Santo Domingo.- El caso que emergió bruscamente y pronto adquirió carácter de escándalo nacional, seguida de una imputación al consorcio brasileño Odebecht, relacionada con operaciones de sobornos en República Dominicana, entra esta semana en una fase crucial ante la espera de la revelación de los nombres de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de quienes la empresa ya confesó haber pagado para adjudicarse obras del Estado.Nacionales
Esta semana es crucial para el caso Odebrecht
PROCURADOR. HA PROMETIDO EL PAÍS CONOCERÁ NOMBRE DE INVOLUCRADOS
Santo Domingo.- El caso que emergió bruscamente y pronto adquirió carácter de escándalo nacional, seguida de una imputación al consorcio brasileño Odebecht, relacionada con operaciones de sobornos en República Dominicana, entra esta semana en una fase crucial ante la espera de la revelación de los nombres de funcionarios, exfuncionarios y empresarios de quienes la empresa ya confesó haber pagado para adjudicarse obras del Estado.Las autoridades a cargo de la investigación esperan que los fiscales de Brasil les entregue, antes de este viernes 19 de mayo, un legajo de documentos contentivo de lo que podrían ser las pruebas que inculparían a dominicanos en ese trato ilegal con Odebrecht.
Listín Diario supo de una fuente cercana a la investigación que la documentación, en idioma portugués, será traducida al español y luego cruzada con las informaciones recabadas por el equipo de investigación de la Procuraduría General de la República. El pasado 18 de abril, el procurador Jean Rodríguez anunció que antes del 19 de este mes se tendrán a mano los nombres de los sobornados por Odebrecht, debido a que la empresa brasileña se comprometió a entregarlos en menos de 30 días a partir de la homologación del acuerdo firmado entre ambas partes.
En el acuerdo, la constructora brasileña admite la violación de las leyes del país para adjudicarse obras del Estado, y se compromete a pagar una indemnización de 184 millones de dólares.
El acuerdo estipula que serán sometidos a la justicia las sociedades o personas que no formen parte del grupo Odebrecht, sus representantes comerciales, comisionistas, agentes, asesores, intermediarios, consultores, empresarios y consorciados, así como funcionarios públicos o exservidores del Estado que hayan recibido o participado en el pago de sobornos”.
La multinacional brasileña ya fue sancionada por tribunales en Estados Unidos, y sus ejecutivos, específicamente los señores Marcelo Odebrecht y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ya fueron procesados y condenados por la justicia de Brasil.
Las investigaciones fueron abiertas en diciembre pasado, luego que Odebrecht admitiera en Estados Unidos que pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, incluida República Dominicana con US$92 millones, en el período 2001-2014.
Campamento frente a la Procuraduría
Mientras que a partir de hoy lunes se instalarán un campamento frente a la Procuraduría General de la República, hasta tanto no se informe al país los nombres de los funcionarios dominicanos que recibieron los sobornos de Odebrecht.
Así lo informó Gabriel Sánchez, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, quien dijo que con esas acciones buscan ejercer presión para que se ponga fin a la impunidad y a la corrupción.
(+)
UN CAMPAMENTO FRENTE A LA PROCURADURÍA
Mientras tanto, a partir de hoy, lunes, se instalará un campamento frente a la Procuraduría General de la República, hasta tanto se informe al país de los nombres de los funcionarios dominicanos que recibieron los sobornos de Odebrecht.
Así lo informó Gabriel Sánchez, vocero del Frente Amplio de Lucha Popular, quien dijo que con esas acciones se busca ejercer presión para que se ponga fin a la impunidad y a la corrupción. Sánchez advirtió que no se dejarán intimidar ni tampoco pararán la lucha contra esos flagelos.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-El Consejo Superior del Ministerio Público creó una Unidad Canina especializada para integrarla a la búsqueda de personas desaparecidas y recuperación de cadáveres, informó este domingo la Procuraduría General (PGR).
La unidad, que estará adscrita al Instituto Nacional de Patología Forense (Inacif), intervendrá en los procesos de investigación, en coordinación con otras agencias del Estado, siempre conforme al protocolo y las circunstancias objetivas de cada caso.
El órgano superior de gobernanza del Ministerio Público, presidido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso e integrado por la procuradora adjunta Ysis Germania de la Cruz, el procurador fiscal Denny Frey Silvestre Silverio y el fiscalizador Merlin Mateo Sánchez, tomó su decisión durante la Décimo Tercera Sesión Ordinaria, efectuada el pasado 8 de enero.
Agencias internacionales cooperarán
Según se explica en un comunicado de prensa, para la creación de la Unidad Canina, el Ministerio Público recibirá la cooperación de agencias internacionales, específicamente en lo que respecta a la asistencia de entrenamiento del personal asignado a esos fines.
- Por igual, se ha dispuesto la elaboración de un protocolo para el total cumplimiento de la Ley 248-12, de Protección Animal, a fin de garantizar el cuidado de los caninos entrenados para estas labores, explicó la secretaria del Consejo, Minerva Cocco, concluyó la nota de prensa.
