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Cámara de Diputados declara a Ercilia Pepín Prócer de la Patria.
Santo Domingo, R.D.- En dos discusiones consecutivas la Cámara de Diputados aprobó y convirtió en Ley el proyecto que declara a Ercilia Pepín como «Prócer de la Patria» y designa el 07 de diciembre de cada año como «Día de Ercilia Pepín».
El proyecto de ley fue introducido en el Senado de la República, por los senadores Daniel Rivera, Félix Bautista, Ricardo de los Santos y Omar Fernández y aprobado en esa ala de Congreso.
Ercilia Pepín nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 7 de diciembre de 1886. A los 14 años, en plena adolescencia, inició su labor docente en una escuela para niñas ubicada en Nibaje, barrio de su ciudad natal, donde comenzó a desarrollar sus dotes de educadora. En 1906 fue designada directora de la escuela de niñas del barrio Mari López y en 1908 pasó a la Escuela Superior de Señoritas, en la que impartió matemáticas, ciencias físicas y naturales.
También, los diputados aprobaron un proyecto de resolución mediante el cual reconoce a la honorable, gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, por su destacada trayectoria política, su compromiso con la equidad social y su apoyo a la comunidad latina en esa urbe, especialmente a los dominicanos.
La resolución es una iniciativa del diputado Ignacio Aracena, quien definió a la reconocida como una gran servidora que ha promovido proyectos en beneficio de la comunidad dominicana.
Kathleen Courtney Hochul (Búfalo, 27 de agosto de 1958) es una abogada y política estadounidense que ejerce como gobernadora de Nueva York desde el 24 de agosto de 2021. Anteriormente, fue vicegobernadora de ese estado desde 2015 hasta 2021 y miembro de la Cámara de Representantes desde 2011 hasta 2013.
Asimismo, aprobaron un grupo de resoluciones sometidas por varios diputados, mediante las cuales solicitan la construcción y remoción de obras de construcción en beneficio de las comunidades que representan.
En la sesión de este miércoles, la Cámara de Diputados envió a la Comisión Permanente de Justicia el proyecto de ley orgánica que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, aprobado por el Senado de la República, el pasado 28 de octubre del presente año.
Al finalizar los trabajos de este miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a sesión para el próximo miércoles 12 del mes en curso, a las 11:00 de la mañana.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.