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Economía

Entran en vigencia normas contra el lavado de activos para casinos y bancas

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SANTO DOMINGO. Los casinos, las bancas de lotería y de apuestas deportivas y las concesionarias de lotería están obligadas desde finales del mes pasado a reportar e, incluso, a investigar las fuentes de los fondos que reciben de clientes que puedan resultar sospechosos de lavado de dinero, según una nueva resolución que emitió el Ministerio de Hacienda antes de terminar el año 2017.

De acuerdo con la normativa 2004-2017 publicada por el despacho de las finanzas públicas, sobrepasar el umbral de US$3,000 diarios o su equivalente en pesos o monedas virtuales, ya sea en una única operación o en varias que sumen ese monto, supondrá para esos negocios la obligación de reportar la operación.

Para lograrlo, las compañías de apuestas deberán definir un procedimiento que involucre sistemas de información sobre sus clientes y también de alertas y verificaciones en listados internacionales a personas relacionadas con lavado de dinero y financiación al terrorismo.

La normativa paraguas que define la prevención de estos delitos —la Ley 155-17— señala que todos los sujetos obligados deben hacer la “debida diligencia”, que no es otra cosa que el reporte a tiempo cuando ocurre una operación inusual o sospechosa.

Por ejemplo, de acuerdo con la normativa recién publicada por el Ministerio de Hacienda, los casinos deben hacer el informe al momento del pago de premio, ticket o cash out, así como compra o cambio de fichas que superen el umbral de los US$3,000 diarios.

Por su parte, para las bancas de lotería, la debida diligencia deberá ocurrir cuando el cliente presente el instrumento —voucher, ticket, entre otros— para reclamar un premio por encima del monto indicado antes.

Si los casinos, las bancas de lotería y de apuestas deportivas consideran que hay riesgos mayores de lavado de activos o de financiación al terrorismo deberán, incluso, investigar la fuente de los fondos del cliente sospechoso, establecer un seguimiento a las operaciones que realice y verificar su reputación en fuentes confiables, entre otros requisitos.

En el caso de las personas expuestas políticamente (PEP), que se refiere a funcionarios o sus familiares cercanos, la alta gerencia de esos negocios debe autorizar la relación con esos clientes y, en caso de que se dé el visto bueno, monitorear permanente el vínculo comercial.

La prohibición de la 155-17

El umbral de US$3,000 como señal de alerta se define en la resolución dada a conocer por el Ministerio de Hacienda. La Ley 155-17 prohíbe apostar más de RD$250,000, que equivalen a unos US$5,200 a la tasa actual.

diariolibre.com

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Economía

El petróleo de Texas baja un 4,39 % pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

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Nueva York, (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba este lunes un 4,39 %, hasta 94,38 dólares el barril, pese a la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El WTI había cerrado el viernes en 98,71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). EFE

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Economía

Con alza de combustibles e impacto en remesas, se siente la guerra del Golfo en RD

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Santo Domingo, R.D.-A dos semanas de que estallara el conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, la economía dominicana empieza a sentir sus efectos, con la subida de la gasolina y el gasoil más significativo en cuatro años de precios mayormente congelados, así como una disminución en las remesas hacia el país para el mes de febrero.

El Gobierno dominicano anunció el viernes pasado un aumento de cinco pesos a los galones de gasolina y gasoil para la semana del 14 al 20 de marzo en respuesta a la «volatilidad extrema» de los mercados petroleros.

Esta medida tomada a pesar de que se amortiguará una subida aún más abrupta de los hidrocarburos en el mercado interno con un subsidio de 1,189.8 millones de pesos durante esta semana -monto que duplica los 544.8 millones de pesos dispuestos la semana anterior-.

Infografía

Los nuevos precios

Con el ajuste al alza, el galón de gasolina premium pasará de 290.10 a 295.10 pesos y la gasolina regular, de 272.50 a 277.50 pesos.

Este es el primer descongelamiento de estos precios desde la tercera semana de septiembre del 2023, cuando ambos productos se encontraran en 293.10 y 274.50 pesos y fueran rebajados 3 y 2 pesos, respectivamente.

«Este movimiento representa un incremento marginal de aproximadamente un 2 % en el precio promedio de las gasolinas y un 1.7 % en el gasoil, una indexación moderada que evita el traspaso de la inflación importada al consumidor final», explicó el MICM en una nota de prensa.

