Comunidad en el exterior
“Estafa de abuelos”: Acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call centers
Estados Unidos.-Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.
Entre los acusados figuran Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, 59 años; Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años; Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37; Carlos Javier Estévez, 45; Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, 27 años; Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, 24; Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez, 34.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
“En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar”.
“El anuncio surge del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares”, dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.
Agregó que “para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos”.
Cómo operaban
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.
Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como «cerradores», supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Penas
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal adjunto Rao se unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.
HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.
BOSTON.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a un dominicano en medio de un juicio en el Tribunal Municipal Central de Boston.
Juan Carlos Báez (también conocido como Wilson Martell-Lebron), de 49 años, tiene condenas previas por tráfico de drogas y se encuentra ilegal en el país.
Báez (o Martell-Lebron) era juzgado por proporcionar información falsa en una solicitud para obtener una licencia de conducir.
La oficina del fiscal de distrito dijo que después de enterarse de la detención de Báez, «solicitaron su regreso a la corte» del ICE.
El juez Mark Summerville desestimó los cargos contra Báez y declaró en desacato al agente que realizó el arresto en pleno juicio.
“Este es un caso inquietante”, afirmó el magistrado. “Es un caso de obstrucción a la justicia. Es un caso de violación del derecho del acusado a estar presente en el juicio y a confrontar a los testigos de cargo. No podría ser más grave”, expresó Summerville.
Un fiscal adjunto admitió ante el tribunal que era consciente de la presencia de agentes de ICE fuera del edificio judicial, pero negó haber colaborado con ellos o haberles proporcionado información sobre el caso.
El ICE no reveló por qué lo detuvo en pleno juicio. El sujeto fue llevado a un centro de detención en Plymouth.
NUEVA YORK.- La familia de Bryant Rojas Valdez, un dominicano con discapacidad mental, solicitó la ayuda de la comunidad y de las autoridades para localizar al joven desaparecido desde el 18 de marzo.
Explicaron que la condición especial de Rojas Valdez, de 26 años, hace que su búsqueda sea aún más urgente y prioritaria.
La familia organizó una rueda de prensa en la que ofrecerán detalles sobre la desaparición, las acciones emprendidas hasta el momento y formas en que la comunidad puede colaborar.
Para más información, llame a Grecia Valdez al (347) 499-3656.
BOGOTA.- Las autoridades de Colombia capturaron a tres colombianos, entre ellos un funcionario público, que hacían parte de una red criminal que suministraba documentos falsos a migrantes dominicanos para que pudieran viajar a Estados Unidos, informó este domingo la Fiscalía.
Los detenidos son Ingrid Katerin Villar Pedrozo y Gerson Puentes, a quienes la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de migrantes y falsedad material en documento público, dijo el ente acusador en un comunicado.
Al tercer implicado, José María Romero, funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil en El Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar (norte), la Fiscalía lo acusó por los delitos de tráfico de migrantes agravado y acceso abusivo a un sistema informático, añadió la información.
La investigación de la Fiscalía estableció que, entre noviembre de 2021 y marzo de 2025, la red criminal contactó a ciudadanos de República Dominicana para tramitarles documentos para que figuraran como nacidos en Colombia, y así «permitirles movilizarse con libertad por el país y viajar como nacionales a destinos internacionales».
La Fiscalía detalló que Puentes, que supuestamente era el jefe de la red, transportaba y acompañaba a los extranjeros mientras les gestionaba la documentación, y era el encargado de «garantizar que salieran sin contratiempos por los filtros migratorios de los aeropuertos».
Romero, por su lado, utilizaba su usuario y clave personal para ingresar a las bases de datos de la Registraduría, consignar información falsa y darle apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
El jueves pasado, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, se reunió en Bogotá con el presidente colombiano, Gustavo Petro, y con su canciller, Laura Sarabia, con quienes trató asuntos migratorios y de seguridad.
Según la Presidencia colombiana, en la reunión se trataron «temas clave en la relación bilateral, incluyendo seguridad, narcotráfico, migración y la repatriación de colombianos».
En la visita, Noem subrayó que su Gobierno ayudará a Colombia a impedir que «terroristas» crucen sus fronteras y se comprometió a trabajar con las autoridades de este país en temas de «seguridad pública, narcotráfico y trata de personas».
Colombia juega un papel importante en la crisis migratoria porque la región del Urabá (noroeste) fue en los últimos años el punto de partida de miles de personas de distintas nacionalidades que atravesaron la peligrosa selva del Darién, que marca la frontera con Panamá, en su camino hacia Estados Unidos, un flujo que casi desapareció desde el regreso de Donald Trump al poder.
La secretaria estadounidense considera que Colombia y Estados Unidos «pueden ser líderes» en seguridad regional y controles migratorios, y atraer a otros países para realizar «un esfuerzo cooperativo para abordar las preocupaciones de seguridad que todos compartimos».