Más Noticias
El escándalo de corrupción en el Intrant todavía tiene muchas más aristas.
Santo Domingo, R.D.-La Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la República el expediente de investigación sobre el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Transito y Transporte (Intrant) y la empresa Dekolor, SRL, la cual revelo inconsistencias en la ejecución, registro de contratos y pagos relacionados con el servicio de emisión de licencias de conducir.
El informe señala que se determinaron graves irregularidades, violaciones normativas y serias inconsistencias, el cual reproducimos a continuación.
La Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República depositó ante la Procuraduría General de la República el expediente de investigación sobre el proceso contractual entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT) y la empresa DEKOLOR, S.R.L, que reveló inconsistencias en la ejecución, registro de contratos y procesamiento de pagos relacionados con el servicio de emisión de licencias de conducir.
El documento emitido por la Unidad Antifraude, generado a partir de un informe financiero forense, detalla la evolución de la relación contractual entre el INTRANT y la empresa Dekolor, S.R.L., iniciada con la licitación pública núm. INTRANT-CCC-LPN-2019-0007, publicada el 8 de agosto de 2019., y formalizada mediante el contrato núm. DJ-CSB-001-2020, firmado el 7 de enero de 2020.
Posteriormente, se emitieron tres adendas: la primera, durante el período 2020-2021, que incluyó el servicio de examen médico psicofísico sin estar contemplado en los términos iniciales, no fue registrada ante la Contraloría; la segunda, en el año 2022, introdujo un incremento de precios sin justificación técnica suficiente y fue rechazada por la Contraloría por falta de documentación; y la tercera, registrada formalmente en el año 2022, reconoció la existencia de las adendas anteriores, sin que estas hubiesen sido regularizadas. Estas actuaciones evidencian serias debilidades en el cumplimiento del marco normativo, comprometiendo los principios de legalidad, transparencia y control administrativo.
La Unidad Antifraude al examinar los contratos suscritos por el INTRANT con las empresas DEKOLOR, S.R.L. y PAGORD XCHANGE S.R.L., incluyendo sus adendas, modificaciones y convenios complementarios, para verificar la legalidad y cumplimiento de los registros contractuales ante los órganos de control y requerir información mediante oficios institucionales a funcionarios del INTRANT, áreas administrativas y jurídicas, así como a otras entidades públicas y privadas vinculadas al proceso, determinó graves irregularidades, violaciones normativas y serias inconsistencias.
La empresa Dekolor, S.R.L. resultó adjudicataria del contrato para la emisión de licencias de conducir, con un monto fijado en RD$805.69 por cada servicio. No obstante, durante la revisión del contrato y sus adendas se identificaron inconsistencias relacionadas con los precios y los servicios contratados. Asimismo, se detectaron pagos realizados sobre la base de adendas que no fueron registradas en el sistema.
Por otra parte, se detectó que el convenio con Pagord Xchange, S.R.L., firmado en julio de 2021 para el cobro de servicios con una comisión del 10%, fue un mecanismo no aprobado por el órgano competente y no fue un contrato registrado formalmente, en violación de la normativa vigente.
Entre los hallazgos más relevantes, se identificaron violaciones a la Ley núm. 10-07 sobre el Sistema Nacional de Control Interno, al Decreto núm. 3-19 sobre certificados médicos psicofísicos y a la Ley núm. 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Estos incluyen: firma de contratos y adendas sin registro adecuado ante la Contraloría General, adjudicación de contratos sin publicación de ofertas económicas en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, modificaciones contractuales no justificadas, falta de transparencia en los procesos de contratación y convenios firmados con empresas privadas sin criterios claros de selección ni registros oficiales.
En cuanto al comportamiento financiero del INTRANT entre enero de 2021 y julio de 2022, se constató la falta de conciliaciones bancarias adecuadas que permitieran transparentar el comportamiento de los cobros efectuados a través de los distintos mecanismos, incluyendo PagordXchange S.R.L. Asimismo, se detectaron conciliaciones sin las firmas requeridas, lo que debilita los controles internos y afecta la transparencia en la gestión y el debido recaudo de los fondos.
La Unidad Antifraude reitera su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del control interno en las instituciones del Estado. El informe fue remitido la Procuraduría General de la República para la profundización en los hallazgos, la determinación de responsabilidades y la aplicación de las sanciones previstas por la ley; de igual modo, fue remitido a la Dirección General de Contrataciones Públicas para los fines correspondientes.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
Más Noticias
Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.