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Congreso Nacional busca «erradicar» el feminicidio y filicidio en el país para el año 2035.

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Santo Domingo, R.D.-Diputados y senadores, más de 70, se unieron este lunes en el Congreso Nacional para presentar una reforma jurídica integral que tiene el objetivo de erradicar en 2030 los casos de feminicidio y filicidio en todas las provincias del país.

«Nos mata el machismo, la impunidad, la adicción… No la mates, déjala ir». Las representantes de ambas cámaras utilizaron esta última frase para nombrar la iniciativa que modificará, inicialmente, 19 leyes para ofrecer mayor protección a las mujeres ante la creciente y constante violencia registrada en su contra durante las últimas décadas.

La diputada Kinsberly Taveras, autora de la pieza y encargada de coordinar el respaldo de los demás congresistas, fue enfática al manifestar su visión de la transición que debe asumir el Estado dominicano para detener el maltrato hacia la mujer.

Taveras detalló en la propuesta de ley alrededor de 26 motivaciones sociales y culturales que son las principales causas científicas de los hombres agresores.

Además, este proyecto pretende declarar de alta prioridad para el Estado la atención a la emergencia de las agresiones que están recibiendo a manos de hombres las niñas, adolescentes y mujeres dominicanas.

Mientras tanto, el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y su homólogo de la Cámara de DiputadosAlfredo Pacheco, anunciaron durante el acto que acogieron la iniciativa, siendo esta una «respuesta» oficial a estos lamentables hechos.

Además, De los Santos aseguró que la pieza sería integrada a la lista de prioridades de la agenda legislativa de ambos órganos, para lograr su aprobación en las próximas semanas. Asimismo, informó que será integrada una comisión bicameral, asegurando así la participación de los representantes.

«No podemos seguir siendo testigos silentes designados de las heridas y el dolor, no podemos normalizar que tantas mujeres mueran a manos de quienes decían amarlas…», dijo al manifestar su respaldo.

Aunque el proyecto aún debe ser sometido al trámite legislativo reglamentario, la intención de los congresistas es que esta iniciativa sea aprobada antes de que culmine el año.

La diputada Taveras dijo estar consciente de las complejidades que conlleva enfrentar este reto; no obstante, considera que grandes desafíos solo pueden superarse con «una meta ambiciosa«.

«Crímenes tan trágicos y situaciones tan dolorosas necesitan compromisos ambiciosos, requieren que nosotros seamos radicales. Esta no es una conquista imposible de lograr y está la voluntad política para hacerlo», expresó a reporteros de este medio.

Las metas establecidas por los congresistas persiguen alcanzar una disminución progresiva de un 10%, partiendo desde el próximo año, hasta 2035.

Según especificó Taveras en el documento elaborado, las cifras oficiales de contabilización sobre feminicidios y filicidio serán objeto de verificación y auditoría social a través de un Observatorio Nacional, garantizando la transparencia en la medición de los resultados.

Un informe estadístico publicado en 2021 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) situó a República Dominicana entre los países con las tasas más altas de la región, con 2.7 casos por cada 100,000 mujeres durante ese año.

El filicidio se produce cuando un padre o madre mata intencionalmente a su hijo, incluyendo también las circunstancias que son parte de una forma «extrema de violencia intrafamiliar», para «vengarse» de su pareja. De esta manera lo tipifica la pieza.

Mientras que el feminicidio es, según la Real Academia Española (RAE), el asesinato de una mujer realizado por un hombre debido al machismo o misoginia.

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Retroceso judicial hubo en el 2025 en R.D., según ve Colegio Abogados.

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SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD)  el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.

Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.

El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.

Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.

Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.

Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.

También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.

agl-sp

 

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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.

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Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó  a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.

Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.

Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.

El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.

  • Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

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Llaman a respetar el escalafón en la selección de jueces de la Suprema Corte

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Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega,  llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.

Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.

Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.

Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.

En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.

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