Santo Domingo, R.D.-La jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dispuso el mantenimiento del arresto domiciliario que pesa en contra del coronel Andrés Pacheco Valera, implicado en la Operación Lobo.

La magistrada Yanibet Rivas tomó la decisión tras rechazar una solicitud de variación de la medida presentada por el acusado, a través de su abogado Félix Portes Núñez.

De inmediato, el abogado del imputado anunció que apelará la decisión, alegando violación al principio de igualdad, ya que otros coimputados han recibido medidas menos severas.

El imputado es acusado de formar parte de una red que se dedicaba a la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.

Entre las instituciones se encuentran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte), la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EdeEste) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur).

Entre los implicados se encuentran el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como los coroneles de ese organismo Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

Además, el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz. En Santiago fue arrestado Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público apelará la decisión emitida por el Séptimo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que dictó auto de no ha lugar en favor de Jean Andrés Pumarol Fernández, imputado de ultimar a una mujer y herir a otras cinco personas en un hecho ocurrido en el sector Naco.

El órgano acusador rechazó, en un comunicado de prensa, la decisión del juez Deiby Antonio Timoteo Peguero, al considerar que no se corresponde con las pruebas aportadas durante el proceso.

Sostiene que existen méritos suficientes para recurrir la decisión, al entender que el tribunal incurre en contradicción, ya que en principio no acoge la declaratoria de inimputabilidad, pero termina aplicando los efectos jurídicos de dicha figura al dictar el auto de no ha lugar.

Sobre el caso

La acusación presentada por el Ministerio Público, representado por la fiscal Vidalis Mora, explica que el 23 de julio de 2025 el imputado irrumpió en varias viviendas del residencial Naco Dorado IV, donde agredió a distintos residentes, incluyendo a Yolanda Handal Abugabir, a quien le provocó la muerte.

Durante el hecho, también hirió a Gricelda Ozuna Torres, Francisco Texano, Teresa Fabián de Heredia, Victoria Heredia y Guillermo Ramón Pumarol Castellanos, además de ocasionar la muerte de una mascota.

El Ministerio Público recordó que, en atención a la gravedad de los hechos y las evidencias presentadas, previamente, le fue impuesta prisión preventiva como medida de coerción, la cual cumplía en el Centro de Corrección y Rehabilitación Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, presentó cifras de violencia que afectan a la sociedad dominicana, haciendo un llamado urgente a desmontar la cultura del conflicto y a centrar las políticas públicas en la juventud.

La magistrada, al presentar su rendición de cuentas 2026, dijo que el Ministerio Público recibió «la abrumadora cifra» de 73,291 casos relacionados exclusivamente con violencia de género, intrafamiliar y sexual durante el último año.

Reynoso destacó que, más allá de los delitos graves, las denuncias por amenazas alcanzaron los 25,024 casos.

Reynoso señaló que 6 de cada 10 homicidios en el país se originan por conflictos sociales y que, según los datos validados al 100 %, el 59 % de las muertes violentas no son producto del crimen organizado, sino de altercados ciudadanos; una cifra que revela una profunda crisis en la resolución pacífica de diferencias.

«De cada 10 homicidios, seis son por conflictos sociales. Si a esto le sumamos que el 80 % de los involucrados son menores de 35 años, tenemos datos suficientes para entender que debemos trabajar como sociedad», advirtió Reynoso.

La magistrada anunció que, como parte de la iniciativa «Vitaria», el Ministerio Público publicará cada tres meses un boletín especializado en violencia de género e intrafamiliar.

Explicó que este documento servirá como herramienta de análisis para las 31 instituciones aliadas y la sociedad civil, permitiendo una persecución basada en datos científicos y no en reacciones mediáticas.

«Rendir cuentas es nuestra obligación. La transparencia no es solo colgar datos, es permitir que la sociedad cuestione, pregunte y evalúe la meritocracia y el sistema de consecuencias que estamos consolidando», concluyó.

Para el 2026, la magistrada prometió una transformación total en la metodología de investigación criminal, incluyendo una nueva sede de investigación.

Sostuvo que, por disposición del presidente Luis Abinader, las unidades de investigación y procuradurías especializadas se trasladarán en menos de 90 días al edificio donde opera actualmente el Instituto Postal Dominicano (Inposdom), el cual será convertido en una sede moderna y tecnificada.

Manifestó que, junto a la Policía Nacional y la Dicrim, se implementará un modelo más técnico, fortaleciendo los laboratorios y digitalizando procesos para garantizar una «calidad técnica sin precedentes».

Reynoso también se refirió a los procesos judiciales por corrupción administrativa. Aseguró que la institución no se dejará amedrentar por presiones externas ni por la coyuntura política.

Asimismo, anunció que el país alcanzará este año la independencia científica en materia forense.

Sostuvo que antes de que concluya el 2026, el país contará con la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) más avanzada de la región y tendrá la capacidad de procesar el 100 % de las pruebas de ADN en territorio nacional.

«Tener que pedir asistencia a Puerto Rico para realizar pruebas de ADN será cosa del pasado», sentenció la magistrada, al tiempo que anunció la creación de un fondo especial para que ningún caso se quede sin esta prueba científica por falta de recursos.

La procuradora reveló que se han ejecutado más de 34 operaciones de alto impacto contra el narcotráfico, trata de personas, lavado de activos y cibercriminalidad.

Además, anunció que a partir del 1 de abril, la interoperabilidad con la Policía Científica será del 100 % y el 100 % de los allanamientos realizados por fiscales serán grabados con cámaras corporales (bodycams) de última generación para garantizar la transparencia y el respeto al debido proceso.

La institución ha sistematizado el 70 % de sus procesos con el objetivo de llegar al 100 % en línea para el cierre de 2026. Se eliminarán los libros de récords físicos, utilizando firmas digitales y registros biométricos.

Finalmente, destacó la creación del Sistema Automatizado de Información Penitenciaria, que ha captado los datos biométricos de toda la población carcelaria en los 51 centros del país.

Este sistema será entregado al Ministerio de Justicia para interoperar con las agencias de inteligencia y defensa del Estado.