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Estado se constituye en actor civil contra acusados caso Pulpo
Este caso fue declarado complejo, por lo que el tribunal podría otorgar de entre 15 a 30 días hábiles para presentar cargos contra el grupo.
Santo Domingo, RD.-El Estado dominicano ha presentado una querella y se constituyó en actor civil ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) contra los involucrados en el caso Antipulpo.
Los abogados representados por Jorge Luis Polanco Rodríguez, Claudia Álvarez Troncoso y Jorge López Hilario, forman parte del grupo de juristas conformados, mediante el decreto 22-21, para la recuperación del patrimonio público.
El Estado pretende obtener una indemnización de RD$23, 903, 465,542.00 por concepto de los daños y perjuicios de toda índole.
Intimarían hoy a presentar acusación
Mientras tanto, ayer, tras vencer el plazo otorgado para la presentación de la acusación en contra de los implicados en el caso Pulpo, la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional podría intimar hoy, miércoles, al Ministerio Público, a presentar acto conclusivo.
La decisión será tomada por la magistrada Yanibet Rivas, luego de que el Ministerio Público no presentara acusación formal en contra de los encartados en el caso Pulpo, a pesar de que el tribunal le otorgó cuatro meses adicionales.
En virtud de que el caso fue declarado complejo, la jueza podría otorgar 15 o 30 días hábiles al Ministerio Público para que presente cargos formales contra Juan Alexis Medina Sánchez y el resto de los acusados en el entramado de corrupción, basado en el artículo 151 del Código Procesal Penal.
El referido código establece que, vencido el plazo de la investigación, si en los próximos cinco días el Ministerio Público no acusa, no dispone el archivo ni presenta otro requerimiento conclusivo, el juez, de oficio o a solicitud de una de las partes, intima al superior inmediato y notifica a la víctima para que formulen su requerimiento en ese lapso.
“Si ninguno de ellos presenta requerimiento alguno, el juez declara extinguida la acción penal”, establece el Código Procesal Penal Dominicano.
Habla Wilson Camacho
De su lado, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, dijo que aún se están analizando las últimas informaciones obtenidas, entre ellas las que llegaron de la Cámara de Cuentas.
Sostuvo que la acusación en el caso Pulpo será presentada dentro de los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.
“El ministerio público está analizando las últimas informaciones obtenidas, incluso las que le llegaron desde la Cámara de Cuentas, un procedimiento rutinario en los procesos, sobre todo en los que se trata de criminalidad compleja, que nos facilita el marco jurídico vigente”, dijo Camacho. “El tiempo que han necesitado los órganos de persecución, con un amplio equipo de fiscales y especialistas de diversas áreas trabajando sin ninguna pausa, reafirman la complejidad del Caso Pulpo y se traducirá en una acusación hermética que será presentada ante los tribunales”, agregó.
CIFRAS
8 AÑOS
Caso “blindado”.
El Ministerio Público ha asegurado que este caso está “blindado” y que no se descarta que sean incluidos más imputados.
A la red del caso mencionado se le acusa de desfalco al Estado, por más de 5,000 millones de pesos, entre los períodos 2012 -2020.
La investigación.
El Caso Antipulpo es un proceso judicial originado a raíz de una operación abierta tras un proceso de investigación liderado por la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Santo Domingo, R.D.-La defensa del imputado Lenin Torres y la persona moral Lenin Auto Import recusaron al juez Cirilo Salomón Sánchez del Quinto Juzgado de la Instrucción de Santiago, lo que generó el aplazamiento para el 9 de enero del 2025 de la audiencia preliminar del caso Falcón.
El abogado José de los Santos Hiciano argumentó la recusación en medio de un proceso que ha enfrentado múltiples retrasos. Este incidente ocurre poco después del arresto en Colombia de Erick Randiel Mosquea Polanco, señalado como líder de la red criminal.
El Ministerio Público, representado por los fiscales Yeny Liranzo, Reyna Jiménez y Pedro Martínez, calificó la recusación como infundada y extemporánea, reiterando su disposición para avanzar con el proceso judicial.
La operación Falcón desmanteló una red de crimen organizado que se dedicaba al narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y otros delitos, movilizando miles de millones de pesos bajo la apariencia de actividades comerciales legítimas.
