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Millones de depuraciones de personas, armas y vehículos realizo la PN.
Santo Domingo, R.D.-El Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica (DIBI) de la Policía Nacional informó que realizó 26 millones de consultas en los primeros ocho meses de 2024, las cuales abarcan personas, vehículos y armas.
Según los informes de la institución, se realizaron 9,387,456 depuraciones ciudadanas, acciones que permitieron la captura de al menos 979 prófugos de la justicia entre los meses de abril y agosto. Los datos de los primeros tres meses del año no especifican esta categoría.
En el mes de agosto, fueron arrestados 145 individuos que figuraban en los registros policiales. En julio se detuvieron a 178, en junio a 252, en mayo a 209 y en abril a 195.
El portal web de la Policía Nacional registra 216 prófugos de la justicia. El más reciente publicado el martes 03 de septiembre es Elvy Aleydo Morel Ogando, a quien se le atribuye la comisión de homicidio y otros delitos.
También figuran en el mes de agosto Vigioni Joel Núñez, Frankyn José Marte, Livio Alexander Mejía Mora, Melisa Fabiana Lora Calderón, José Alfonso Cohen, Maicol Mateo Castillo, Ayendri Bocio Tapia, José Augusto Abad, Edwin Ventura Noe, entre otros.
Además, se verificaron 6,341 armas de fuego, de las cuales 215 tenían permisos vencidos. Desde el 1 de enero hasta el 30 de agosto, las autoridades confiscaron 3,173 armas.
De acuerdo con el Análisis Estadístico de Criminalidad, también se han realizado 23,730,444 depuraciones de placas y de vehículos, de las cuales 9,428 presentaron irregularidades al momento de la requisa.
Sobre el sistema DEBI
El Sistema de Identificación Ciudadana y Depuración Biométrica (DEBI) es una herramienta tecnológica diseñada para verificar a los ciudadanos sin necesidad de trasladarlos a una dotación policial.
Con esta aplicación, los agentes del orden, pueden identificar a cualquier persona mediante datos biométricos, lo que les permite determinar si el ciudadano posee un historial limpio o si tiene asuntos pendientes con la justicia.
La herramienta tecnológica utiliza un sistema de indicadores de colores: rojo, naranja, gris y verde. El color rojo señala que el individuo está en alerta por ser prófugo de la justicia o por estar vinculado a un vehículo robado. El naranja establece que la persona tiene antecedentes penales. El gris se usa para marcar armas con licencia de porte vencida, mientras que el verde indica que tanto el ciudadano como el vehículo en el que se desplaza no presentan ninguna incidencia.
Tecnología contra el crimen
El sistema DEBI comenzó a utilizarse en el país en julio del año 2022. De acuerdo a las declaraciones de la autoridad policial, se trata de un sistema integrado de identificación ciudadana, con el cual, a través de los equipos móviles distribuidos en las diferentes regiones de República Dominicana, los agentes preventivos pueden depurar a los ciudadanos sin necesidad de hacerlo en un destacamento policial. La aplicación ha permitido la captura de 900 prófugos en últimos cuatro meses.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.