La medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy llega como respuesta a la decisión de Venezuela da dar un plazo de tres días al embajador español en Caracas, Jesús Silva Fernández, para que abandone ese país después de haber sido declarado «persona non grata» por lo que consideran injerencias en asuntos internos.
El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, dijo en rueda de prensa que España desea mantener con Venezuela «relaciones de respeto, amistad y cooperación», pero que las decisiones adoptadas por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, «hacen difícil que se verifique ese deseo».
«El Gobierno español siempre ha dicho que quería para los venezolanos lo mismo que para los españoles: que pudieran vivir en libertad, democracia y prosperidad, y seguirá trabajando para que así sea», aseguró Méndez de Vigo.
El Gobierno de Venezuela dio este jueves oficialmente un plazo de 72 horas al embajador español en Caracas para abandonar el país tras declararlo «persona non grata», en respuesta a las sanciones acordadas por la Unión Europea (UE) contra siete altos funcionarios venezolanos, que Rajoy, calificó de «muy merecidas».
Rajoy también consideró «sensato y razonable» que España lidere la acción política de la Unión Europea ante la situación en Venezuela, porque, dijo, «es su obligación y alguien tiene que ayudar» a los venezolanos ante «las brutales decisiones y la forma de entender la democracia del señor Maduro».
La expulsión del diplomático español llega dos días después de que el Ejecutivo venezolano llamara a consultas a su embajador en Madrid, Mario Isea, debido a lo que calificó de «agresión injerencista y colonialista» del Gobierno de España.
Fuentes del Ministerio español de Exteriores precisaron que la declaración de «persona non grata» conlleva la expulsión del país del diplomático afectado -en este caso, los embajadores-, pero no implica la ruptura de las relaciones diplomáticas ni el cierre de una embajada.
Tras conocer la noticia, la Unión Europea condenó «firmemente» la decisión de Venezuela y expresó la «plena solidaridad con España», al tiempo que pidió a las autoridades venezolanas «revertir» la decisión.
«La UE condena firmemente la decisión de las autoridades venezolanas de declarar al embajador español ‘persona non grata’. Expresamos plena solidaridad con España y llamamos a revertir la decisión, ya que va contra la necesidad de mantener abiertos los canales diplomáticos», afirmó la portavoz de Exteriores de la Comisión Europea (CE) Catherine Ray.
Preguntada por la posibilidad de que esta decisión pueda suscitar nuevas sanciones de Bruselas a Caracas, Ray reiteró las medidas adoptadas por los Estados miembros el pasado lunes, que formalizaron «por unanimidad» sanciones contra siete altos cargos del Gobierno de Maduro por la «represión» en el país.
El objetivo de estas sanciones, subrayó la portavoz, es «recordar a las autoridades venezolanas» la necesidad de «revertir» acciones que «han cuestionado el Estado de derecho y el respeto al orden constitucional».
Las relaciones entre España y Venezuela comenzaron a tensionarse poco después de la llegada de Hugo Chávez (1999-2013) al poder, y han sido especialmente difíciles durante los gobiernos del Partido Popular (PP-centroderecha).
Sin embargo, uno de los episodios más críticos se vivió durante la etapa en la que presidía el Gobierno de España el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, con la famosa frase «¿Por qué no te callas?» que le espetó el rey Juan Carlos I a Chávez en 2007, durante una Cumbre Iberoamericana en Chile.
Las dificultades diplomáticas se han producido, no obstante, en el marco de unas relaciones tradicionalmente estrechas entre ambos países.
Según los últimos datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del Instituto Nacional de Estadística (INE), en enero de 2017 vivían en Venezuela 180.497 españoles, la tercera mayor colonia española en el exterior por detrás de Argentina y Francia.
En cuanto a los venezolanos residentes en España, en la misma fecha ascendían a 68.639, solo superados por los nacionales de ese país afincados en Estados Unidos y después de un incremento del 26,2 por ciento en el año anterior.