Nacionales
En dos días 26 haitianas paren en el Hospital Cabral y Báez
SANTIAGO. Los partos de haitianas siguen aumentando en el hospital regional universitario José María Cabral y Báez de esta ciudad, donde el pasado fin de semana parieron 26 mujeres haitianas.
De los bebés nacidos, 14 son hembras y 12 varones, los cuales presentan buen estado de salud.
El vocero del hospital, Jhony Lama, informó a DL que muchas de las madres haitianas llegaron de Haití a parir en el centro, mientras que algunas residen en la Republica Dominicana con sus esposos.
Sostuvo que los gastos en atenciones a ciudadanos haitianos representan una gran carga para el hospital, pero que a ningún extranjero se le niega asistencia médica cuando llega con algún problema de salud.
Según estadísticas del hospital, durante el 2013 se ofrecieron servicios a 25,022 extranjeros, de los cuales 24,507 correspondieron a personas de nacionalidad haitiana.
Los servicios a esos extranjeros durante el citado período incluyeron 1,142 consultas, 2,322 ingresos, 12,226 pruebas de laboratorios, 436 transfusiones de sangre, 242 cirugías, 4,043 emergencias, 924 partos, (de los cuales se practicaron 146 abortos) y 489 cesáreas, entre otros.
Además, se practicaron 655 monografías, y un total de 1,588 radiografías.
En las estadísticas que lleva el Cabral y Báez coloca entre los cuatro cuadros, uno para extranjeros haitianos, otro para cubanos, otro colombiano y un cuarto cuadro dice otros, pero en estas tres últimas categorías ninguno acudió a ese centro de salud.
El promedio mensual de atenciones a pacientes haitianos supera los 1,200. Para poder resolver sus problemas financieros, el Cabral y Báez requiere de aproximadamente un presupuesto de RD$30 millones al mes, pero apenas recibe entre RD$10 millones y RD$15 millones mensualmente.
Los servicios a extranjeros representan aproximadamente el 25 por ciento de los que acuden, y casi un 30 por ciento del consumo de los ingresos.
Denuncia
La semana pasada el director del hospital regional universitario José María Cabral y Báez,
Rolando Báez, informó que en algunos días, de diez mujeres que alumbran en este centro ocho son haitianas que llegan con complicaciones, que obliga su ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Resaltó que el 26 por ciento de las mujeres que dan a luz en el centro hospitalario son de la vecina nación, y son traídas desde la frontera. Precisó que tan sólo en la unidad de cuidados intensivos, de cinco mujeres que ingresaron, cuatro fueron haitianas que llegaron en condiciones críticas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.