Comunidad en el exterior
“Estafa de abuelos”: Acusan a 11 dominicanos de estafar a estadounidenses desde call centers
Estados Unidos.-Dieciséis personas fueron acusadas en relación con una extensa “estafa de abuelos” para defraudar a estadounidenses de edad avanzada con millones de dólares, anunció este martes el Departamento de Justicia durante un anuncio virtual.
Entre los acusados figuran Juan Rafael Parra Arias, también conocido como Yofre, 41 años; Nefy Vladimir Parra Arias, también conocido como Keko, 39 años; Nelson Rafael González Acevedo, también conocido como Nelson Tech, 35 años; Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, también conocido como Max Morgan, 59 años; Miguel Ángel Fortuna Solano, también conocido como Botija, y Boti, 41 años; Félix Samuel Reynoso Ventura, también conocido como Fili, y Filly The Kid, 37; Carlos Javier Estévez, 45; Luis Junior Rodríguez Serrano, también conocido como Junior, 27 años; Miguel Ángel Vásquez, también conocido como Miguel Disla, 24; Jovanni Antonio Rosario García, también conocido como Porky, y Chop, de 45 años; y José Ismael Dilón Rodríguez, 34.
Según la acusación, revelada en Newark, Nueva Jersey, los acusados participaron en una estafa operada desde centros de llamadas en República Dominicana.
Otras cinco personas fueron acusadas mediante denuncia de conspiración para cometer fraude electrónico como parte del mismo plan. Estos son Endy José Torres Morán, de 21 años, de Brooklyn, Nueva York; Ivan Alexander Inoa Suero, 32 años, de la ciudad de Nueva York; Jhonny Cepeda, 27 años, de la ciudad de Nueva York; Ramón Hurtado, de 43 años, de la ciudad de Nueva York, y Yuleisy Roque, de 21 años, del Bronx, Nueva York.
Se alega que los cinco acusados en la denuncia actuaron como mensajeros que recogieron dinero en efectivo de víctimas defraudadas en Nueva Jersey, Nueva York y otros lugares.
“Como se alega, estos 16 acusados se aprovecharon del amor y la devoción familiar de los abuelos, estafándolos con millones de dólares”, dijo el Fiscal Federal Sellinger para el Distrito de Nueva Jersey.
“En esta ‘estafa de abuelos’, los acusados supuestamente se hicieron pasar por nietos en apuros, alegando, por ejemplo, que habían sido arrestados después de un accidente automovilístico que involucró a una mujer embarazada que luego tuvo un aborto espontáneo, y que necesitaban efectivo inmediato para pagar la fianza o un abogado. Los abuelos, presas del pánico, pagaron rápidamente, a veces decenas de miles de dólares. Mi oficina está comprometida a proteger los derechos de todas las víctimas y procesaremos implacablemente a quienes supuestamente se dirigen a personas mayores vulnerables para robarles los ahorros que tanto les costó ganar”.
“El anuncio surge del presunto ataque cruel de los acusados contra víctimas de edad avanzada que fueron engañadas colectivamente para que entregaran millones de dólares”, dijo el agente especial interino a cargo Darren B. McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York.
Agregó que “para su propio beneficio egoísta, estos individuos acusados amenazaron los medios de vida de estadounidenses inocentes y les robaron su precioso tiempo y todos los ahorros que habían conseguido para sí mismos”.
Cómo operaban
Según documentos presentados en este caso y declaraciones rendidas ante el tribunal, Juan Rafael Parra Arias, Nefy Vladimir Parra Arrias y González Acevedo operaban una sofisticada red de centros de llamadas en la República Dominicana. Entre sus presuntas víctimas se encontraban residentes ancianos de varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts. Los centros de llamadas victimizaron a cientos de estadounidenses mediante fraude y robaron millones de dólares.
Los miembros de la conspiración denominados “abridores” llamaron a víctimas ancianas en los Estados Unidos y se hicieron pasar por hijos, nietos u otros parientes cercanos de las víctimas. Los centros de llamadas utilizaron tecnología para hacer parecer que las llamadas provenían del interior de los Estados Unidos. Por lo general, a la víctima se le decía que su nieto había tenido un accidente automovilístico, había sido arrestado en relación con un accidente y necesitaba ayuda.
Una vez que los abridores engañaron a las víctimas haciéndoles creer que sus seres queridos estaban en graves problemas, otros que trabajaban en los centros de llamadas, conocidos como «cerradores», supuestamente se hicieron pasar por abogados defensores, agentes de policía o personal judicial y convencieron a las víctimas para que proporcionaran miles de dólares en efectivo para ayudar a sus seres queridos.
Según los documentos de la acusación, los cerradores, incluidos los acusados Rodríguez Guzmán, Fortuna Solano, Reynoso Ventura y Estévez, normalmente decían a las víctimas que dieran el dinero en efectivo a mensajeros que enviaban a las casas de las víctimas para recoger su dinero. Otras veces, los vendedores indicaban a las víctimas que enviaran el dinero en efectivo por correo.
