La depredación del patrimonio público y la interpretación distorsionada de la normativa jurídica, ha constituido, sin lugar a dudas, una verdadera desgracia nacional.
La República Dominicana ha pasado la mayor parte tiempo, por no decir toda su vida, en medio de escándalos en los que aparecen envueltos siempre los que detentan el poder.
Gobiernos van y gobiernos vienen y cada vez son más insuficientes los mecanismos creados para combatir la corrupción administrativa y la conducta mafiosa de los partidos políticos, porque se crea la ley y de inmediato se inician los inventos para buscar como violarla.
Es una verdadera articulación de una maquinaria burocrática que tira por la borda lo poco o lo mucho que en términos de la creación y de la aplicación de la ley se ha logrado.
Sin embargo, a pesar del gran desastre nacional en esta materia los políticos por primera vez han tenido que tomar en cuenta la presión proveniente de la gente a través de las redes sociales.
Por esta razón, ahora se observa una rápida rectificación de aquellas medidas del Gobierno o del Estado que se entienden que afectan a las grandes mayorías nacionales, lo cual antes, un par de años atrás, era prácticamente imposible.
Esta realidad ha derivado en la anulación o modificación de una serie de acciones oficiales que dañan a los dominicanos, como por ejemplo el paquete impositivo que quiso pasar el actual gobierno de Luis Abinader.
Otra disposición oficial, que aunque rechazada por la gente, aún perdura, pero que la población no deja de enrostrársela a sus gobernantes, fue la designación de personas de una misma familia en la administración pública.
Ahora se busca adecuar para que sean más efectivas las leyes del régimen electoral dominicano, lo cual es oportuno y saludable para lograr una mejor democracia.
Ya llegó el momento de que los politiqueros y los partidos continúen con su fiesta con los recursos públicos, pero muy especialmente con el dinero que otorga la sociedad para financiar sus actividades.
De manera, que toda la sociedad dominicana debe apoyar el esfuerzo iniciado por la nueva Junta Central Electoral (JCE), encabezada por el doctor Román Jáquez, para que en el país se produzca un antes y un después en el próximo proceso electoral del año 2024.
Manos a la obra!