Latinoamericanas
En medio de protestas, juez de Panamá valida acuerdo con Odebrecht
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
Panamá, Panamá (EFE).- Un tribunal panameño validó este jueves el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa millonaria, contempla el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y, según la fiscalía, allana el camino para sentar en el banquillo a los panameños que recibieron sobornos.
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
El magistrado Carrasquilla indicó que Odebrecht ya había depositado 10 millones de dólares, que se descontarán del monto total; que tiene que pagar la multa en 12 años, tal y como se acordó con la fiscalía, y abonar anualmente “una suma adicional del 5 % del saldo pendiente en concepto de mora”.
El llamado “acuerdo de colaboración eficaz” suscrito por las partes el pasado julio y leído este jueves en una audiencia pública por la fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, decreta también el archivo de la causa en Panamá contra Odebrecht y varios de sus antiguos directivos y trabajadores, a cambio de la información sobre la trama de sobornos que estos suministraron a la Fiscalía.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Entre estos exdirectivos se encuentra Andre Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá y compareció este jueves en una videoconferencia desde el consulado panameño en Sao Paulo, Brasil, para ratificar los datos ofrecidos por la Fiscalía panameña.
Moore aseguró que las confesiones de Rabello son “imprescindibles” para entender la trama de corrupción de la constructora y sentar en el banquillo a los panameños que malversaron dinero público y recibieron sobornos.
El exdirectivo declaró que la compañía pagó durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) un total de 55,8 millones de dólares a dos de sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de detención internacional.
En sus declaraciones, Rabello acusó también a los exministros de Martintelli Frank de Lima, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias (excandidato presidencial) y Jaime Ford de haber cobrado 7, 4, 10 y 1,8 millones de dólares, respectivamente.
Además, fueron señalados otros funcionarios de la era Martinelli, como el exdirector de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini (1,6 millones de dólares), el excónsul panameño Jaime Lasso (700.000 dólares) y el exdirector del Ministerio de Obras Publicas Carlos Ho (500.000 dólares), así como la firma de abogados Rosas y Rosas (3,4 millones de dólares), propiedad de un diputado oficialista.
Sin embargo, el expresidente panameño, que se encuentra detenido en Estados Unidos por un caso de escuchas ilegales a la espera de que el Departamento de Estado decida su extradición a Panamá, no fue mencionado en las delaciones de Rabello.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Durante la audiencia, que duró más de 12 horas, las autoridades judiciales panameñas validaron también el testimonio de Olivio Rodrigues, un operador financiero que construyó el entramado empresarial que usó Odebrecht para blanquear dinero en Panamá y pagar sobornos.
La fiscal Moore indicó que Rodrigues, a quien también se le archivo la causa, apuntó en sus delaciones que la empresa Constructora Internacional del Sur, de la que fue titular hasta 2014, abrió varias cuentas en bancos panameños a las que transfirió “dineros de procedencia ilícita”, que luego usó para pagar sobornos en Panamá y en otros países de Latinoamérica.
El juez validó también el testimonio del exempleado de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha, a quien también se le archivó la causa y aseguró que la constructora recibió un “trato beneficiario durante la construcción” de la primera línea del metro de la capital panameña, inaugurada en el 2014 y obra de la empresa brasileña y la española FCC. EFE
Latinoamericanas
Consejo Presidencial de Haití condena el tiroteo contra dos vuelos comerciales de EE.UU.
Agencia Efe
Puerto Príncipe.- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití condenó este martes con el «máximo rigor» el recrudecimiento de la violencia de las bandas armadas en Puerto Príncipe y el ataque perpetrado el lunes contra dos aviones comerciales estadounidenses en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture.
«Este crimen cobarde, que amenaza la soberanía y la seguridad de Haití, pretende aislar a nuestro país en la escena internacional. Los autores de estos actos atroces serán perseguidos y llevados ante la Justicia», afirmó el Consejo en un comunicado.
