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«Defectos en presa Monte Grande» podrían representar amenaza para la región, según experto.
Santo Domingo, R.D.-La construcción de la presa de Monte Grande cambiaría radicalmente sus rostros de miseria por otros de esperanza, pero ahora lo que ha ocurrido es la posibilidad del levantamiento de una obra que se constituye y que representa una amenaza potencial y que pone en riesgo la región.
Así lo expresó el ingeniero Leonardo, “Leo”, Mercedes durante una entrevista en el programa “A Media Mañana».
Mercedes mostró cierta satisfacción porque, a su juicio, el gobierno ordenó al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi)a investigar a fondo las denuncias sobre los vicios de construcción y riesgos de la presa, con apoyo de un panel internacional de especialistas, así como visitas de inspección a la obra.
Según expresó en el programa, el presidente Luis Abinader ha recibido múltiples reportes sobre defectos en la construcción de la presa; los cuales, afirmó, no solo representan un riesgo para la estabilidad de la infraestructura, sino que, también, ponen en peligro a las comunidades que viven aguas abajo.
En una carta enviada el pasado mes de julio del 2025 a la disitintas autoridades involucradas, sostuvieron que esta presa tiene 20 meses acumulando agua sin conexiones derivadoras de agua, ni canales de riegos, acueductos ni hidroeléctrica trayendo como consecuencia un aumento en la presión hisdráulica.enriqu
A su vez, la falla de Enriquillo provocó una fractura tectónica con una depresión de hasta 40 metros bajo el nivel del mar generando la hoya del lago Enriquillo.
Como parte de esos esfuerzos y por el reconocimiento de las autoridades, dijo que se conformó un equipo externo para garantizar imparcialidad, que incluye geólogos, ingenieros hidráulicos y de seguridad estructural, los cuales tienen la responsabilidad de evaluar “riesgos” y proponer “correcciones técnicas”.
Se produjo una visita de inspección, encabezada por el director ejecutivo de la institución, Olmedo Caba Romano, el geólogo Osiris de León y el director general de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), Leonardo Reyes Madera, con el objetivo de verificar puntos críticos de la presa, los cuales había denunciado la Coalición Enriquillo (CE).
Gobierno reconoce gravedad
Cuando a finales de enero de 2024 el presidente entregó el embalse de la presa, hizo la promesa de iniciar de inmediato el proceso de licitación para contratar las infraestructuras complementarias ese mismo año, pero no ocurrió.
Las obras faltantes: canales colaterales, la línea de alimentación del Acueducto Regional del Suroeste (Asuro), entre otras, son lo que permitirá al Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande funcionar como un todo, lo que no ha podido ser en casi dos años de entrega del embalse por el presidente Abinader.
Según el ingeniero Mercedes, el gobierno, al conformar este panel de expertos, lo que hace es reconocer la gravedad de los vicios de construcción en el importante proyecto.
Mercedes explicó que sobre la problemática técnica del proyecto del director ejecutivo del Indrhi, Olmedo Caba Romano, no ha informado correctamente al presidente de la República.
“Antes de empezar a operar la presa, ya aparecen esos vicios de construcción y no puede ponerse en operación porque, previamente, debe hacerse la corrección de esos vicios de construcción, que no son los únicos”, expuso.
Por igual, citó como los otros vicios de la presa, el hecho de que una de las compuertas no abrió por los mecanismos operativos, por lo que se recurrió a grúas para “desanclarla”, y luego no hay ajuste entre el hueco con la puerta para ajustarla nuevamente en su lugar para que esta funcione con normalidad.
Al tiempo que consideró, conforme a criterios técnicos, que esa obra no puede, no solo puesta en operación, sino que la misma no puede recibirla el gobierno dominicano como terminada de parte de la empresa contratista.
Interpelación
Mercedes cuestionó la ausencia de vocería en el Congreso de la República, aunque tiene senadores y diputados, que deben hacer valer la voz de la región para demandar no solo la conclusión de la presa de Monte Grande, sino que se hagan bien los trabajos.
En ese sentido, consideró muy importante que el director Caba Romano pudiera ser interpelado por senadores y diputados sobre la realidad de Monte Grande, “pero sin mentiras, sino con la verdad como norte”, porque cree necesaria una explicación sobre la realidad del proyecto.
