créditos es atender a la crisis sanitaria y económica causada por la pandemia covid-19, conforme una reseña de El Caribe.
Por temas directamente vinculados a la pandemia se aprobaron préstamos por más de 900 millones de dólares.
Otros fueron aprobados para el financiamiento del programa en la cuenca del río Yaque del Norte, la financiación parcial para el aumento de capacidad de transporte de la línea I del Metro de Santo Domingo y para el apoyo a la implementación en Edesur de la primera etapa del Plan Maestro para la Expansión del Sistema de Distribución (PMESD).
Igualmente, el préstamos destinado a la movilidad del transporte y seguridad vial en el país, así como la emisión y colocación de valores de la deuda pública, que entre todos suman US$6,599,085,369.05.
El último préstamo aprobado fue el pasado 18 de marzo por un monto de 236 millones 080 mil dólares, que consistió en un convenio de crédito entre la República Dominicana y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) para mitigar los efectos del covid-19.
El martes 27 de enero de este año, los diputados ratificaron el convenio de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 95 millones 998 mil 500 dólares, para la compra de siete millones 999 mil 875 vacunas de ARNM BNT162 contra el SARS-COV2 para prevenir la pandemia del coronavirus.
Asimismo, el pasado 25 de noviembre, la Cámara de Diputados sancionó en única lectura un préstamo de 100 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para el “programa de políticas de desarrollo en apoyo a la respuesta de República Dominicana a la crisis de covid-19”.
Ese mismo día, el Senado aprobó la compra por anticipado de 10 millones de vacunas contra el covid-19, producidas por la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford, a un precio de US$40,000,000.00, en virtud de un costo estimado de US$4.00 la unidad de dosis.
El 21 de octubre de ese año, para financiar programas de fortalecimiento enfocados en la atención de la crisis efecto de la enfermedad, los diputados refrendaron dos contratos de préstamos de US$250 millones cada uno, para un total de US$500 millones.
El día 7 de ese mismo mes, la Cámara Alta refrendó un acuerdo de compromiso (arreglo de compra comprometida), del 18 de septiembre de 2020, suscrito con Gavi Alliance, una organización sin fines de lucro establecida en Suiza, con el objetivo de que el Gobierno dominicano participe de manera autofinanciada, con un monto total de 22 millones 889 mil 280 dólares, en el Mecanismo Covax, para asegurar en principio el acceso del 10% de la población a vacunas seguras y eficaces contra la patología. Por tanto, a causa de la crisis generada por la pandemia, se aprobaron préstamos ascendentes a los 994 millones 967 mil 780 dólares.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.