Nacionales
Centro Olímpico tendrá conciertos de Aventura y Villa Navidad.
SANTO DOMINGO.- Un plan piloto para garantizar el flujo vehicular en las inmediaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte implementará la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) durante los conciertos de Aventura, programados para los días 27, 28 y 29 de diciembre, y la función adicional anunciada para el 5 de enero de 2025.
El coronel José Hernández, vocero de la DIGESETT, explicó los detalles del operativo, que busca minimizar los congestionamientos típicos de eventos masivos en la zona. “Tendremos personal desplegado en todas las vías del perímetro, incluyendo las avenidas 27 de Febrero, Máximo Gómez, Ortega y Gasset, y John F. Kennedy. La intención es garantizar que los asistentes puedan acceder de manera ordenada y que el resto de los ciudadanos circule con normalidad,” afirmó Hernández.
El plan también incluye evitar estacionamientos en zonas prohibidas y accesos bloqueados en áreas residenciales o comerciales aledañas, aunque reconoce que se deberá ser flexibles en alguna área. Respondió que estarán atentos a cualquier obstrucción, especialmente en sectores como Miramar, Kennedy y Naco, donde el flujo de vehículos puede ser intenso.
Aunque el operativo está diseñado para mitigar el impacto, el coronel Hernández sugirió que los asistentes utilicen taxis o servicios de transporte público para reducir la cantidad de vehículos en el área. “Eso ayuda a que el flujo sea más ágil». Incluso mi esposa asistirá a uno de los conciertos, y le he recomendado que vaya en taxi”.
Un despliegue logístico en coordinación
Hernández aseguró que habrá presencia continua de agentes en todos los puntos críticos durante los días del evento, incluyendo la habilitación de algunas áreas del interior del Centro Olímpico para facilitar la logística. Además, destacó que las restricciones específicas dentro del recinto han sido coordinadas con los organizadores de los conciertos debido a que durante los días del concierto coincidirá con la celebración del evento Villa Navidad, que desarrolla la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN).
Nacionales
Se vuelven más consistentes los ataques de la partidocracia en contra del TC por sentencia sobre candidaturas independientes.
Santo Domingo, R.D.-Otro dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) considero que el Tribunal Constitucional (TC) se excedió en sus atribuciones con la sentencia que da luz verde a la presentación de candidaturas independientes en las elecciones.
Manuel Conde, director de la escuela de Formación Política y gestión Pública, profesora Ivelisse Prats Ramírez, afirmó este jueves que el Tribunal Constitucional excedió sus facultades con la sentencia TC0788/24.
El jurisconsulto explicó que la decisión evacuada del máximo estamento jurisdiccional utilizó una sentencia interpretativa sustitutiva o manipulativa, destacando que este tipo de decisiones se caracterizan por modificar parcialmente disposiciones legales, eliminando algunos fragmentos considerados inconstitucionales e introduciendo un nuevo sentido interpretativo conforme a la Constitución, expresó Conde en una nota.
«En cuanto a las atribuciones del Tribunal Constitucional, particularmente entiendo que en esta sentencia se excedió. Se excedió al marco de sus competencias y atribuciones», dijo el director de la escuela de formación, apéndice del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Aclaró que no se trata de estar de acuerdo o no con la decisión del TC, sino de quien tenga la facultad para decidir si acepta o no candidatos independientes, el constituyente, el Congreso o el Tribunal Constitucional.
Conde resaltó que, en este caso, la sentencia modificó los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, permitiendo que agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos de naturaleza espontánea y sin requisito previo de inscripción puedan presentar candidaturas independientes.
El abogado y dirigente del PRM dijo favorecer una óptica racional para evitar dañar estabilidad política.
Precisó que si bien es cierto que la decisión que daría paso a la inscripción de candidaturas independientes en las elecciones venideras no sería una debacle para el sistema de partidos en el país, sí amerita verlo desde una óptica racional e integral, a los fines de que «no se destruya la estabilidad política con que goza «la República Dominicana.