“No decimos esto con la intención de alarmar; por el contrario, buscamos advertir sobre esta situación, que se investigue, que se tomen las medidas necesarias, como se está haciendo, y que se recomienden las soluciones”, indicó.
En ese sentido, reiteró que el Indrhi, en nombre del Estado, no debe ni puede recibir la presa hasta tanto no se corrijan sus vicios, cuyo coste debe asumir la empresa ejecutora del proyecto, no el pueblo dominicano.
SANTO DOMINGO.- El como el año del retroceso judicial calificó el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) el 2025, ya que hubo “una justicia cara, lenta y mala, además de negadora de los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
A propósito del Día del Poder Judicial, el CARD realizó una marcha nacional cívica y pacífica “por la dignidad del abogado y el acceso a la justicia”, que concluyó frente a la sede de la Suprema Corte.
Exigió mayor presupuesto para el Poder Judicial, defendió la dignidad del ejercicio profesional del letrado y denunció deficiencias estructurales, como la falta de presupuesto y condiciones reales de acceso a mecanismos oportunos, independientes y eficientes, tanto para los profesionales del sector como para los ciudadanos.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, explicó que esta movilización respondió a una profunda preocupación del gremio ante situaciones que afectan el Estado social y democrático de derecho.
Dijo que el discurso de rendición de cuentas ofrecido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue un ejercicio retórico on cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad.
Citó como males reiterados la mora judicial, la falta de ejecución efectiva de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional.
Entre los reclamos del gremio figuran un salario mínimo de 60 mil pesos para los abogados que laboran en el Poder Judicial, y mejores condiciones de vida para los jueces y servidores.
También que sean instaurados los tribunales superiores administrativos de primera instancia.
agl-sp
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Por violación de niña de siete años de edad militar es condenado a 20 años de prisión por abuso sexual.
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este condenó a 20 años de prisión a un militar que abusó sexualmente de una niña de siete años de edad en un hecho ocurrido en el año 2024 en el sector de Los Tres Brazos.
Luis Miguel Cuevas Gómez, miembro del Ejército Nacional, fue declarado culpable por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, en un proceso en el que el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal litigante Juan A. Olivares, indica una nota de prensa del organismo persecutor.
Señala que las pruebas aportadas por el Ministerio Público demostraron como el procesado, con sus acciones, faltó a varias disposiciones legales.
El expediente instrumentado por la fiscal investigadora Claudia Valdez, indica que el Ministerio Público inició la acción penal en contra del agresor, luego de que la madre de la víctima denunciara lo ocurrido a la niña, quien le confesó los abusos a los que había sido sometida por Cuevas Gómez.
- Por decisión de los jueces, el procesado cumplirá la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
Santo Domingo, R.D.-Elizabeth Rodríguez, coordinadora de la Defensa Pública del Departamento Judicial de La Vega, llamó a que los procesos de selección de jueces, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, se realicen con transparencia y respetando el escalafón judicial.
Rodríguez Díaz explicó que la Defensa Pública, como órgano constitucional, se unió a las actividades conmemorativas del día del Poder Judicial, que iniciaron con una misa en la Catedral y continuarán con la audiencia solemne que deja oficialmente abiertas las labores judiciales correspondientes al año 2026.
Al referirse al proceso de selección de jueces a la Suprema Corte de Justicia, la funcionaria manifestó su sorpresa por la exclusión de magistrados del Departamento Judicial de La Vega con amplia trayectoria y probada capacidad. Citó los casos de la magistrada Arelys Ricur y el magistrado Amauris Pimentel, quienes, según indicó, cuentan con una hoja de servicio que merecía ser tomada en consideración.
Rodríguez Díaz señaló que la Defensa Pública apuesta a que los procesos venideros sean completamente transparentes y reiteró la necesidad de fortalecer la institucionalidad del sistema de justicia, garantizando que las decisiones se sustenten en méritos, experiencia y trayectoria.
En ese sentido, reafirmó el compromiso de la Defensa Pública con una justicia independiente, eficiente y alineada a los principios constitucionales, en beneficio de la ciudadanía y del fortalecimiento del Estado de derecho.