La parte oficial dijo que «en las últimas 48 horas, miembros de bandas armadas han puesto en peligro la vida de ciudadanos pacíficos, han incendiado propiedades privadas e incluso han disparado contra un avión de Spirit Airlines que procedió de Fort Lauderdale el lunes 11 de noviembre». de 2024″.
Además del ataque a ese vuelo, un avión de la aerolínea JetBlue también fue tiroteado ayer cuando despegaba de Puerto Príncipe con destino a Nueva York.
El Consejo recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional haitiana, y la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad han desplegado inmediatamente sus unidades para reforzar la seguridad de las familias y de los alrededores del Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture, con el fin de garantizar la protección de los vuelos comerciales que operan en el país.
El CPT llamó a la población para que permanezca vigilante y colabore estrechamente con las fuerzas del orden para prevenir cualquier acción que pueda comprometer la paz y la seguridad colectiva.
«Juntos, pondremos fin a estos actos incalificables», concluyó la nota.
Puerto Príncipe vivió este martes una jornada de tensa calma, con tiroteos esporádicos en algunas zonas y sin operaciones en el aeropuerto internacional, cerrado hasta el 18 de noviembre.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció este martes la suspensión temporal de la entrega de ayuda humanitaria en Haití por la imposibilidad de acceso al puerto y al aeropuerto en la capital debido al grave deterioro de la situación de seguridad.
Este mismo día, la Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. prohibió los vuelos comerciales a Haití tras los ataques a tiros que sufrieron el lunes las dos aeronaves.
Además, la compañía estadounidense American Airlines anunció este martes que suspendió sus vuelos a Haití por los próximos tres meses, tras descubrir que uno de sus aviones que despegó desde Puerto Príncipe fue impactado por una bala.
Mientras, el ministro de Justicia en funciones, Carlos Hércules, condenó el ataque armado perpetrado contra los aviones.
«Se trató de un acto terrorista contra la vida de nuestros compatriotas y de todos los que se encontraban a bordo de este avión», dijo Hércules en referencia al tiroteo contra el avión de la aerolínea Spirit.
El funcionario pidió a las fuerzas de seguridad nacional que tomen medidas para restablecer un clima de seguridad en el país, para que se puedan reanudar las actividades, especialmente en la capital y sus alrededores.
Latinoamericanas
Fiscalía argentina imputa a tres personas por la muerte de Liam Payne en Buenos Aires
Agencia efe
Buenos Aires, Argentina.-Una fiscalía argentina imputó este jueves a una persona por abandono de persona seguido de muerte y a otras dos por suministro de estupefacientes en la causa que investiga la muerte del cantante británico Liam Payne, fallecido el pasado 16 de octubre tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires.
«En el marco de la investigación por la muerte del músico británico Liam James Payne, ocurrida el 16 de octubre cuando cayó de un balcón en un hotel del barrio porteño de Palermo, se descubrieron conductas ilícitas a partir de las cuales tres personas fueron imputadas por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes», informó hoy la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°14.
Uno de los acusados es una persona que acompañó a Payne durante su estadía en Buenos Aires, otro es un empleado del hotel en el que tuvo lugar su fallecimiento y el tercero fue descrito como «un proveedor de estupefacientes».
La fiscalía informó que la imputación de estas tres personas, cuya detención ya ha sido ordenada, llegó tras una extensa investigación que incluyó decenas de testimonios, el análisis de más de 800 horas de filmaciones de cámaras del hotel y de la vía pública y del contenido del móvil de Payne y de varios testigos, así como estudios tanatológicos y de laboratorio.
El primero de los acusados fue descrito en el anuncio como «quien acompañaba de manera cotidiana al artista» durante su estadía en Buenos Aires y se le imputaron los delitos de abandono de persona seguido de muerte y de suministro y facilitación de estupefacientes.
El segundo es un empleado del hotel Casa Sur, en el que se encontraba alojado Payne, acusado de haber suministrado cocaína al músico durante su estadía; mientras que el tercero habría suministrado estupefacientes al músico en dos ocasiones.
