Latinoamericanas
En medio de protestas, juez de Panamá valida acuerdo con Odebrecht
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
Panamá, Panamá (EFE).- Un tribunal panameño validó este jueves el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht, que incluye el pago de una multa millonaria, contempla el archivo de la causa en Panamá contra la empresa y, según la fiscalía, allana el camino para sentar en el banquillo a los panameños que recibieron sobornos.
El acuerdo validado por el titular del Juzgado Duodécimo del Circuito Penal de Panamá, Óscar Carrasquilla, establece que la constructora brasileña y principal contratista del Estado panameño tiene que pagar una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país centroamericano.
El magistrado Carrasquilla indicó que Odebrecht ya había depositado 10 millones de dólares, que se descontarán del monto total; que tiene que pagar la multa en 12 años, tal y como se acordó con la fiscalía, y abonar anualmente “una suma adicional del 5 % del saldo pendiente en concepto de mora”.
El llamado “acuerdo de colaboración eficaz” suscrito por las partes el pasado julio y leído este jueves en una audiencia pública por la fiscal anticorrupción, Zuleyka Moore, decreta también el archivo de la causa en Panamá contra Odebrecht y varios de sus antiguos directivos y trabajadores, a cambio de la información sobre la trama de sobornos que estos suministraron a la Fiscalía.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Entre estos exdirectivos se encuentra Andre Rabello, que dirigió durante varios años las operaciones de Odebrecht en Panamá y compareció este jueves en una videoconferencia desde el consulado panameño en Sao Paulo, Brasil, para ratificar los datos ofrecidos por la Fiscalía panameña.
Moore aseguró que las confesiones de Rabello son “imprescindibles” para entender la trama de corrupción de la constructora y sentar en el banquillo a los panameños que malversaron dinero público y recibieron sobornos.
El exdirectivo declaró que la compañía pagó durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) un total de 55,8 millones de dólares a dos de sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto, que se encuentran en paradero desconocido y sobre los que pesa una orden de detención internacional.
En sus declaraciones, Rabello acusó también a los exministros de Martintelli Frank de Lima, Demetrio Papadimitriu, José Domingo Arias (excandidato presidencial) y Jaime Ford de haber cobrado 7, 4, 10 y 1,8 millones de dólares, respectivamente.
Además, fueron señalados otros funcionarios de la era Martinelli, como el exdirector de la estatal Caja de Ahorros Ricardo Francolini (1,6 millones de dólares), el excónsul panameño Jaime Lasso (700.000 dólares) y el exdirector del Ministerio de Obras Publicas Carlos Ho (500.000 dólares), así como la firma de abogados Rosas y Rosas (3,4 millones de dólares), propiedad de un diputado oficialista.
Sin embargo, el expresidente panameño, que se encuentra detenido en Estados Unidos por un caso de escuchas ilegales a la espera de que el Departamento de Estado decida su extradición a Panamá, no fue mencionado en las delaciones de Rabello.
La fiscal Moore explicó que Rabello aseguró en sus declaraciones que la constructora no pagó sobornos para adjudicarse contratos públicos, sino para recibir un “trato preferencial” por parte del Gobierno y agilizar así “el pago de facturas, la asignación de financiamiento y presupuesto o la formalización de adendas”.
Durante la audiencia, que duró más de 12 horas, las autoridades judiciales panameñas validaron también el testimonio de Olivio Rodrigues, un operador financiero que construyó el entramado empresarial que usó Odebrecht para blanquear dinero en Panamá y pagar sobornos.
La fiscal Moore indicó que Rodrigues, a quien también se le archivo la causa, apuntó en sus delaciones que la empresa Constructora Internacional del Sur, de la que fue titular hasta 2014, abrió varias cuentas en bancos panameños a las que transfirió “dineros de procedencia ilícita”, que luego usó para pagar sobornos en Panamá y en otros países de Latinoamérica.
El juez validó también el testimonio del exempleado de Odebrecht Luiz Eduardo da Rocha, a quien también se le archivó la causa y aseguró que la constructora recibió un “trato beneficiario durante la construcción” de la primera línea del metro de la capital panameña, inaugurada en el 2014 y obra de la empresa brasileña y la española FCC. EFE
Latinoamericanas
Haití recibe el primer despliegue de nueva fuerza multinacional antipandillas de la ONU
Efe
Puerto Príncipe.- Haití recibió las primeras tropas, procedentes de Chad, de la Fuerza de Supresión de Pandillas (FSG) creada en 2025 por las Naciones Unidas, informó este miércoles el organismo.
La FSG dijo en un mensaje en X que «un destacamento de fuerzas chadianas (…) llegó, marcando el primer despliegue de tropas de la Fuerza de Represión de Pandillas ampliada», que sustituye a la Misión de Seguridad para Haití (MMS), también creada por la ONU y que no tuvo los resultados esperados en el combate contra las bandas.
Con una dotación total de 5.500 efectivos, la GSF tendrá como representante especial a Jack Christofides, que ya se encuentra en Haití, según informó en el mensaje el organismo.
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Incertidumbre en Haití sobre la llegada de contingentes de la nueva fuerza antipandillas
Esta misión toma el relevo de la MSS cuando las bandas han expandido su dominio este último año más allá de Puerto Príncipe, la capital de Haití, hacia los departamentos de Centro y Artibonite, en medio de altos niveles de violencia entre pandillas, fuerzas de seguridad, empresas privadas y grupos de «autodefensa» que han causado 5.519 muertos y 2.608 heridos entre el 1 de marzo de 2025 y el 15 de enero de este año.
Enfrentamientos armados y una masacre
La Policía Nacional de Haití (PNH) informó precisamente este miércoles de enfrentamientos armados con pandilleros en el marco de una «gran operación» en el departamento de Artibonite, situado al norte de la capital y donde el domingo ocurrió la masacre de al menos 70 personas en un ataque atribuido al grupo armado ‘Gran Grif’, según denuncias de una ONG y la ONU.
El despliegue policial tiene lugar tras la masacre del domingo, denuncia un día después por la ONG Collectif Défenseurs Plus, que acusó al Gobierno haitiano de mostrar una «pasividad indignante que raya en la complicidad flagrante» ante la «barbarie» ocurrida en Arbonite.
Medidas en República Dominicana
En medio de la incertidumbre en Haití, la Cancillería dominicana informó este miércoles que el canciller Álvarez se reunió el lunes con el subsecretario general del Departamento de Apoyo Operacional de las Naciones Unidas, Atul Khare, para abordar el despliegue de la GSF.
En el encuentro se habló de las «facilidades» que podrían brindarse desde la República Dominicana para apoyar a la Fuerza, como el tránsito de personal y equipos, servicios médicos y el establecimiento de un gabinete de apoyo para la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Haití (Unsoh), según indicó un comunicado.
Está cooperación con las GSF se «limita exclusivamente a respaldo desde República Dominicana», precisó el Ministerio de Exteriores.
Por su parte, el periódico dominicano ‘El Listín Diario’ publicó que la República Dominicana ha desplegado miles de soldados del Ejército a lo largo de la frontera con Haití para reforzar la seguridad ante el despliegue de la GSF.
Latinoamericanas
Se retrasa hasta este martes la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
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Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD
Agencia EFE
Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.
La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.
Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.
En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.