Nacionales
Encuesta da favoritos a Leonel, Danilo y Collado
Santo Domingo.- El presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández tienen un empate técnico en la intención de votos de los dominicanos con miras a las próximas elecciones.
El alcalde del Distrito Nacional, David Collado, es el político dominicano con mejor intención de voto cuando se les pregunta a los dominicanos sobre los dirigentes que nunca han sido candidatos a la Presidencia de la República.
En este reglón, Collado obtuvo 71.8%, el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, 15.4%, y el ministro de Educación, Andrés Navarro, 12.8%.
A pesar de que Medina tiene un impedimento constitucional para optar nuevamente a la Presidencia de la República, el mandatario tiene 32.9% en la intención de voto entre los posibles candidatos en el PLD, solo de detrás de Fernández, quien tiene 34.2% y empatado con la vicepresidenta Margarita Cedeño, que tiene igual puntuación, o sea, 32.9%
Dentro de los votantes del PLD, Fernández tiene 37.1%, el actual mandatario 37.3% y Cedeño 25.6%.
La ficha técnica dice además que se entrevistaron ciudadanos entre los 18 y más de 65 años, de los cuales mil respondieron toda la encuesta, con un margen de error de alrededor de 3.1 por ciento.
En el PRM
Luis Abinader, con 52.4%, es quien tiene mayor intención del voto entre los simpatizantes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), superando a David Collado, con 29.5%, e Hipólito Mejía, 18.1%.
Sin embargo, cuando se le preguntó a la población en sentido general sobre por quién del PRM votaría, eligió al joven alcalde de la capital con 44.6%, seguido de Abinader, con 30%, e Hipólito Mejía, con 25.4%.
Los candidatos
Otra pregunta que le hizo Newlink a los votantes, 50 por ciento mujeres y con nivel educativo desde estudios primarios hasta postgrado o maestría, es sobre quiénes creen que serán los candidatos en los venideros comicios.
El 40 por ciento respondió: Luis Abinader y Leonel Fernández; el 36.7 David Collado (El Emprendedor) y Leonel Fernández; y 23.4%, Hipólito Mejía y Leonel Fernández.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.