El gas mantiene precioDe momento, el Gobierno decidió mantener invariables el galón de gas licuado de petróleo (137.20 pesos) y el gas natural (43.97 pesos por metro cúbico), con el objetivo de «garantizar la defensa de la economía del hogar, la canasta básica y el transporte público urbano».

Precios del petróleo

En el mercado internacional, los contratos a futuro para el petróleo de Texas se alejaron levemente de la horquilla de los 100 dólares ayer, cerrando en 93.84 dólares el barril, 1.87 menos que los 98.71 dólares del viernes 13 de marzo. En tanto, el petróleo Brent, referente en Europa, superó los 106.13 dólares el barril, 2.99 más que los 103.14 dólares del viernes pasado.

Disminuyen las remesas

En febrero, el país recibió 887.9 millones de dólares en remesas, 29.4 millones menos que en febrero del 2025 y una diferencia mensual de 95.2 millones de dólares respecto a enero de este año. Según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), estas bajas responden a presiones inflacionarias generadas por el petróleo, lo que redujo el ingreso disponible de los hogares. Las remesas ya suman 1,870.4 millones de dólares en lo que va de este año.

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Economía

Marcas blancas deben ajustarse a norma del sector industrial, adivierte Procompetencia.

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Santo Domingo, R.D.- La presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia), María Vásquez, informó que de la supuesta competencia desleal de las marcas blancas en los supermercados hasta el momento  no se ha presentado ninguna denuncia formal a la institución reguladora, y que se mantiene monitoreado todo lo que acontece en los diversos mercados de bienes y servicios.

Aunque aclaró que, aun cuando estos productos sí están registrados y responden a un efecto procompetitivo, deben ajustarse al ordenamiento público y las normas que se establecen tanto a nivel local como los portadores.

“Todos tienen que cumplir con las regulaciones, porque es la única forma de que el terreno de juego se encuentre nivelado, así que puedan efectivamente competir e igualdad de condiciones”, advirtió la presidenta de Pro-Competencia mientras agregaba que realizarán un estudio que determinará las condiciones de competencia en el comercio minorista.

La investigación incluirá un perfil detallado de las marcas blancas en el país, incluyendo su dimensión, proporción e impacto en el mercado dominicano, además de identificar si existen necesidades de mejoras regulatorias y políticas públicas para enriquecer los niveles de competencia en el sector.

Mientras tanto, aseguró que la dirección ejecutiva se mantiene monitoreando los diversos mercados a través del Observatorio de Condiciones de Competencia como un tema de preocupación; más aún, no se ha presentado ninguna denuncia de manera formal, pero sí trabajan en un informe de abogacía de la competencia para presentar mejoras regulatorias que garanticen una competencia efectiva en el mercado minorista.

La funcionaria también destacó que el anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y Competencia Económica ante la Asociación de Industrias como una propuesta para modificar la ley general de defensa de la competencia, buscando confirmar mayor seguridad jurídica y previsibilidad para la libre empresa y todos los actores económicos para que compitan en igualdad de condiciones.

El mismo incorporará un régimen general de control de concentraciones en el país considerado como “una carencia” identificada por los organismos internacionales.

“Somos el único país de América Latina que tiene una ley de competencia, una autoridad de competencia y que no tiene esa facultad de control previo de concentraciones.  Igualmente, se establece facultad para Procompetencia para poder sancionar de manera ejemplarizante la competencia lexical, que se ha convertido en un flagelo que afecta a todos los sectores económicos de la República Dominicana”, manifestó.

Se incorporan además la figura del consejero instructor para garantizar la tutela judicial efectiva y el proceso adecuado, incremento de las multas para que pasen de salarios y refuerzo de las autoridades de competencia con mayores facultades y reforzar la efectividad de la institución creando mercados más competitivos, abiertos y con interés para atraer inversión extranjera.

Marcándolo como una necesidad en el sector, este proyecto promulga sanciones a los actos de competencia desleal clasificándolo como infracciones graves sujetas a multas de hasta cinco por ciento de los ingresos brutos del infractor, pudiendo duplicarse en caso de reincidencia.

De esta forma, se reconoce la competencia desleal con incidencia en el interés público como una conducta que merece respuesta administrativa efectiva, proporcional y disuasoria.

En este espacio existe la colaboración interinstitucional, reforzando la obligatoriedad de proveer información para crear un régimen de consecuencias que incurra en la omisión, el retardo injustificado o la negativa expresa de entrega.

Como resultado, se comprometería la responsabilidad patrimonial del funcionario, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias, civiles o penales, constituyéndose como un avance sustancial para los fines de la institución.

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