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Envían a juicio a general de la Policía acusado de abuso sexual a una menor
Santo Domingo, República Dominicana .- El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó este miércoles auto de apertura a juicio contra el suspendido general de la Policía Nacional, José Alejandro Acosta Castellanos, acusado de cometer presuntamente delitos sexuales en perjuicio de una adolescente.
El tribunal admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra Acosta Castellanos y acogió todas las pruebas que le fueron aportadas, considerando que eran suficientes para sustentarse en un juicio de fondo y que fueron recabadas de conformidad a la normativa procesal vigente.
Sin embargo, el juzgado varió la prisión preventiva contra el oficial por la de una garantía económica, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
La Procuraduría General de la República dijo en un comunicado que la Fiscalía del Distrito Nacional solicitó y obtuvo del tribunal que fueran excluidas varias pruebas aportadas por la defensa del acusado.
El Ministerio Público ha establecido que los actos cometidos por Acosta Castellanos constituyen los tipos penales de seducción, inducción a aborto, abuso psicológico y sexual contra una menor de edad, delitos previstos y sancionados por el Código Penal Dominicano, así como en el Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Sobre los hechos, las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Distrito Nacional indican el acusado Acosta Castellanos conoció a la víctima en 2017 en el sector capitalino de Villa Juana y comenzó con ella una relación sentimental que para ese entonces tenía 15 años.
A raíz de esta relación, la joven resultó embarazada en dos ocasiones y en ambas ocasiones el acusado la indujo a abortar, según la acusación.
Por ese mismo caso guarda prisión el coronel de la Policía Nacional Ángel Antonio Piña Bautista, quien también está acusado de abusar sexualmente de la menor.EFE
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.