Nacionales
Puntos críticos del recurso de apelación de Santiago Hazim que busca revocar la prisión preventiva
Santo Domingo, R.D.-En el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva a Santiago Hazim, principal implicado en el caso SeNaSa, la defensa plantea diversos puntos críticos para revocar la decisión.
Los abogados Miguel Valerio Jiminián, Yipsy Roa Díaz, Yenifer Doñe Miliano y Daniel Santillán destacan en el recurso contra la decisión del juez Rigoberto Sena la falta de motivación jurídica, la excepción de inconstitucionalidad por control difuso y lo que califican como un fallo “literario y religioso”.
Sostienen que la decisión emitida el pasado mes de diciembre por el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional vulnera derechos fundamentales y principios básicos del debido proceso.
Por ello, solicitan la revocación inmediata de la medida de coerción, por considerarla arbitraria, desproporcionada y carente de sustento jurídico.
Inconstitucionalidad por desproporcionalidad
Uno de los puntos más relevantes de la instancia es la solicitud de una excepción de inconstitucionalidad. La defensa pide a la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que, mediante el ejercicio del control difuso, declare inconstitucional el artículo 377.2 del Código Procesal Penal para este caso específico.
Argumentan que imponer 18 meses de prisión preventiva constituye una «pena anticipada», especialmente cuando el propio tribunal fijó un plazo de solo ocho meses para que el Ministerio Público concluya la investigación.
«Resulta una incoherencia que la prisión preventiva sea más extensa que el tiempo otorgado para investigar; esto desnaturaliza la medida y viola la presunción de inocencia», establecen los juristas en el recurso.
Resaltan que la medida excede notablemente el plazo previsto y viola los artículos 40.9 y 69 (numerales 1, 2 y 3) de la Constitución de la República.
Críticas a un fallo «literario y religioso»
La defensa de Hazim también plantea que la decisión del juez Sena carece de la debida motivación, pues se sustenta en apreciaciones de carácter religioso y literario impropias de una decisión judicial.
Según el recurso, la sentencia se asemeja más a una «mala narración novelesca» y a la «cita arbitraria de pasajes bíblicos» que a un razonamiento jurídico.
Aducen que estos elementos fueron utilizados para «caer en gracia» al afirmar que el imputado habría «violado la confianza del presidente Luis Abinader«, lo cual consideran inaceptable en un Estado social y democrático de derecho.
“La decisión se encuentra fundamentada en pasajes bíblicos que nada tienen que ver con la naturaleza jurídica de la medida… el tribunal señaló de forma directa a Hazim como avaro y traidor a la patria, juicios de valor personal sin conexión con los elementos probatorios”, enfatizan.
Derecho a la salud y dignidad humana
El recurso también alega violaciones al derecho a la salud y a la dignidad humana. Los abogados indican que no se ponderaron adecuadamente los elementos de arraigo que garantizan que el imputado no representa peligro de fuga.
Presentaron constancias del Icahn School of Medicine at Mount Sinai que establecen que Hazim recibe, desde 2011, un tratamiento especializado con infusiones de Ocrevus (ocrelizumab) cada seis meses en Nueva York.
Sostienen que la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Las Parras imposibilita la continuidad de este tratamiento, lo que podría derivar en consecuencias irreversibles para su bienestar físico y neurológico.
Se espera que la Corte de Apelación del Distrito Nacional fije próximamente la fecha para el conocimiento de este recurso, donde se decidirá si se mantiene la medida o se dicta una menos gravosa que permita al imputado llevar el proceso en libertad.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) informó que en 14 centros de cedulación por lo que estarán brindando sus servicios a la ciudadanía en un horario de 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde desde el 12 al 16 de enero del 2026.
El órgano electoral explicó que la reducción del horario se debe a que se llevará a cabo la captura de datos biométricos y personales para el proceso de la renovación de la cédula de identidad y electoral, exclusivamente a los empleados de la institución.
Estos 14 centros con este horario especial durante la fecha señalada son los siguientes:
1. Bajos de Haina
2. Boca Chica
3. Carretera Mella
4. Cristo Rey
5. Doctor Delgado
6. Ensanche Luperón
7. Gascue
8. Herrera
9. Las Américas
10. Los Alcarrizos
11. Pedro Brand
12. Plaza Naco
13. San Antonio de Guerra
14. Villa Mella
La primera etapa de inicio del despliegue progresivo controlado y limitado para la captura y posterior entrega, que abarca el primer trimestre de este año y dirigido solo al personal de la JCE, «garantiza la estabilidad operativa, calidad del servicio y confiabilidad de los sistemas antes de su despliegue a escala general».
Además, la JCE explicó que al mismo tiempo esta es la «manera correcta» de reducir riesgos, ajustar los tiempos e identificar mejoras.
«Recordamos a la ciudadanía que esto obedece a la ejecución de la primera etapa del proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, y pedimos su comprensión ante los inconvenientes que esto les pueda causar», agregó la institución en una nota de prensa.
Recordó que será a partir de abril cuando se inicie la captura y entrega de la nueva cédula a la población en general según el mes de nacimiento.