Nacionales
En cuatro años, ocho municipios del país ya han superado el analfabetismo
El plan de alfabetización Quisqueya Aprende Contigo comienza a dar sus frutos
SANTO DOMINGO. La Dirección General de Proyectos Especiales de la Presidencia (Digepep) informó ayer que hay ocho municipios que ya pueden exhibir una tasa de analfabetismo por debajo del 5%.
El coordinador del Plan Quisqueya Aprende Contigo, Horacio Medrano, dijo que esos municipios son La Romana, con 4%; Puñal, con 4.2; Boca Chica, con un 4%; San Pedro de Macorís, con 2.1; Pedro Brand, 4.6; Santo Domingo Oeste, 2.8; Licey Al Medio, 4.1; Santo Domingo Este, 3.2 y el Distrito Nacional, con 3.5%.
Según Medrano, el año pasado el Plan de Alfabetización tuvo un rezago, y esto se debió a que fue un año electoral, pero que luego volvió a tomar su ritmo normal.
Explicó que en cada municipio o Distrito Municipal, el alcalde se convierte en el presidente del plan y cada uno ha asumido so rol y ha trabajado con responsabilidad el referido programa.
“En la actualidad hay un conjunto de municipios en los que se ha detectado una reducción de la tasa a menos de 5%, según el Censo del 2010 y la encuesta Enhogar 2016, por lo que hemos empezado a movilizarnos para declararlos libre de analfabetismo”.
Según Medrano, cerca de 4 mil personas se han registrado en la página web de la Digepep para ser alfabetizadores del plan Quiqueya Aprende Contigo de manera voluntaria, “de estas 2,253 son estudiantes de educación”.
Con relación al municipio Puñal, en Santiago, reveló que este tenía una tasa de analfabetismo de 11.0%, según el Censo 2010, pero que debido al trabajo en conjunto, la Digepep hace esfuerzos para declararlo libre de analfabetos.
En tanto, dijo que se han habilitado 58 mil plazas para la capacitación laboral a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) a través de convenios suscritos con el Ministerio de Defensa y la Liga Municipal Dominicana.
En tanto, Domingo Contreras, titular de la Digepep, explicó que la meta del plan es que todo el país quede libre de analfabetos, “porque es una forma de contribuir a la erradicación de la pobreza en todas sus vertientes”.
“Cada día este plan llega a más gente y en la medida que lo ayudemos a salir del analfabetismo, lo estamos ayudando a salir de la pobreza y de la pobreza extrema”, dijo Contreras.
Subrayó que este plan también ayuda a la superación personal de las personas que lo asumen.
Contreras y Medrano coincidieron en el esfuerzo que se hace desde el gobierno para lograr las metas trazadas este año.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.