Una vez que se convenció a las víctimas de que dieran dinero en efectivo, los “despachadores” del centro de llamadas, incluidos Rodríguez Serrano, Vásquez, Rosario García y Diloné Rodríguez, reclutaron y administraron una red de mensajeros con sede en Estados Unidos para obtener dinero en efectivo de las víctimas ancianas en todo el noreste de Estados Unidos.
Esos mensajeros con base en Estados Unidos, incluidos los cinco acusados en la denuncia, generalmente iban a la casa de las víctimas ancianas para recoger el efectivo, a menudo usando nombres falsos y entregando a las víctimas recibos falsos. Luego, los mensajeros llevaron el dinero a otros miembros de la conspiración, quienes enviaron el dinero de las víctimas a la República Dominicana.
Penas
Si son declarados culpables, los acusados enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo, una multa máxima de $250,000 por cada cargo de fraude postal y electrónico y una multa máxima de $500,000 por cada cargo de lavado de dinero.
El fiscal adjunto Rao se unió al fiscal federal Sellinger, al agente especial a cargo James E. Dennehy de la División Newark del FBI y al agente especial adjunto a cargo McCormack de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York hicieron el anuncio.
HIS, SSA-OIG, NYPD y el FBI están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una asistencia significativa.
Los abogados litigantes Jason Feldman, Joshua Ferrentino y Emily Powers de la División de Protección al Consumidor de la División Civil y la fiscal federal adjunta Carolyn Silane para el distrito de Jersey están a cargo de la acusación en el caso.
NUEVA YORK.- A pesar de los avances, ningún país ha conseguido cerrar las brechas legales entre hombres y mujeres. Aún persisten leyes y prácticas sociales discriminatorias que frenan el progreso de las mujeres y que afectan a cuestiones vitales como el acceso a la propiedad, al mercado laboral o a emprender un negocio, así lo señala ONU Mujeres, que asegura que las «barreras invisibles» impedirán la igualdad económica durante 286 años. Actualmente, solo el 4% de las mujeres del mundo vive en economías que ofrecen una igualdad legal casi plena, según el Banco Mundial.
Esa es la temática principal sobre la que gira este año la 70 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) que se celebra en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Más de 8.000 personas, de gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil, se reúnen para evaluar la agenda de género global.
Muchas de las barreras a las que se enfrentan las mujeres comienzan en el hogar. En América Latina, por ejemplo, en numerosas ocasiones deben buscar la aprobación de sus maridos o familiares varones para tomar decisiones financieras importantes. De hecho, un estudio de CAF muestra que solo el 33% de las mujeres toma decisiones financieras de forma autónoma, comparado con el 48% de los hombres. Y eso sucede cuando, según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL (datos 2024), el 25% de las mujeres en América Latina no cuenta con ingresos monetarios propios, una cifra que contrasta drásticamente con el 10% de los hombres.
Ante este escenario, las soluciones innovadoras en inclusión financiera son una herramienta clave. Según Javier Flores Moreno, director general de la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA), estas restricciones sociales se pueden evitar: ”En República Dominicana concedemos créditos a mujeres rurales sin exigir la titularidad de la tierra (a menudo en manos de hombres) y somos, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la única entidad que aprueba mayores montos a las mujeres y con las mismas condiciones de interés y plazo.
“En un contexto de vulnerabilidades acumuladas e incertidumbre y presiones crecientes, la igualdad entre mujeres y hombres exige mucho más que voluntad: requiere de consensos e instituciones eficaces para transformar sesgos que restringen oportunidades y libertades, y abrir futuros posibles para la resiliencia, la agencia y la prosperidad sin exclusión”, ha señalado en su intervención Michelle Muschett, subsecretaria general de las Naciones Unidas y directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUD).
Según Gloria Reyes, ministra de la Mujer de República Dominicana, “la desigualdad de género no se sostiene solo en brechas legales o económicas; también se alimenta de creencias profundamente arraigadas que siguen asignando a las mujeres la carga del cuidado y limitando su autonomía”. La ministra subrayó además que “ la inclusión económica de las mujeres no se logra con esfuerzos aislados: requiere políticas integrales que conecten inclusión financiera, corresponsabilidad en los cuidados y oportunidades reales para emprender y trabajar”.
Para Mercedes Canalda de Beras-Goico, presidenta ejecutiva de Banco Adopem, “romper los sesgos no es solo un desafío social, es una responsabilidad concreta del sector financiero: debemos diseñar soluciones que atiendan a la realidad de las mujeres y les permitan avanzar con autonomía y oportunidades reales”. La entidad atiende a más de 540,000 emprendedoras que, como Elsa, salen adelante gracias a su esfuerzo y al acompañamiento y acceso a digitalización y a servicios financieros y no financieros (ahorro, microseguros de vida o capacitación) diseñados para que los emprendedores de sectores menos favorecidos puedan progresar y salir de la pobreza. De los emprendedores que consiguen salir de esta situación, 7 de cada 10 son mujeres, y lo logran después de tres años con la entidad.
