Desde el Gobierno se ha activado otro sabotaje en contra de las elecciones municipales extraordinarias, congresuales y presidenciales.

Por Elba García

A sólo días para la celebración de las elecciones municipales extraordinarias, los partidos políticos de la oposición no han recibido el dinero prometido y presupuestado para que éstos puedan financiar su campaña electoral.

El cierre de campaña del PRM en municipios como Santiago transcurrió sin que todavía la Junta Central Electoral haya cumplido con su promesa de entregar el dinero para retomar la promoción de sus propuestas en el marco de la contienda, ya que incluso el día diez del presente mes de marzo está supuesta iniciarse la promoción o propaganda  para la escogencia de senadores, diputados, vicepresidente y presidente de la República.

Cuando se habla de que los partidos de la oposición no han recibido el dinero presupuestado para la campaña como parte del financiamiento oficial, es  porque en esta deficiencia no se puede incluir al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), porque este tiene muchas fuentes a las que puede recurrir para dotarse de recursos económicos, como son las propias instituciones públicas.

Este problema es sumamente grave y explica además lo que ha planteado este periódico en el sentido de que la suspensión de las elecciones del pasado 16 de febrero fue una  muestra de que el aparato institucional está colapsado en la República Dominicana.

La no entrega de los fondos pone en desventaja a los partidos de la oposición y en consecuencia constituye un cuestionamiento más a la crisis institucional, electoral y política que vive el país, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas para la democracia.

Desde la suspensión de las elecciones municipales la nación ha perdido la credibilidad que  había creado a través de un falso nivel institucional que a partir de ahí ha quedado al descubierto que no es más que una gran falsa.

Pero el incumplimiento de las leyes electoral y de partidos en lo que respecta al financiamiento de la campaña se ha sumado a ese colapso de que hablamos, porque el Estado no está en capacidad nisiquiera de cumplir con su propia legalidad.

Esta, que también constituye una crisis que forma parte de un problema integral, es decir, que afecta a todo el andamiaje legal, constituye un asunto tan grave como la no celebración de las elecciones porque es una forma de romper la equidad, la transparencia y la igualdad que debe caracterizar el proceso electoral para que construyamos una democracia fuerte y vigorosa.

Todavía no existe ninguna garantía de la entrega de los recursos, lo cual podría implicar que el partido oficial saque una gran ventaja de la contienda electoral, porque mientras sus competidores no cuenta con las más mínimas posibilidades de movilización y de montar una logística que se traduce en una inversión económica que la oposición no tiene, el PLD cuenta una diversidad de fuentes ilegales para dotarse del dinero que necesita para promover sus candidatos

Ese comportamiento es una forma de promover una dictadura de partido y en la totalidad de los órganos Estado, porque entonces la manipulación del Gobierno es tan grosera que podría provocar una situación indeseada en la sociedad dominicana.

La no entrega de los recursos económicos concebidos por ley para promover una mejor y más justa democracia es, sin lugar a dudas, una forma de ahogar a los contrarios mediante la manipulación del Estado, cuya principal expresión es precisamente su derrumbe  que ya está más que demostrado que no tiene ninguna capacidad de hacer las cosas como deben ocurrir en cualquier nación civilizada del mundo.