Los informes presentados a la fiscalía concluyeron que «todas las lesiones que presentaba Payne eran compatibles con las producidas por caída en altura y que se descartaban las autolesivas de cualquier tipo y/o también la intervención física de terceras personas».
Además, confirmaron las pericias iniciales que indicaban que el músico no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que consideran que «pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia» y descartan la posibilidad de «un acto consciente o voluntario» ya que «en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo».
«Más allá de la contundencia probatoria que se logró hasta el momento (visual, registral, médica, científica, documental, telefónica, testimonial, etc), se debe continuar la investigación, pues, entre otras diligencias, aún está en curso el desbloqueo de la netbook personal de la víctima -que está averiada- y otros aparatos incautados en la investigación», añadió el comunicado.
El cuerpo del exintegrante del grupo musical One Direction fue trasladado ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza (provincia de Buenos Aires) hacia Londres en un vuelo de la aerolínea British Airways, poco después de que fuera embalsamado en el Cementerio Británico de Buenos Aires con el fin de preservar sus restos.
Agencia EFE
San Juan.-La comisionada residente en Washington de Puerto Rico, Jenniffer González, quien será la próxima gobernadora de la isla tras vencer en las elecciones de este martes, según los resultados parciales, es una abogada acostumbrada a hacer historia en política.
González ha sido la primera candidata mujer a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y, el próximo enero, de confirmarse la tendencia, se convertirá en la segunda gobernadora electa de la isla.
Con más del 80 % de los colegios de votación contabilizados, González obtiene el 39,63 % de los votos, seguida del candidato de la Alianza de País, el independentista Juan Dalmau, con el 32,34 %.
Nacida en San Juan en 1976, estudió Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico y luego una maestría en Derecho y un doctorado en la Universidad Interamericana.
La más joven en varios cargos de liderato
Destacó desde sus inicios en las filas del PNP y la política local como representante por acumulación en la Cámara, donde en 2009 se convirtió en la presidenta más joven de la historia de Puerto Rico, con 32 años.
Fue reelegida como legisladora en las elecciones de 2012, aunque el PNP perdió la mayoría en la Cámara, siendo seleccionada como portavoz del partido para el periodo 2013-2017.
Su ambición la llevó en 2016 a ser la primera mujer y la persona más joven en ser electa comisionada residente, que es el político que representa los intereses de la isla en el Congreso de Estados Unidos.
En junio pasado, venció en las primarias del PNP al actual gobernador, Pedro Pierluisi, y comenzó su carrera hacia el puesto más alto de poder en la isla con una campaña centrada en atacar a Dalmau.
Adalid de la ‘estadidad’
Desde su puesto de comisionada residente, González ha sido una firme defensora de la llamada ‘estadidad‘, es decir, la anexión de Puerto Rico a EE.UU. por la que aboga el PNP.
Uno de sus objetivos ha sido promover que el Congreso de Estados Unidos apruebe la celebración de un referéndum vinculante en la isla para que los puertorriqueños decidan un nuevo estatus político, diferente al Estado Libre Asociado.
El proyecto, todavía pendiente de aprobación en Washington, es que el plebiscito incluya las opciones de ‘estadidad’, independencia y soberanía en libre asociación.
«El único partido político que va a defender la ciudadanía americana, la relación con los Estados Unidos, para afianzarla más, es el Partido Nuevo Progresista», dijo González en el debate televisado durante la campaña electoral.
De hecho, las elecciones de este martes incluyeron una consulta de estatus no vinculante, en la que el 56,96 % de los votantes han optado por la ‘estadidad’.
En estos años, González ha centrado también sus esfuerzos en lograr el apoyo y la financiación federal para la reconstrucción de Puerto Rico, que quedó devastado tras el paso del huracán María en 2017.
Su trabajo en el Congreso se ha enfocado asimismo en patrocinar proyectos de ley relacionados con asuntos de veteranos, la salud y el alivio fiscal para Puerto Rico.