Editorial
Es correcta la respuesta, pero debió ser más sensata.
Las declaraciones del canciller haitiano, Josep Claude, son definitivamente el resultado de un cierto resentimiento de los haitianos con los dominicanos.
Poner en el mismo nivel los niveles de violencia existentes en ambas naciones es sencillamente una expresión de que se quiere generar conflictos entre los haitianos y los dominicanos.
Fue una afirmación afrentosa y desacertada, porque el interés mostrado por el Gobierno dominicano es que haya paz y normalización de la situación de caos que prevalece en la hermana nación luego del asesinato del presidente Jovenel Moise.
Pero la actitud poco amigable de los haitianos ha salido a relucir en muchas ocasiones, como por ejemplo cuando el Gobierno le envió a ese país 100 mil dosis de vacunas anti-Covid-19 y las mismas no fueron aceptadas.
Más claro de ahí no canta un gallo, sobre todo porque la empobrecida nación tiene una población prácticamente no vacunada y expuesta a altos niveles de mortalidad por enfermedad.
Pero también hubo una declaración del primer ministro haitiano, Ariel Henry, en la que de algún modo criticó la intervención de Abinader en la Asamblea General de la Organización de las Naciones y donde el mandatario dominicano solicitó el concurso de la comunidad internacional para ayudar a sus vecinos.
Esta otra reacción del canciller haitiano parece ser una respuesta a la reciente visita del presidente Abinader a Panamá para conjuntamente con su colega de ese país y su igual de Costa Rica buscar desarrollar una agenda con relación al problema haitiano.
Sin embargo, muy a pesar de la actitud hostil de los haitianos este periódico siempre ha abogado porque las relaciones con ellos se manejen con mucho cuidado, porque los vecinos seguirán en el mismo lugar donde están y es un pedazo de la isla que siempre tendrá un gran impacto en la sociedad dominicana.
Además, cualquier acción del Gobierno hasta en términos migratorios debe ser a partir de que Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, colocado sólo por debajo de los Estados Unidos y ello tiene un peso muy grande en la economía nacional.
De manera, que la reacción a la actitud hostil de los haitianos no se puede pagar con la misma moneda, porque total ya ellos no tienen nada que perder.
Ya lo perdieron prácticamente todo.
En tal virtud, este periódico no ve con buenos ojos la suspensión de los visados a los estudiantes haitianos porque es como buscar que paguen justos por pecadores, lo cual proyecta una falta de sensatez también de las autoridades nacionales.
En lo inmediato para bajar las tensiones el Gobierno debe abandonar su protagonismo a nivel internacional en lo que respecta al problema haitiano y luce más atinado que sea la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la que promueva cualquier ayuda en favor de la hermana nación.
Ahora se impone bajar las tensiones y cada uno de estos dos países reconocer sus debilidades en las relaciones bilaterales que mantienen, pero sin que ello implique una renuncia de las responsabilidades del Estado dominicano a la aplicación de sus políticas públicas e incluso en el orden migratorio.
Además, cero chantaje en ambas lados de la frontera.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana