Participación Ciudadana, representada por Rosalía Sosa, propuso ayer la creación de una procuraduría especial para perseguir los delitos electorales, así como la firma de un gran pacto político-social que anteceda las indiscutibles facultades del Congreso Nacional para la aprobación del las leyes de Partidos y del Régimen Electoral.

Al reunirse con la Comisión Bicameral que estudia las dos iniciativas citadas, la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), encabezada por el doctor Servicio Tulio Castaños Guzmán, propuso, por su lado, que quienes se presenten como candidatos a cargos de elección popular deban presentar una certificación de pago de impuestos y una declaración jurada de bienes, “instaurando así la posibilidad de un régimen de incompatibilidades de forma expresa en la norma”.

“Igualmente, sugerimos establecer la prohibición de ser alto directivo de una organización política y, a su vez, ocupar un alto puesto en el seno de la Administración Pública”, expresa Castaños Guzmán.

Financiamiento. En cuanto al financiamiento público, tema abordado también por Participación Ciudadana, la Fundación Justicia y Transparencia y la Alianza Dominicana contra la Corrupción (ADOCO), Castaños Guzmán propuso que la distribución del fondo global sea a razón del 40% del total repartido equitativamente entre los partidos políticos y el restante 60% se distribuya en base a los votos válidos obtenidos por cada organización.

“Además, sugerimos que los fondos públicos no puedan ser utilizados para gastos de campañas electorales, sino para los fines que propone el proyecto de ley de Partidos presentado por la JCE, que son los rubros de educación interna, gastos administrativos y organización interna de los partidos y agrupaciones políticas”, expresó.

Privado. Sobre el financiamiento privado, “estamos proponiendo que se establezcan controles y límites a las donaciones privadas, tal como topes a los aportes realizados por personas físicas y jurídicas -con un máximo de 100 salarios mínimos”, dijo Castaños Guzmán.

Asimismo, propuso eliminar el anonimato de las donaciones, publicitar el origen de la contribución y prohibir la aceptación de aportes de personas jurídicas que se encuentren en litigio con el Estado.

Pacto político. Por su lado, Rosalía Sosa, de Participación Ciudadana, significó que el pacto político es imprescindible “porque todos sabemos que aquí no basta la aprobación de leyes, que es imprescindible un compromiso adicional para su cumplimiento”.
“El pacto que proponemos no es en detrimento de nadie, sino para el fortalecimiento de todos y deberá ser coordinado y conducido por la JCE”, dijo.
Primarias. Propone garantizar la democracia interna de los partidos con elecciones primarias para escoger los candidatos entre un año y siete meses antes de los comicios, sin que se pueda hacer campaña fuera de ese período y con un padrón universal.

Participación Ciudadana declaró ilícito cualquier financiamiento de los organismos del Estado, de empresas públicas y de capital mixto, de gobiernos e instituciones extranjeras, salvo las académicas para formación política.

Prohibir inauguraciones. Rosalía Sosa propuso además prohibir las inauguraciones de obras durante el período de campaña, aunque las mismas podrán ser puestas en servicio, y que todos los candidatos a la reelección tomen licencia de sus cargos ejecutivos.

Primarias simultáneas. Al intervenir, el presidente de ADOCO, Julio César de la Rosa, propuso que el mecanismo para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular sea de primarias simultáneas y administradas por la JCE.

En otro orden, dijo que ADOCO propone la debida identificación de los donantes en cualquiera de las modalidades que sean realizados los aportes.

Educación. Por su lado, el doctor Trajano Vidal Potentini, de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), señaló que la función de educación es de la exclusiva responsabilidad de las organizaciones políticas, por lo que la JCE no debe involucrarse en los procesos de formación política de sus miembros.

Candidaturas y partidos. En otro orden, Vidal Potentini planteó que el máximo de candidaturas reservadas para los órganos de dirección del partido, debería ser no mayor del 10% de las candidaturas propuestas, para conceder mayor legitimidad a la representación.

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