Santo Domingo, R.D.-El Congreso Nacional el pasado 12 de enero convirtió en ley el proyecto que le ordena al Poder Ejecutivo saldar una deuda económica inespecífica a ingenieros y empresas por haber desarrollado obras públicas sin la formalización de un contrato.
Con el rechazo de las bancadas opositoras, los representantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la Cámara de Diputados decidieron declarar de urgencia el tratamiento legislativo que le darían a la pieza, permitiéndoles favorecerla en dos lecturas consecutivas.
Tras la aprobación, el órgano legislativo tiene que enviarle el documento al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, debido a que previamente fue conocido por el Senado de la República.
El presidente Luis Abinader tiene un único plazo de cinco días para escoger su decisión, después de haberla recibido.
Así lo establece el artículo 101 de la Constitución, indicando que, “de ser aprobada bajo la declaratoria de urgencia”, el Gobierno solo tendrá el periodo antes mencionado para presentar su observación ante el Poder Legislativo. Si no lo hiciere, el proyecto convertido en ley por el Congreso Nacional quedaría “promulgado” y la última cámara legislativa que realizó la aprobación tendría que publicarla.
“Toda ley aprobada en ambas cámaras será enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Si este no la observare, la promulgará dentro de los diez días de recibida, si el asunto no fue declarado de urgencia, en cuyo caso la promulgará dentro de los cinco días de recibida, y la hará publicar dentro de los diez de la fecha de la promulgación”, de esta manera versa el artículo en la Carta Magna.
Es por esta razón que, de no haber presentado ninguna propuesta para modificar el documento, la ley debería ser promulgada con el contenido enviado por la cámara baja, luego de que procediera a enviarla el pasado 13 de enero.
Reporteros de este medio intentaron contactar a la Consultoría Jurídica de la Presidencia con el objetivo de conocer el estado en el cual se encontraba la ley. Sin embargo, no lograron comunicarse con las autoridades.
Los legisladores de la bancada perremeísta, y sus aliados, aprobaron esta ley sin conocer cuál será el monto final que deberá pagar el Ministerio de Hacienda y Economía a empresarios e ingenieros que edificaron infraestructura, sin las autoridades gubernamentales haber formalizado la contratación.
La pieza, elaborada por el senador Franklin Romero, es promovida por el Colegio Dominicano de Ingenieros y Arquitectos (CODIA), quien ha manifestado la necesidad que tienen los integrantes de ese gremio, de recibir sus prestaciones por las alegadas construcciones y remozamientos desarrollados.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, explicó el pasado lunes que la lista de endeudamiento registra pagos sin completar desde el año 1990, hasta la fecha.
¿Por qué el rechazo de los opositores?
La principal preocupación manifestada por el bloque de representantes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y la Fuerza del Pueblo (FP) es la falta de información y detalles que tiene el órgano legislativo sobre la cantidad de dinero que pagará el Gobierno.
“Este proyecto de ley tiene una falencia muy importante: no tiene monto de obras y no tiene fecha de la ejecución de la obra”, expresó el vocero de la FP, diputado Rafael Castillo, al referirse el pasado lunes a la pieza antes de que fuese aprobada.
Los diputados de ambas agrupaciones aclararon no estar en desacuerdo con la finalidad de la ley. Pero, la FP en la cámara baja advirtió sobre la posibilidad de que pueda utilizarse para beneficiar a empresarios vinculados al Gobierno.
“La FP que está 100% constante de que se le pague a todas las personas, pero nosotros no creemos que es justo pagarle a personas que vayan a aprovecharse de esta dispensa porque tienen algún vínculo con el gobierno. No tenemos el monto de lo que se va a pagar y no tiene la descripción de la obra”, dijo Castillo.