El Ministerio Público presentó una acusación formal contra más de 70 personas y entidades, aportando miles de documentos como pruebas. El desmantelamiento de la red contó con el apoyo de la DEA y otros organismos internacionales.
El aplazamiento prolonga un proceso que ha sido marcado por constantes recursos de la defensa. Las autoridades reiteraron su compromiso de garantizar justicia para un caso de alto impacto en la lucha contra el crimen organizado en el país.
Santo Domingo, R.D.-Un gran impacto podría tener la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la redefinición de la participación política en el país.
El caso, conocido como TC/0788/24, declaró inconstitucionales los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 sobre el régimen electoral, disposiciones que regulaban de forma restrictiva las candidaturas independientes.
Esta decisión llega tras la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Alberto Emilio Fiallo-Billini, quien argumentó que dichas normas «vulneran principios constitucionales como el pro-participación, la igualdad en derechos políticos y el pluralismo político».
El fallo, en esencia, podría allanar el camino para una mayor diversidad en las opciones políticas, así como reforzar el principio de participación ciudadana, al eliminar requisitos como la conformación de «cuadros directivos fijos» similares a la de las organizaciones políticas, para las candidaturas independientes.
A pesar de mostrarse como una idea democrática, el éxito de este cambio dependerá en gran medida de la implementación de medidas que garanticen condiciones equitativas para las candidaturas independientes, así como los ajustes necesarios tanto a las legislaciones como a los procesos electorales.
La sentencia del Tribunal Constitucional marca un hito en la historia democrática de la República Dominicana. Su impacto real dependerá de cómo los actores políticos, el electorado y las instituciones electorales adopten esta nueva realidad.
La decisión del TC
En el proceso de aprobación, nueve jueces del Tribunal Constitucional votaron a favor de eliminar estos requisitos que exigían a las candidaturas independientes lo mismo que los partidos políticos, pero dos votaron en contra por considerar que el pleno se excedió en sus atribuciones y asumió funciones del Poder Legislativo.
«El mecanismo previsto para la presentación de candidaturas independientes requiere la creación de agrupaciones políticas accidentales, estructuradas de manera similar a los partidos políticos tradicionales. Esto desnaturaliza la figura de las candidaturas independientes y limita su accesibilidad para quienes deseen optar por esta vía», indica el fallo.
El Tribunal Constitucional recomendó una nueva redacción de los artículos 152 y 157 para determinar los requisitos para presentar una candidatura independiente en los siguientes procesos electorales.
Santo Domingo, R.D.-La Republica Dominicana fue notificada de la entrada en vigor del acuerdo de transporte aéreos de Cielos Abiertos con Estados Unidos, según lo informó el presidente Luis Abinader.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X (antiguo Twitter), donde el mandatario dominicano indicó que el país agotó los procedimientos necesarios para la entrada en vigencia del acuerdo, suscrito en agosto de este año por el ministro de Turismo, David Collado y el subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José W. Fernández.
En ese sentido, a través de la misma red social, Abinader felicitó a la comisión integrada por Collado, Leonel Melo, Práxedes Castillo; la viceministra Patricia Mejía y Natacha Domínguez, así como el apoyo de Manuel Estrella, Monika Infante y Frank Elías Rainieri.
Las autoridades dominicanas han dicho que este acuerdo busca fortalecer las conexiones aéreas entre ambos países, promoviendo la competencia, ampliando rutas y reduciendo los costos para los viajeros.
Según han informado, entre los beneficios previstos está el permitir a las aerolíneas de ambas naciones operar vuelos internacionales en rutas definidas, incluyendo transporte exclusivo de carga, escalas no comerciales y vuelos combinados.
En noviembre de este año el Tribunal Constitucional (TC) revisó el acuerdo, el cual declaró constitucional.
La decisión, contenida en la Sentencia TC/0670/24, subraya que el acuerdo cumple con los principios de soberanía nacional, libre competencia y armonización con el ordenamiento jurídico dominicano. Sin embargo, la sentencia contó con un voto disidente del juez Domingo Gil, quien cuestionó que el texto no garantizara explícitamente la soberanía plena y exclusiva del país sobre su espacio aéreo.