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El mismo esquema de corrupción implementó esposa de general en Conani.
Santo Domingo – Greybby María Cuello Coste, esposa del General Juan Carlos Torres Robiou, habría implementado en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI) el mismo esquema de corrupción administrativa que tenía su esposo en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
La afirmación la hace la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Está contenida en el expediente acusatorio contra Torres Robiou y otros 12 implicados en la operación Coral 5G.
El documento narra que la ex funcionaria del gobierno de Danilo Medina desde que fue designada en CONANI, solicitó al ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, la designación de un personal militar.
El listado de este personal estaba encabezado, por quien guarda prisión preventiva por el caso Coral. Intentó nombrarlo como Director Financiero.
Solicitud de nombramientos
En la misma comunicación, Coste de Torres indica que “estaban vacantes los puestos de: encargado de departamento financiero, encargado de sección de compras y un director Administrativo y Financiero».
Por tal razón, los candidatos recomendados a ocupar dichas posiciones eran:
- Rafael Núñez de Aza como encargado del Departamento Financiero, con salario a devengar de DOP$125,000.00”, según acusación de la PEPCA.
- “Roberto Acevedo Tejada, como director administrativo y financiero con un salario a devengar de 160,000.000
- José Javier Rosario Pimentel, como encargado del departamento administrativo con un salario de 125,000.00
- Rafael Arturo Vargas, como encargado de la sección de compras y contrataciones con un salario de 80,000.00
Indica el Ministerio Público, que José Ramón Peralta aprobó la comunicación, sin embargo la Contraloría General y Ministerio de Administración Pública lo rechazaron.
La explicación de estas instituciones fue que militares no pueden ser designados en cargos administrativos.
Cambió designaciones para nombrarlos en CONANI
Ante el rechazo, la ex directora del CONANI y esposa de Torres Robiou, cambió las designaciones para hacerlas compatibles con funciones militares.
Sin embargo, en la práctica todos los mencionados ocupaban las funciones solicitadas en la comunicación a Peralta y el mismo sueldo solicitado, indica la acusación.
Viáticos con funciones falsas
“En los registros de los pagos de viáticos de los meses de julio y agosto 2020, se puede evidenciar que los nombrados Rafael Núñez de Aza, Roberto Acevedo Tejada y José Javier Rosario Pimentel, recibieron viáticos por DOP$307,200.00”, dice Ministerio Público.
La observación con relación a esos pagos es en razón de que estos viáticos fueron percibidos como Director Administrativo y Financiero, Encargado de Finanzas y Encargado Administrativo, respectivamente, cuando la función por la que estaban nombrados era únicamente de seguridad, según la acusación del caso Coral 5G.
El Ministerio Público establece que en el Comité de Compras del CONANI quien lo encabezaba era Rafael Núñez de Aza.
Lo hacia en representación de la máxima autoridad, la directora Greybby María Cuello de Torres.
Sobre Operación Coral 5G
La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos, ha establecido el Ministerio Público durante la investigación.
A los oficiales de cuerpos castrenses, incluyendo generales, se les ha ocupado hasta el momento unas 125 propiedades.
La Operación Coral 5G se ejecutó en el marco de 49 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago y La Vega.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.