Santo Domingo, R.D.-El presunto autor de la muerte de la adolescente de 16 años en el sector 27 de febrero del Distrito Nacional durante un conflicto social fue identificado por la Policía Nacional.
“Estamos a la espera de que sea emitida la orden de arresto para nosotros poder dar el nombre con todos los detalles”, dijo el portavoz de la Policía, Diego Pesqueira.
Puntualizó que el caso está avanzando de una manera positiva.
La situación que culminó con la muerte por herida de bala de la joven Weslin Yerismal Cruz, se habría originado tras un accidente de tránsito entre dos motociclistas.
Pesqueira dijo que la joven Cruz resultó herida de bala cuando individuos realizaron disparos en el lugar, específicamente en la calle 14, esquina 15, del sector 27 de Febrero.
Tras el choque entre los ocupantes de las motocicletas, se originó una discusión en la que varios individuos intervinieron, efectuando disparos que alcanzaron a la adolescente.
La institución del orden indicó que detuvo a varias personas consideradas de interés y que retuvo las motocicletas involucradas en el incidente para el avance del proceso judicial.
Fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que suspendió el contrato adjudicado a Transcore Latam, S.R.L., en el marco de una licitación pública nacional organizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Este fallo, que se produce tras un recurso presentado por la empresa afectada, busca aclarar la legalidad del proceso de suspensión y garantizar la transparencia en el manejo de los contratos públicos.
El 21 de noviembre de 2023, Transcore Latam interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la DGCP y el INTRANT, impugnando la resolución RIC-156-2023.
Esta resolución suspendió el contrato No. DJ-CBS-009-2023, el cual se firmo en el contexto de la Licitación Pública Nacional No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Según la empresa, la suspensión se tomo sin un respaldo legal adecuado, y argumenta que se vulneraron sus derechos constitucionales.
Por su parte, la DGCP defendió su decisión, alegando que la suspensión estaba justificada bajo la normativa vigente, específicamente la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
Esta ley otorga a la DGCP la facultad de tomar medidas cautelares cuando existen dudas sobre la legalidad de un contrato público.
El origen de la suspensión del contrato está relacionado con una serie de denuncias presentadas por otras empresas, como ESC Group, S.R.L., y otras firmas competidoras, que señalaron presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
Entre las acusaciones se incluyen la apropiación indebida de documentos, la falsificación de información y la alteración de resultados.
La DGCP, en su calidad de autoridad rectora en los procesos de compras públicas, adoptó medidas precautorias para evitar que dichos posibles vicios afectaran el interés general del Estado.
El Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo que valida la medida provisional de suspensión del contrato, lo que permite que las investigaciones sobre las irregularidades continúen.
La decisión del tribunal se basa en que la DGCP actuó dentro de sus competencias y conforme a la ley, garantizando que todas las partes pudieran presentar sus alegatos y defenderse de las acusaciones en su contra.
La resolución de la corte subraya que la medida adoptada no implica una decisión final sobre la legalidad del contrato, sino que se trata de una suspensión temporal hasta que se aclaren las denuncias.
Irregularidades en el contrato de Transcore Latam
Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que hubo varios elementos que cuestionan la transparencia del proceso de adjudicación del contrato con Transcore Latam.
Se identificó que Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras, habría influido en la modificación de los pliegos de condiciones de manera extemporánea.
Esto habría dificultado una evaluación técnica adecuada y propiciado la selección de una oferta con posibles irregularidades.
Además de Hugo Beras, Gómez Canaán y otros funcionarios mencionados en el proceso, se encuentran imputados por su presunta implicación en la corrupción administrativa y el desfalco de fondos públicos.
La investigación ha extendido sus alcances, involucrando a varios otros personajes clave del Intrant, como Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología, y Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
En libertad a pesar de todo
El 11 de noviembre, después de cumplir un mes y diez días en prisión preventiva, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Jochi Gómez y Pedro Padovanni los liberaron con condiciones que establecen una garantía económica, la prohibición de salir del país y la obligación de los implicados de presentarse regularmente ante las autoridades..