Un ejemplo de que el emprendimiento ayuda a lograr esa inclusión es la emprendedora dominicana Elsa Gómez que tiene un negocio de demolición y venta de materiales de construcción reciclados en Santo Domingo. Ha contado en la CSW que todavía resulta extraño que una mujer se dedique a este negocio. Banco Adopem, entidad de la FMBBVA, le proporciona financiación y educación financiera para administrar sus recursos. «Lo más importante para mí como mujer es trabajar y luchar cada día para avanzar», ha explicado Elsa, que gracias a su negocio ha pagado su carrera universitaria, la casa de su madre y la educación de sus hijos. Como ella, el 86% de las mujeres en América Latina opta por ser su propia jefa por necesidad.
La FMBBVA atiende a más de 3 millones de emprendedores de escasos recursos, más de la mitad mujeres (1,8 millones), en cinco países de América Latina, entre ellos República Dominicana. Sus datos de desempeño desmienten los prejuicios sobre el riesgo financiero femenino: 7 de cada 10 personas que abandonan la pobreza son mujeres y aunque solicitan montos menores, sus negocios crecen al mismo ritmo que los de los hombres.
NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat anunció la asignación de más de un millón de dólares para apoyar el trabajo de la organización comunitaria We All Really Matter (W.A.R.M.), dedicada a asistir a sobrevivientes de violencia doméstica y fortalecer los servicios para familias vulnerables en el distrito congresual NY-13 de Nueva York.
Los recursos forman parte de más de 14 millones de dólares en fondos federales destinados a proyectos comunitarios gestionados por el legislador, con el objetivo de ampliar programas de apoyo directo, intervención en crisis y acompañamiento a personas que enfrentan situaciones de violencia en el hogar.
Espaillat explicó que «esta inversión ayuda a garantizar que quienes atraviesan una crisis tengan acceso a seguridad, apoyo y un camino claro para reconstruir sus vidas, mientras reforzamos una red comunitaria de protección, dignidad y esperanza para todos».
We All Really Matter es una entidad sin fines de lucro fundada en 2010 por la activista y sobreviviente de violencia doméstica Stephanie McGraw. Ofrece apoyo integral a víctimas y sobrevivientes a través de programas de intervención en crisis, planificación de seguridad, consejería, grupos de apoyo y asistencia para acceder a vivienda de emergencia y otros recursos esenciales.
Además de brindar acompañamiento emocional y social, ayuda a las personas afectadas a navegar procesos legales, acceder a servicios de salud mental y obtener asistencia pública, con el objetivo de que puedan reconstruir sus vidas y alcanzar estabilidad a largo plazo.
jt-am-sp
New York.- El congresista Adriano Espaillat anunció el inicio de un nuevo ciclo de solicitudes de asignaciones presupuestarias.
Ello incluye la financiación de proyectos comunitarios para que las entidades estatales y locales reciban fondos federales directos a través del proceso de Asignaciones Presupuestarias. También incluye financiamiento para solicitudes programáticas y de lenguaje para programas, agencias e iniciativas federales específicas.
El Financiamiento para Proyectos Comunitarios permite a los congresistas destinar fondos del Congreso a sus distritos para atender las necesidades de la comunidad. Este financiamiento es fundamental para apoyar las funciones administrativas y operativas de los grupos elegibles en el distrito.
Las entidades elegibles que pueden solicitar fondos incluyen entidades gubernamentales estatales o locales, así como ciertas organizaciones sin fines de lucro elegibles. No son elegibles los grupos y entidades con fines de lucro. Los proyectos elegibles se desglosan por cada proyecto de ley de gastos.
Las solicitudes generales de asignación programática y de lenguaje permiten que los miembros del Congreso aboguen por programas federales que son importantes para sus distritos.
“Me complace anunciar el inicio oficial del nuevo ciclo de asignaciones presupuestarias. Cada año, el proceso de Financiamiento de Proyectos Comunitarios ayuda a mi oficina a identificar proyectos locales en mi distrito que necesitan fondos y apoyo federal para continuar su labor de apoyo a los constituyentes. Además, las solicitudes generales de asignaciones presupuestarias me ayudan a comprender las necesidades de financiación federal de mis constituyentes”, dijo Espaillat, quien es miembro del influyente Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara de Representantes, encargado de financiar agencias y programas federal.
Agregó que «cada año, espero colaborar con cada uno de los grupos locales para ayudar a identificar proyectos y abordar las necesidades de mi comunidad”.
Para más información, llame a la oficina del congresista Espaillat, al 202-225-4365.