Por lo que se ve el Estado dominicano está totalmente penetrado por el bajo mundo, sobre todo si se parte de que indistintamente se presentan casos que comprometen sus tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
En más de una ocasión han sido indicados funcionarios del Gobierno, como Juan Maldonado Castro, entre otros, de dedicarse a negocios del bajo mundo, cuyas designaciones provienen del presidente de la República.
En otras ocasiones el vínculo se ha establecido con senadores y diputados de los mismos partidos de los que han tenido el control del Estado, como por ejemplo los partidos Revolucionario Moderno y de la Liberación Dominicana.
De igual modo, no han sido dos ni tres las veces en que se han señalado a miembros de la judicatura nacional, como jueces, entre otros actores, de emitir sentencias y realizar diligencias en favor del narcotráfico y el lavado de activos.
Pero no han sido menos los casos en que generales de los diferentes cuerpos castrenses y de la Policía Nacional se han visto trabajar al servicio de grandes redes internacionales del narcotráfico, lo que ha llevado a la extradición hacia los Estados Unidos de algunos de ellos.
De manera, que no existe la menor duda de que el Estado está amenazado porque se produce un indeseable manejo en función de los intereses del bajo mundo, lo cual resulta en un gran peligro para toda la sociedad dominicana.
Los hechos hablan por sí solos y cuya responsabilidad recae, principalmente, en el sistema de partidos políticos que ha sido el promotor de llevar a los órganos públicos a personaje comprometidos con esa causa.
Los peligros son mayores a partir de la debilidad institucional que conllevan los Estados de naciones con grandes déficits en esta materia.
La preocupación en torno al control que han tomado los narcotraficantes de la vida pública de la nación debe mantener a todo el buen ciudadano al acecho de las distorsiones que se puedan agregar al Estado dominicano.
Ahora se impone no sólo combatir este mal, sino además erradicarlo de la vida nacional para tranquilidad de la presente y futuras generaciones de dominicanos.
Ojo avisor con un país que en el curso del tiempo aumentan las amenazas de que pueda sucumbir frente al fenómeno del crimen organizado.
Se impone blindar el Estado y por consiguiente a la toda la sociedad de un negocio del bajo mundo que destruye vidas e impide el desarrollo y el crecimiento nacional sostenibles y saludables.